Patricia Vázquez del Mercado, Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Primero
Bien dicen que si uno quiere ver la importancia que tiene la educación en las agendas públicas de un país, basta con visitar las escuelas públicas. Los últimos días hemos vivido fuertes olas de calor que han forzado a las autoridades educativas a adelantar el cierre del ciclo escolar, a suspender clases o en su caso a regresar a las clases a distancia. Sí, seguiremos siendo testigos de los enormes retos ambientales a nivel global y en México, y es un buen momento para recordar la enorme deuda y el importante vacío institucional que hay en materia de infraestructura educativa en el país y su impacto en los aprendizajes de las y los estudiantes.
Es conocido que la infraestructura educativa desempeña un papel fundamental en el desarrollo de una educación de calidad. Diversas investigaciones infieren que a medida que la evaluación ambiental de estudiantes sobre su aula y su escuela es favorable o positiva, aumenta la probabilidad de lograr un mejor rendimiento académico. Un entorno seguro, limpio y bien equipado fomenta la concentración, la motivación y el compromiso de los estudiantes.
En México, a lo largo de los años, ha habido esfuerzos para mejorar las instalaciones escolares y brindar un entorno propicio para el aprendizaje. Sin embargo, aún existen desafíos significativos que requieren una atención constante y una inversión adecuada. La falta de mantenimiento y la obsolescencia de las instalaciones a lo largo y ancho del país, ponen ya en peligro la seguridad de niñas, niños, adolescentes y sus docentes, y con condiciones adversas del clima es aún más riesgoso para toda la comunidad educativa. Las gestiones de los directivos de las escuelas para instalar techados en espacios al aire libre, dignificar sanitarios y colocar bebederos de agua potable para consumo son un común denominador en todas las entidades.
Con base en la información pública disponible en el documento “Principales cifras del Sistema educativo de los Estados Unidos Mexicanos” de los últimos tres ciclos escolares, existen avances muy marginales en la infraestructura escolar; por ejemplo:
• Del ciclo escolar 2018–2019 al 2021–2022 disminuyeron las escuelas que cuentan con sanitarios independientes en un 2.4 por ciento y la conexión a internet en 7.9 por ciento.
• Del ciclo escolar 2018–2019 al 2021–2022 las escuelas que cuentan con lavabo de manos aumentaron en 14.9 por ciento, con sanitarios mixtos 10.2 por ciento, con agua potable 5.3 por ciento, y con electricidad un 4.3 por ciento.
De acuerdo con MejorEdu (2022), durante el ciclo escolar 2020–2021 solo 61.7 por ciento de las primarias y 65.5 por ciento de las secundarias del país contaban con los 4 servicios básicos (electricidad, agua potable, lavado de manos y sanitarios); en esa misma condición se encontraba 62.8 por ciento de los planteles de educación media superior. Es decir, una tercera parte de los centros de los tres niveles careció, al menos, de un servicio indispensable para una operación adecuada.
La reducción en la brecha de infraestructura básica no corresponde con el gasto federal de los últimos años. En ese mismo lapso la inversión federal en infraestructura realizada a través de los programas que administra todavía el INIFED han decrecido en casi 78 por ciento, mientras que la inversión realizada a través del programa de transferencia de recursos directo a las comunidades con el programa la Escuela es Nuestra han crecido más de 2 mil 900 por ciento. Y a pesar de esto, aún no tenemos evidencia de que las transferencias garanticen que los estudiantes permanezcan en la escuela, aprendan más y mejor, y tengan las condiciones adecuadas para su pleno desarrollo.
Se requiere una inversión significativa en el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura educativa en México. Existen probados modelos de coparticipación del sector privado, sociedad civil y el gobierno en todos sus niveles para la obtención de recursos. Esto implica no solo la construcción de nuevas instalaciones, sino también la renovación y modernización de las existentes.
Pero se debe contar con un enfoque integral que considere la planificación adecuada, el diseño sostenible y la participación de la comunidad educativa. Las necesidades y opiniones de los estudiantes, los docentes y las familias deben tomarse en cuenta para garantizar que las inversiones se ajusten a las necesidades reales y mejoren la calidad de la educación.
La mejora de la infraestructura educativa no solo tiene beneficios inmediatos, sino también a largo plazo. Un entorno educativo de calidad estimula el interés por el aprendizaje, promueve la permanencia y reduce la desigualdad educativa. Además, una infraestructura adecuada puede atraer y retener a docentes, mejorando la calidad de la enseñanza.
La inversión en infraestructura educativa es una inversión en el presente y el futuro de México. Al mejorar las instalaciones escolares, estamos proporcionando a los estudiantes un entorno propicio para aprender y desarrollarse plenamente. Es y debe ser este un tema urgente y prioritario en la agenda de la elaboración del presupuesto en el siguiente periodo de sesiones en la Cámara de Diputados.