Óscar Mario Beteta
Con múltiples factores en juego y actores de la sucesión desesperados, el ambiente político-electoral para 2024 tenderá a enrarecerse.
El domingo próximo será uno de esos pocos días en que una parte importante de la sociedad expresará al gobierno su oposición a una decisión crucial para todos. Será la oportunidad para saber si está dispuesto a escuchar o si se mantiene inamovible en la búsqueda de sus objetivos.
Así, es previsible que, por segunda vez en cien días, salgan a las calles del país cientos de miles de personas para reiterar la consigna de que el INE no se toca.
Es altamente probable que el 26 de febrero, las manifestaciones para salvar y salvaguardar la democracia sean mucho más numerosas que las del pasado 13 de noviembre. Se estima que se extenderán a unas ochenta ciudades de México y del extranjero.
Es seguro que la convocatoria, que parte de decenas de colectivos, concite a personas de todos los estratos sociales, credos, ideologías y condiciones económicas.
Estas concentraciones tendrán la virtud de no ser convocadas por líderes y/o partidos políticos, que son amplia y ostensiblemente repudiados.
Como ocurrió el año pasado, quienes participen en este acto, lo harán por su cuenta, por voluntad propia.
Será una genuina expresión colectiva de razón y de conciencia. Son personas con educación, cultura y determinación, empeñadas en que la situación del país, su democracia, se mejoren.
Lo que miles de ciudadanos expresarán dentro de 48 horas en todos los tonos —se espera que en orden y con respeto— a quienes gobiernan, es que no se cambie la estructura y funciones del Instituto ni del Tribunal Electoral.
Lo que buscan, además, y es absolutamente incuestionable, es que se supere el ambiente de conflictividad que no da tregua a nadie, que no deja vivir en paz a nadie.
Dejar la reforma para mejor ocasión, como sugieren estudiosos y especialistas, permitiría superar el insoportable clima de pugnacidad que a todos asfixia. En la democracia, escuchar es obligado.
Pero como esa no es ni una lejana posibilidad, las decisiones legislativas en materia electoral; es decir, el Plan B que ya está aprobado, serán materia de estudio y dictamen de la Suprema Corte.
Sea cual fuere su sentencia sobre la inconstitucionalidad o validez a la que será sometida esa legislación, producirá inconformidad de una de las partes.
La decisión del ministro Alberto Pérez Dayán de que no se apliquen dos de las reformas del Plan B en las elecciones de los estados de México y Coahuila, podría ser un patrón para las que aprobó el Senado el miércoles pasado.
Pero aun con ese y otros factores en juego, y con actores de la sucesión desesperados, el ambiente político-electoral para 2024, tenderá a enrarecerse a cada momento.
Los complicados escenarios que de eso empiezan a prefigurarse, no dejan de ser preocupantes.
Sotto Voce.– Genaro García Luna es culpable. El gobierno lo celebra. Y encuentra la oportunidad para cargar contra Felipe Calderón quien, desde el inicio y durante todo su sexenio, le otorgó toda su confianza y apoyo. Con todo y todo, la mayoría de los especialistas consideran que no existen elementos para llamar a cuentas al expresidente ni allá ni acá… El pastel de inversión que Elon Musk quiere ubicar en México con su firma automotriz, sigue despertando la codicia entre los mandatarios estatales. Empero, el que ha mantenido prudencia y discreción sobre el tema, es Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo. En esa entidad, es donde finalmente podría instalarse la armadora, con todos los beneficios que de ello derivarían para miles de personas... Buen indicador de la política exterior mexicana, que el presidente haya ofrecido asilo y nacionalidad a las víctimas del tirano nicaragüense, Daniel Ortega, sin calificar “su estilo” de ejercer su poder absoluto.