La economía mexicana está mostrando resultados muy diversos que reflejan el impacto de realidades contrastantes, derivadas de múltiples factores de incidencia, internacionales, nacionales y regionales. Por un lado, vemos un auge en la inversión directa vinculada principalmente a las actividades ligadas con las exportaciones. Tan solo entre noviembre pasado y enero, México atrajo inversiones derivadas del nearshoring por 2.3 mil millones de dólares, de acuerdo con un informe del banco Credit Suisse.
La mayor parte se ha concentrado en el corredor industrial de Monterrey y Saltillo, en Coahuila y Ciudad Juárez, el Bajío y en la Ciudad de México. Por su parte, el BID estima que el nearshoring podría sumar más de 35 mil millones de dólares a las exportaciones mexicanas. La Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) informó que nuestro país atrajo a cerca de 100 empresas canadienses, chinas, coreanas y japonesas.
No hay espacio disponible en el norte del país para rentar plantas industriales. Invertir en México se ha vuelto una oportunidad que favorece la reducción de costos logísticos y de tiempos de entrega de las empresas extranjeras para acceder al mercado estadounidense, en una coyuntura de severo encarecimiento de las cadenas globales de suministro y de distanciamiento comercial entre Estados Unidos y China.
Es una oportunidad histórica que bien aprovechada, podría apuntalar en México un crecimiento económico mayor y sostenido por un período prolongado. Por otro lado, el PIB registró un avance anual del 3.1% en 2022, un resultado que sorprendió a muchos analistas dado que se dio en un entorno de elevación de tasas de interés y en un año en el que la economía estadounidense no creció durante varios meses. Indica principalmente una recuperación tras la caída por la pandemia. No obstante, el crecimiento acumulado desde el último trimestre del 2018 es de tan solo 3.6%, lo que indica un crecimiento promedio anual inferior al 1% a lo largo del sexenio, que se explica en buena medida por la debilidad de la inversión fija bruta, la cual llegó al final de 2022 a un nivel apenas 1.5% superior al registrado en diciembre de 2018. Este crecimiento tan modesto ha reflejado principalmente un entorno general de cautela de la inversión privada respecto a las políticas públicas a lo largo del sexenio.
A pesar del bajo crecimiento económico acumulado, el empleo se ha mantenido sólido. Al cuarto trimestre de 2022 la población ocupada llegó a 58.3 millones de personas, una recuperación de más de 7.5 millones desde la etapa más profunda de la pandemia. El consumo privado también se ha mantenido. En diciembre pasado aumentó 3.8% anual. Las remesas han jugado un papel crecientemente importante. Los migrantes mexicanos han realizado un mayor esfuerzo por apoyar a sus familiares en el país. En 2022 el valor de los ingresos por remesas fue de 58.5 mil millones de dólares, un avance anual de 13.4%, de acuerdo con Banxico. A pesar de la preservación del empleo y de los programas sociales que se han implementado, la pobreza laboral se sitúa en niveles similares a los del 2019, de acuerdo con el Coneval.
Más grave aún, entre 2018 y 2020 se observó un incremento en el porcentaje de población en situación de pobreza al pasar de 41.9 a 43.9%, situación que habría sido agravada por la pandemia y por el aumento de la inflación. En este marco económico de claroscuros, podemos ver que la posición geoestratégica de México y la competitividad e integración de nuestra economía hacia los flujos globales de comercio e inversión, han permitido reducir el impacto de políticas públicas que han sido ineficaces para promover un mayor crecimiento económico y disminuir la pobreza. Imaginemos el potencial de crecimiento, de generación de riqueza y las posibilidades para reducir las desigualdades si se implementa en México, en las actuales circunstancias globales, un modelo de desarrollo inclusivo que fomente la inversión a gran escala, que una a los mexicanos en torno de objetivos comunes, que respete al Estado de derecho y la estabilidad democrática, que privilegie el desarrollo y la libertad por encima de los intereses políticos partidarios y personales.