Los cambios experimentados en días recientes en la Secretaría de Economía podrían ser el anuncio de una radicalización en la posición que está adoptando nuestro país en el proceso de consultas al amparo del T-MEC derivado de las políticas aplicadas por esta administración en el sector energético.
Es necesario dejar muy claro que el periodo mínimo de 75 días previsto en el tratado no es una fecha fatal; es decir, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá mantienen intacto el derecho a detonar la instalación de un panel internacional en cualquier momento, sin que sea previsible bajo ningún escenario aparente que vayan a renunciar a ello. Esto, lejos de fortalecer la posición negociadora de nuestro país, la hace más vulnerable y la debilita.
También es necesario dejar en claro que, contrario a lo que en varias ocasiones se ha afirmado por integrantes de esta administración, las inversiones en el sector energético sí se encuentran protegidas y amparadas por el T-MEC y otros tratados y acuerdos comerciales ratificados por nuestro país.
En este sentido, lo que el Dr. Jesús Seade negoció en su momento, haciéndose merecedor por cierto a la Condecoración Miguel Hidalgo en grado de banda, por su “muy destacada su participación en este tratado que ha traído muchos beneficios para México en temas de inversión, sin perder nuestra independencia, ni nuestra soberanía” fue eliminar el texto original del Capítulo Octavo del tratado que sentaba bases modernas de colaboración entre los tres países en el sector energético, privando así a México de los beneficios de dicha cooperación (que los gobiernos canadiense y estadounidense sí suscribieron, por cierto, en un instrumento paralelo).
Lo que también se negoció por parte del equipo de transición comandado por el Dr. Seade fue traer al mencionado capítulo una verdad de Perogrullo, afirmándose en el malogrado texto reformado que México se reservaba su derecho soberano a reformar su Constitución y su legislación interna y mantenía el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos, algo que se incluyera o no en el tratado, resultaba claramente aplicable para los tres países.
Cabe mencionar aquí que, por alguna razón, esta supuesta salvaguarda se limitó al sector de hidrocarburos, omitiendo hacer mención alguna al sector eléctrico.
Finalmente, las negociaciones en el sector a cargo del galardonado ingeniero químico y doctor en economía, mantuvieron intactas todas las obligaciones del Estado mexicano en materia energética precisamente con el alcance de la reforma energética de segunda generación construida en 2013-2014 en la administración del Presidente Peña Nieto.
En otras palabras, como en cualquier tratado comercial, desde luego los países parte mantienen incólume su derecho soberano a reformar su constitución y su legislación interna; sin embargo, si como consecuencia de dicha reforma se violentan compromisos asumidos en el tratado, se presentan consecuencias (sanciones) que pueden aplicarse por los otros Estados parte.
Es también necesario dejar en claro que las prácticas y los actos a cargo de esta administración que de facto y de iure cambian las reglas del juego y privilegian a las Empresas Productivas del Estado afectando derechos adquiridos de los inversionistas estadounidenses y canadienses en el sector, sí constituyen violaciones a compromisos asumidos bajo el tratado.
Es cuestión de tiempo para que la inminente instalación de un panel confirme lo anterior.
Cambiar de interlocutores en la Secretaría de Economía no resulta, a simple vista, lo más sensato a estas alturas del proceso. Si a esto agregamos que es cuando menos posible que los nuevos interlocutores no cuenten con la experiencia de sus antecesores y que, por otra parte, vengan con la encomienda de radicalizar su posición, el panorama es por demás sombrío.
El país es muy distinto al México de 1938 y de 1960.
El futuro de las economías pasa por las energías limpias y la inversión privada. Nuestro país no puede excluirse de dicha realidad.
El autor es abogado socio líder de la práctica transaccional de Santamarina y Steta.