En comercio internacional, la semana inicia en un entorno de incertidumbre derivado de la posibilidad de que Estados Unidos envíe un ultimátum al gobierno mexicano buscando resolver la disputa sobre temas de energía, iniciada formalmente el pasado 20 de julio, como lo informó Reuters. La especulación ha aumentado luego de los pocos detalles que se han conocido sobre el progreso de las conversaciones entre la Secretaría de Economía, el Ministerio de Comercio Internacional de Canadá y el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), quien estará esta semana en Filipinas y Japón para continuar las negociaciones sobre el Marco Económico Indo-Pacífico y afinar detalles relacionados con las recientes negociaciones que dieron acceso a Japón a los beneficios que otorga la Ley para la Reducción de la Inflación por la fabricación de autos eléctricos. El texto de estos cambios se publica hoy en el Federal Register.
Además, la compra que realizó el gobierno mexicano por 13 plantas de Iberdrola no ayudó a las negociaciones y reafirma el malestar entre el gobierno de Estados Unidos y Canadá. Y no pasó desapercibida la iniciativa de ley publicada en la Gaceta Parlamentaria del 28 de marzo, en la que el gobierno mexicano plantea limitar el pago de indemnizaciones derivadas de procedimientos jurisdiccionales o arbitrales, nacionales y extranjeros, lo que en sí representa una violación al T-MEC y a los tratados comerciales que México ha firmado que contienen un capítulo sobre inversión, como el Acuerdo Trans-Pacífico o el tratado con la Unión Europea. Diversas estimaciones consideran que México tendría que pagar solamente a Estados Unidos, entre 10 mil y 30 mil millones de dólares por concepto de esta controversia.
Por su parte, el Congreso de Estados Unidos regresa al Capitolio, luego de un receso de dos semanas, con la prioridad de analizar el presupuesto para el próximo ejercicio fiscal, que inicia el primero de octubre. Para ello, los comités de ambas cámaras realizarán diversas audiencias, entre ellos el Comité de Agricultura del Senado, de donde se espera que haya alguna declaración sobre la disputa con México este jueves.
El pasado miércoles, el senador John Boozman (Arkansas) –el republicano de mayor jerarquía en el Comité de Agricultura del Senado– visitó a sus colegas de Iowa, los republicanos Chuck Grassley y Joni Ernst, quienes también son miembros del mismo comité y que han encabezado en el Senado la petición ante el USTR de solicitar la creación de un panel para resolver el problema del maíz transgénico. El senador Grassley le dijo a la embajadora Tai durante su comparecencia ante el Comité de Finanzas el 23 de marzo, que esperaba que el pasado 7 de abril se hubiera anunciado la solicitud del panel, luego de que el 5 de abril era la fecha límite para realizar una reunión con México para evaluar la posibilidad de continuar con las consultas y que se oponía a que éstas continuaran de manera indefinida. Por su parte, el vocero del USTR declaró ese 7 de abril que la reunión se había realizado la semana anterior y que las consultas con México continuarían –se pueden extender hasta el 2 de septiembre– y que no esperaba hacer declaraciones adicionales en un “futuro cercano.”
Mientras que los detractores del T-MEC señalan estas controversias como evidencia de que el acuerdo no es bueno para México y que atenta en contra de nuestra soberanía, prescindir del tratado nos dejaría en una situación de indefensión ante nuestro principal socio comercial, donde volveríamos a depender únicamente del criterio de las autoridades estadounidenses. Y como ejemplo está el caso de la protección a la vaquita marina y a la totoaba.
El viernes 7 de abril, a petición de varios grupos ambientalistas encabezados por el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, el Departamento del Interior accedió a analizar si México ha llevado a cabo las acciones necesarias para proteger a la vaquita marina y controlar la pesca de totoaba, luego que el tema es parte del T-MEC y el USTR lo ha ignorado por casi una década. En caso de que el resultado sea negativo, Estados Unidos podrá aplicar sanciones comerciales y detener nuestras exportaciones para compensar el daño generado, de acuerdo a la enmienda Pelly. La decisión se conocerá el 19 de mayo y las posibles sanciones antes del 2 de agosto. La industria atunera recordará la monserga que fue terminar el embargo de más de una década en contra de nuestras exportaciones en los 90, cuando la decisión no dependía del USTR.
Jorge Molina Larrondo es consultor en políticas públicas y comercio exterior