*Juan Manuel Puebla Domínguez y **Humberto Cruz Hernández
Existe una tendencia importante en los contribuyentes personas morales en México por implementar o actualizar sus sistemas de gestión de cumplimiento fiscal y aduanero, para asegurarse de la debida aplicación de las normas jurídicas federales y locales que les conciernen, así como tener una visión integral de su entorno de negocios, de los aspectos corporativos, laborales y del flujo de efectivo.
El cumplimiento de la regulación aduanera cada vez tiene mayor importancia dado que se trata de asegurar que la entrada y la salida de mercancías del país cumple con las normas correspondientes. Además de otros aspectos fundamentales tales como la regulación sobre la clasificación arancelaria, normas de higiene, seguridad nacional, entre otras.
En lo que respecta al cumplimiento fiscal, este es prioritario para las organizaciones y su implementación depende en gran medida de la industria de cada contribuyente y sus obligaciones fiscales registradas ante la autoridad. Y frente a este escenario, las empresas buscan constantemente llevar a cabo procedimientos basados en estándares globales que incluyen el diseño, la creación y la medición de procesos, así como mejores prácticas de otros sectores comparables.
Lo anterior permite identificar y clasificar riesgos, tanto operativos como legales, así como activar mecanismos de control interno enfocados en la prevención, la gestión, el control y la reacción ante el riesgo apoyados en la ética, la integridad, los valores corporativos, la transparencia, la misión, visión y la cultura organizacional, con lo cual incluso se podrán prevenir riesgos relacionados al daño reputacional de la persona moral.
Sin embargo, esta visión de la gestión del cumplimiento debe evolucionar a la par que la regulación tributaria, además de permear en toda la organización con una perspectiva más allá del manejo del riesgo en el marco de la relación jurídico-tributaria, y brindar a la empresa los recursos necesarios para hacer frente a una posible revisión por parte de la autoridad fiscal en el ejercicio de sus facultades de comprobación.
Este nuevo enfoque, aunado al manejo y control del riesgo al interior de la organización, debe asegurar el debido registro contable, la obtención y el resguardo de la documentación comprobatoria de cada uno de los actos o actividades, el análisis y confiabilidad del expediente fiscal, la razón de negocios en las operaciones, materialidad, seguridad de la información, análisis de la información emitida y recibida en comprobantes fiscales, calidad y consistencia de la información reportada ante las autoridades fiscales, tanto en declaraciones de contribuciones, declaraciones informativas, avisos, solicitudes de autorización y papeles de trabajo de cálculos fiscales.
Lo anterior debe ir completamente alineado a la realidad regulatoria actual, en la que, en ciertos casos, además de exhibir la información contable o el soporte del comprobante fiscal, también se debe acreditar la materialidad que muestre la realidad de las operaciones que se hayan celebrado, destacando que la autoridad tributaria puede presumir y considerar la inexistencia de actos jurídicos para efectos fiscales.
Conforme a las nuevas disposiciones en materia tributaria, se pueden actualizar supuestos de simulación de los actos jurídicos que realicen los contribuyentes con sus partes relacionadas, por ello, la debida gestión del cumplimiento es clave para demostrar que dichos actos efectivamente fueron realizados y se reconocieron sus respectivos efectos fiscales.
En resumen, los contribuyentes deben adaptarse rápidamente a los procesos aplicables para fiscalizar las operaciones de la empresa en materia fiscal y aduanera, incluido el uso de la tecnología. Es indispensable evolucionar a un sistema de gestión de cumplimiento fiscal y aduanero que incorpore estándares mundiales que permitan mitigar riesgos, mejorar prácticas internas y fortalecer códigos de ética y conducta en la organización.
La ausencia de un adecuado sistema de gestión de cumplimiento fiscal representa un desafío importante para la continuidad del negocio, sobre todo ante potenciales sanciones y riesgos en materia fiscal.
*Juan Manuel Puebla Domínguez es socio de Impuestos Corporativos, EY México y **Humberto Cruz Hernández es Associate Partner de Reporte y Cumplimiento, EY México