Juan Carlos Machorro, abogado y socio líder de la práctica transaccional de Santamarina y Steta.
El futuro de las energías renovables está en la agenda mundial y debe ser ajeno a agendas políticas locales de corto plazo y de inmediatez electoral.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) emitió recientemente un estudio en el cual señala que, en un contexto de transición, se vuelve necesario incrementar el peso relativo de la energía eléctrica generada a partir de fuentes con baja huella de carbono en la matriz energética de los países y su consecuente reducción del consumo de combustibles fósiles. La política energética impulsada por nuestro gobierno el año 2018 ha tenido como objetivo fortalecer la posición de mercado de Pemex y CFE, mediante un trato diferenciado y preferencial en detrimento del resto de los participantes en los mercados relevantes.
Amén de contradecir la tendencia global y distintos mandamientos y compromisos constitucionales e internacionales, cierran los mercados energéticos a la competencia, mermando la rentabilidad y eficiencia de las mismas empresas del Estado que pretenden fortalecerse.
El estudio del IMCO postula que puede transitarse con éxito de un sector energético anclado en hidrocarburos a un sector competido y una matriz de generación eléctrica diversificada con una menor huella de carbono, siempre y cuando se respete el Estado de Derecho y se genere y mantenga certeza jurídica que promueva un clima propicio de inversión.
En el sector de electricidad, el IMCO propone, entre otras medidas, reanudar el otorgamiento de permisos de generación eléctrica privados, reactivar subastas de largo plazo, ejercer recursos en infraestructura de transmisión y distribución, y priorizar inversiones con recursos públicos en áreas donde la CFE genera utilidades.
Por su parte, en su informe Hoja de Ruta para la Acción Climática en América Latina y el Caribe 2021-2025, el Banco Mundial indica que México y Brasil representan más de la mitad de las emisiones regionales de gases de efecto invernadero generadas por el sector de energía, coincidiendo en que debe mejorarse la infraestructura de transmisión y distribución, diversificarse la generación de electricidad, el almacenamiento y las soluciones de redes inteligentes. Añade el estudio del Banco Mundial que debe evitarse la dependencia de los sistemas que hacen un uso intensivo del carbono y que los países que continúan por la senda de la expansión a corto plazo de las inversiones en tecnologías de combustibles fósiles se enfrentan al riesgo creciente de que las futuras acciones de litigación del cambio climático generen activos varados.
El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, con el apoyo de la Agencia Danesa de Energía, emitió por su parte un estudio relacionado con la adopción de un paquete de acciones de mitigación para reducir emisiones nacionales de gases de efecto invernadero que permitiría a México, además de cumplir con el acuerdo de París, obtener una ganancia de 157.2 miles de millones de dólares, al estimar costos y beneficios de 35 medidas necesarias para hacer efectiva la contribución determinada a nivel nacional de reducir emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Las acciones involucran a los sectores de generación de energía eléctrica, petróleo y gas, transporte, residencial, industrial, agricultura y ganadería, residuos y uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura. Dicho estudio es coincidente, en esencia, con los dos señalados anteriormente y agrega que se requiere, además del aumento en la participación de las energías limpias, complementar el cambio de la matriz energética con el retiro de las 2 tecnologías que más emiten gases de efecto invernadero, es decir, las termoeléctricas convencionales a vapor y las carboeléctricas.
Finalmente, es importante recordar algunas conclusiones a las que arribó en forma contundente en el pasado mes de abril el Laboratorio Nacional de Energías Renovables del Departamento de Energía del Gobierno de los Estados Unidos de América, en un amplio reporte sobre el potencial para el desarrollo de fuentes de energías limpias en México.
En dicho reporte, cuyo contenido no tiene desperdicio alguno, se concluye que las capacidades solar y eólica nacionales tienen el potencial para generar 137 y 15 veces, respectivamente, la demanda total de energía del país para el 2024. Asimismo, se concluye que la región sureste del país cuenta con el potencial para convertirse en el hub más importante de energía limpia del país, con capacidad de enviar energía limpia al resto de la República y exportar energía limpia a Centroamérica.
Todo lo anterior requiere, desde luego, mantener un marco regulatorio legal y un mercado eléctrico que permanezca en sus términos actuales y que sean aplicados en forma equitativa para todos los participantes del mercado, la expansión y modernización de la infraestructura de transmisión y distribución, rescatar programas para el desarrollo de energías renovables (incluyendo la reactivación de subastas de largo plazo), mejoras operativas que integren de mejor manera las energías renovables y la generación a partir de gas natural, destrabar la parálisis administrativa en órganos reguladores, evitar conflictos con las comunidades que hospedan a los proyectos y mejorar la planeación y el involucramiento de los distintos grupos de interés asociados a los mismos y la creación de programas de transporte sustentable que incluyan inversiones en infraestructura de recarga y medidas de integración a la red del sistema.
Los beneficios para nuestro país incluyen la reducción de costos de producción de electricidad, inversiones adicionales en el sector, desarrollo económico nacional y regional a partir de la activación de actividades como la de construcción, la generación de empleos en los sectores de operación y mantenimiento de infraestructura, mejora del acceso a la electricidad y de las condiciones de educación, salud y otros servicios sociales para las comunidades menos favorecidas al menor costo, participación de las comunidades en los proyectos e incremento de la interconexión con Norte y Centroamérica, diversificación en la generación de energía a un número mayor de áreas y regiones del país e incremento en la seguridad energética y la mejora en la calidad del aire y reducción de emisiones a partir del sector eléctrico.
El porvenir del país descansa en optar por un desarrollo sostenible y por el crecimiento económico, resultando fundamental contar con un sector energético eficiente y competitivo anclado en el desarrollo de las energías renovables.