Consultor en Políticas Públicas y Comercio Exterior
Me preocupó que en el comunicado emitido por la Secretaría de Economía el pasado 2 de junio, luego de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) solicitara esa mañana iniciar consultas de tipo jurídico, en base al capítulo 31 del TMEC para solucionar el problema relacionado con el maíz transgénico, no se mencionen los motivos de las consultas. La petición del USTR solicita específicamente que el gobierno mexicano explique las bases científicas que apoyen el decreto del 13 de febrero que restringe la importación de maíz proveniente de Estados Unidos –de acuerdo al artículo 6 del capítulo 9 del TMEC–, así como los argumentos que justifiquen que las restricciones generadas por este decreto no contravienen el artículo 11 del capítulo 2 del tratado ni tampoco al artículo 11 del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (conocido como GATT), citado en ese artículo.
A la distancia, parecería que las autoridades mexicanas confían que el gobierno del presidente Biden no hará nada sobre este tema, a cambio de que México siga manteniendo los controles que ha implementado para mitigar el flujo de inmigrantes que cruzan su territorio en busca de llegar a suelo estadounidense. La Casa Blanca dijo que en la Cumbre de Líderes de América del Norte del 10 de enero, que le pidieron a México presentar los argumentos científicos que apoyan las medidas contra las importaciones de maíz transgénico, luego de que no se habían atendido otras solicitudes. El USTR pudo haber solicitado el inicio de estas consultas desde el 6 de abril e incluso el secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, declaró que el tema estaba solucionado. Sin embargo, en temas comerciales, el Congreso y otras dependencias –además del USTR–, pueden establecer medidas y sanciones internacionales.
La solicitud del USTR para iniciar consultas jurídicas fue también en respuesta a la carta que recibió el día anterior la Embajadora Katherine Tai, de parte de un grupo de 62 legisladores republicanos que representan más de 20 importantes estados productores y exportadores de maíz. Los firmantes incluyen al presidente y a otros 15 miembros del Comité de Medios y Procedimientos –el comité responsable de los tratados comerciales en la Cámara Baja–, así como a otros 16 miembros del Comité de Agricultura, los dos comités que están monitoreando el tema en la Cámara de Representantes.
Cabe destacar que cinco de los firmantes de esta carta, todos ellos miembros del Comité de Medios y Procedimientos, se entrevistaron personalmente con el presidente López Obrador y con la secretaria Buenrostro el 13 de marzo en Palacio Nacional: Jason Smith (Missouri), que preside el comité, Michelle Fischbach (Minnesota), Beth Van Duyne (Texas), Mike Carey (Ohio) y Kelly Armstrong (Dakota del Norte). De acuerdo con la oficina de prensa de los Representantes Smith, Fischbach y Carey, la delegación tocó el tema del maíz transgénico con el presidente.
La carta del 1 de junio también pone sobre la mesa la necesidad que tiene el Congreso de Estados Unidos de finalizar la Ley Agraria del 2023 –conocida en inglés como Farm Bill–, pues la vigente expira el 30 de septiembre. Más que una sola ley, el Farm Bill es un paquete legislativo que se genera cada cinco años y que determina qué, cómo y cuánto se cosecha. Es el principal instrumento de política pública agrícola y alimentaria, que incluye apoyos a las exportaciones, seguros, programas de apoyo a los agricultores con problemas financieros, etc., por lo que su aprobación no puede posponerse.
Aunque el USTR ha arrastrado los pies desde noviembre, cuando recibió la primera carta de los senadores de Iowa –el principal estado productor de maíz–, Chuck Grassley y Joni Ernst solicitando el inicio de consultas, existe un apoyo general para solucionar este problema a la brevedad posible. México es el segundo destino más importante de las exportaciones de maíz de Estados Unidos. En 2022, México importó 15.5 millones de toneladas, generando 4 mil 920 millones de dólares, o el 26.4 por ciento de las exportaciones totales de maíz, el producto agrícola de exportación más importante de ese país. De ahí que la solución del problema a las exportaciones de maíz hacia México resulta indispensable para concluir el Farm Bill 2023.
La postura dura de México hace dudar sobre la resolución del problema. Si hay argumentos científicos en contra de las importaciones del maíz transgénico, ¿Por qué no se han presentado? ¿Qué dirá la secretaria Buenrostro en su visita a Ottawa? ¿Y una visita al Capitolio?