Vicepresidente de Estado de Derecho, Seguridad y Justicia de Coparmex
El gobierno federal ya presentó su paquete económico, como lo habrán escuchado, este presupuesto de ingresos y egresos considera un crecimiento del PIB del 3.0 por ciento. Existe en el Ejecutivo Federal un optimismo milagroso que se propone, sin sustento y, trae en jaque a las tesorerías estatales.
Como recordarán debido a la coordinación fiscal pactada entre los estados y el gobierno federal, a cambio de no cobrar impuestos locales en donde ya existen impuestos federales, del 100 por ciento de la recaudación general, se distribuye entre todas las entidades federativas solo el 20 por ciento, tomando en consideración, mediante una formula obsoleta, población y esfuerzos en recaudación de impuestos federales. El 80 por ciento del ingreso se ejerce como y cuando lo decida el gobierno federal.
Para el 2023, en teoría (si hay el ingreso) el gasto federalizado será de 2.4 billones de pesos, un monto 9.9 por ciento mayor a lo aprobado para el 2022 y es equivalente al 7.7 por ciento del PIB, aun así, sería menor a los niveles de prepandemia. En términos per cápita, los mayores receptores de recursos serán la Ciudad de México, Campeche y Colima, y por el contrario los que menos recursos per cápita obtendrán serán el Estado de México, Puebla y Guanajuato.
Para una entidad federativa el gasto federalizado representa típicamente el 85 por ciento de sus ingresos y para un municipio de entre 75 por ciento al 90 por ciento de sus ingresos, y la tendencia observada entre los años 2018 a 2021 ha mostrado una tendencia a la baja. Una entidad federativa determina su presupuesto local, tomando como base la posible recaudación federal, pero sabiendo la irresponsable forma en que se determinó este presupuesto de ingresos, ¿qué secretario de Hacienda estatal sensato hará su presupuesto local sobre un ingreso que no percibirá? Estableciendo además un presupuesto de gasto público para el que no tendrá recursos.
¿Qué significa todo lo anterior? Los estados tendrán escasos recursos para obras e infraestructura, que es precisamente en lo que la población quiere ver reflejados sus impuestos: en hospitales, escuelas, agua, drenaje y alcantarillado, pavimentación, seguridad, puentes, iluminación, etc.
El gobierno federal empina a las entidades federativas y, por tanto, a ellas solo le quedarán dos recursos, endeudarse más o aumentar o crear nuevos impuestos locales. Recientemente el Estado de Chihuahua incrementó su impuesto sobre nómina del 3.0 por ciento al 4.0 por ciento, será inevitable que las demás entidades federativas hagan lo mismo.
No sobra decir que ya no hay mucho margen de endeudamiento para los estados, según el IMCO al cuarto trimestre de 2021, del total de la deuda subnacional, el 94 por ciento se concentra en los gobiernos estatales, mientras que los municipios representan un 6.0 por ciento del total, y las cuatro entidades con el mayor saldo de deuda pública son la Ciudad de México (94.5 mil millones de pesos), Nuevo León (87.1 mil millones), Estado de México (59.2 mil millones) y Chihuahua (51.9 mil millones de pesos). Por eso el camino del incremento o creación de nuevos impuestos será quizá el único camino que tengan.
El autor Eric Frattini dijo que “la política es el arte de obtener el dinero de los ricos y el voto de los pobres, con el pretexto de proteger a los unos de los otros”, alguien se aprendió bien esta frase.
Termino como empecé, pobres de todos nosotros, habitantes todos en entidades federativas, empujados por un gobierno federal empecinado en malgastar, y que solo le interesa y se concentra en el gasto electorero, ese que compra conciencias y votos por necesidad y por hambre, pero desatiende y descuida los temas de fondo, como la educación, seguridad y salud, así como la generación de empleo, la inversión productiva y el crecimiento económico, y que en esencia debieran ser atendidos por las entidades federativas quienes son los que más saben en qué debiere gastarse el recurso público, por el contacto directo que tienen de sus necesidades. Se requiere urgente un nuevo pacto fiscal, un nuevo y renovado sistema nacional de coordinación fiscal, en donde se privilegie los esfuerzos de generación de riqueza y ciertamente un sentido de solidaridad común con las entidades federativas más vulnerables. #OpiniónCoparmex