Ángel García-Lascurain Valero, presidente de la Comisión de Negocios y Financiamiento y Presidente del Comité de Actualización del Plan Estratégico de Coparmex.
La sociedad mexicana se encuentra dividida. En los últimos años se ha profundizado la discusión entre los impulsores de la 4T y sus detractores. Cada tema público es debatido enérgicamente y la discusión se ha venido acentuando conforme los resultados, buenos o malos, de la actual administración se han acumulado después de casi 4 años de gestión. En este contexto, el uso de datos que sustenten los argumentos permite justificar los puntos de vista, pero es fundamental revisarlos con objetividad y tener información completa para poder evaluar los resultados reales, sin subjetividades ni preferencias políticas.
Durante septiembre proliferaron en el marco del cuarto informe presidencial opiniones sobre los temas más relevantes en materia económica, política y de desarrollo social. Uno de los más analizados ha sido el crecimiento económico. La recuperación posterior a la etapa más profunda de la pandemia ha estado sustentada principalmente en el avance del consumo privado de los hogares y en la demanda externa. La inversión privada continúa deprimida y la inversión pública tiene una participación relativamente menor.
Dicha recuperación ha sido insuficiente. De acuerdo con datos del INEGI, al segundo trimestre del 2022 el producto interno bruto de México fue 1.7 por ciento inferior al del segundo trimestre del 2019. La mayoría de los países ya superaron el impacto de la pandemia en materia económica, México aún no. El crecimiento acumulado en este sexenio ha sido nulo. Los pronósticos de la mayoría de los analistas para los próximos años muestran tasas de crecimiento menores al 2.0 por ciento, reflejando que nuestro país perdió también capacidad estructural de crecimiento de largo plazo respecto al promedio de los 30 años previos al 2019. Refleja el efecto recesivo de la pandemia, pero también el impacto de políticas públicas desafortunadas que han minado la confianza de los inversionistas y con ello el crecimiento potencial.
En la presentación del informe de gobierno se buscó restar importancia al crecimiento económico argumentando que las políticas sociales son las que importan. No son temas sustitutos, son complementarios. A través de diversos programas sociales el gobierno busca generar condiciones que permiten asegurar el acceso universal al bienestar, particularmente en los grupos poblacionales menos favorecidos, pero primero debe generarse la riqueza para poder distribuirla.
En este contexto, se dieron a conocer recientemente los resultados del Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), que elaboran de manera conjunta el INEGI y el Banco de México y que provee información clave sobre el optimismo o pesimismo en los hogares mexicanos respecto a su situación económica actual y futura. La información se recaba en 32 ciudades localizadas en todas las entidades federativas. Resulta de promediar los indicadores de cinco componentes: la situación económica actual de los miembros del hogar comparada con la de un año antes, la situación económica esperada dentro de 12 meses, la situación económica del país hoy en día, comparada con la de hace 12 meses, la situación económica del país esperada dentro de 12 meses, y las posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar para realizar compras de bienes durables. Si el resultado del promedio se sitúa en los 50 puntos, significa que la expectativa de los consumidores es que su situación permanezca igual. Arriba de los 50 es mejor o mucho mejor y debajo es peor o mucho peor.
En agosto pasado, el ICC se situó en 40.9 puntos, ajustados por estacionalidad, que es el nivel más bajo desde junio del 2018, excluyendo los meses más severos de la pandemia. Llaman la atención los componentes de situación económica del país hoy en día, comparada con la de hace 12 meses en 36.6 puntos y la situación económica del país esperada dentro de 12 meses, respecto a la actual, en 44.4 unidades. Parecería mostrar una percepción de deterioro de la economía y un pesimismo respecto a que pueda mejorar.
En los próximos meses se podrá verificar si se consolida una tendencia que impacte en los niveles de consumo y que pueda afectar aún más las perspectivas de crecimiento económico. Esperemos que sea un factor temporal.
Si el resultado se mantiene, podría ser un indicio de que el impacto de las políticas sociales medidas a nivel más amplio en la población, más allá de los beneficiarios directos de los programas sociales, no estarían evitando un deterioro paulatino de la confianza. Se confirmaría que no hay política social sostenible sin crecimiento económico. Habrá también que ver si un mayor pesimismo de los consumidores tiene incidencia en las preferencias políticas. No hay discurso político que sea sostenible en el largo plazo sin resultados suficientes y palpables para bienestar de la población en general.