La inflación en los alimentos y bebidas se ha mantenido en dos dígitos desde noviembre 2021 y debe contenerse porque afecta más a población más pobre: gastan una mayor proporción de su ingreso en enseres de primera necesidad, compran en porciones y establecimientos donde la mercancía es más cara, enfrentan mayores costos en salud, educación y transporte como proporción de su ingreso.
La solución del gobierno fue sumar al gran empresariado en el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC, 4 de mayo 2022) y en el nuevo Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía (APECIC, 3 de octubre). Sin embargo, siguen sin resolver el problema que se supone que busca atender: bajar la inflación ¿Por qué no funcionan?
Primero, porque de los cuatro anuncios del PACIC (aumentar la oferta de alimentos quitando aranceles a mercancías extranjeras que mayoritariamente no tenían que pagarlos porque México tiene tratados comerciales con 50 países; mantener los precios de la canasta Profeco, que consiste en 24 artículos de primera necesidad de tamaños y presentaciones muy específicas; subsidiar la gasolina y aumentar la seguridad carretera), solo el subsidio a la gasolina tuvo efectos, favoreciendo a quienes tienen coche, y conteniendo temporal, artificial y parcialmente el alza generalizada de precios. Hacienda afirma que tendríamos inflaciones de dos dígitos de no ser por estos subsidios, pero el costo altísimo: 400 mil millones de pesos que pudieron financiar 20 veces el programa de escuelas de tiempo completo con alimentos para el alumnado. La inflación se acaba pagando de una forma o de otra.
El impacto del PACIC en los precios de la canasta Profeco fue minúsculo porque las personas sustituimos lo que compramos: si algo se hace más caro, compro más de otras cosas; si algo se hace barato, consumo más de otros productos. Por eso, ante el aumento del precio del trigo, la tortilla sube, puesto que buscamos sustituir el consumo de pan por algo más asequible… hasta que sube también el sustituto. Cuando algo se hace más barato, no necesariamente consumimos más de eso sino que compramos otra cosa, igualmente deseada, como un pastelillo o un labial.
Además, al mantener el precio de presentaciones específicas (900 gramos de frijol, 2 latas de atún o 18 huevos), no mejora la situación de las familias que enfrentan alzas generalizadas en los precios. Solo seis de los 24 artículos de primera necesidad mantuvieron en la primera mitad de septiembre sus incrementos anuales por debajo de la inflación general: arroz, frijol, azúcar, carne de cerdo, manzana y zanahoria. En contraste, 18 de estos presentaron incrementos mayores, y ni en uno ni en otro caso fue por el PACIC.
Segundo, el APECIC de hace unos días es un acuerdo con un grupo reducido de empresas procesadoras, distribuidoras y comercializadoras de alimentos, particularmente de tortilla, atún, carne de res, cerdo y pollo, huevo y vegetales. El acuerdo busca reducir hasta en 8.0 por ciento el costo de la canasta Profeco por medio de la exención del pago del impuesto de importación y del cumplimiento de permisos y trámites sanitarios y fitozoosanitarios para la importación de sus productos e insumos agropecuarios. ¿Qué podría salir mal?
Para empezar, el APECIC pone muchas de sus baterías en contener la inflación de productos agropecuarios, cuya incidencia en la inflación general es muy menor. Sumado a que la lista de 24 productos no mejora sustantivamente la economía familiar, subsiste el riesgo de que enfermen miles de personas, como ocurrió con la leche radioactiva que en los años 80′s compró el gobierno mexicano. El riesgo para las empresas exentas de las revisiones gubernamentales es el conflicto de interés: al ser juez y parte tendrán incentivos a ocultar errores en su revisión sanitaria. El riesgo para el Estado es que haya consecuencias graves para la salud, el comercio exterior y la seguridad nacional.
En contraste, la oportunidad para diseñar un mecanismo que atienda las ineficiencias de los órganos supervisores, eficiente los procesos y revise las necesidades de importadores, población y agentes comerciales está ahí. Se podrían acreditar certificadores privados con controles y capacitación para no corromperse (Luis de la Calle, Economía de la Extorsión, 2021). El gobierno podría profesionalizar a sus agencias sanitarias y fortalecer a los órganos reguladores. Y para sobrellevar el proceso de transición, se pueden asumir temporalmente como propias las certificaciones de seguridad alimentaria de países europeos, norteamericanos o canadienses.
Entre paquete y acuerdo, no hay muchos elementos que permitan contener la inflación, pero sí muchas oportunidades para mejorar las cosas, una a la vez.