El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es una pieza clave para que las autoridades transparenten sus acciones y, en esta línea, contribuye a erradicar la corrupción y también a mejorar los resultados del país en las evaluaciones nacionales e internacionales. Por ello, también conviene a las propias autoridades que funcione debidamente: porque representa una oportunidad para recuperar la confianza de sus gobernados y la de otras naciones, con quienes estamos obligados a trabajar.
Desde 1989, el International Institute for Management Development (IMD por sus siglas en inglés) publica el Ranking Mundial de Competitividad que ofrece análisis comparativos y clasifica el desempeño de los Estados por crear mejores ambientes económicos y jurídicos a largo plazo. Este organismo especializado entiende a la competitividad como la capacidad de un país para mejorar las condiciones, para atraer inversión frente al panorama que ofrecen otras naciones, lo cual crea fuentes de empleo y mejora los servicios para los habitantes.
Publicado recientemente, los últimos resultados no son buenos para México, que se ubicó en el lugar 56 de 64 países contemplados, lo que representa un retroceso respecto a los resultados de 2022, cuando se ubicó en el 55. Entre las recomendaciones realizadas a México para mejorar su índice de competitividad destacan fortalecer su sistema de justicia, reducir la incertidumbre para los inversores, mayor seguridad y democracia.
El informe se realiza a partir de más de 300 criterios seleccionados de fuentes internacionales de información, registros públicos nacionales, agencias gubernamentales y literatura económica de alta especialidad, por lo que, para su elaboración es indispensable garantizar el acceso a información pública de calidad.
Por ello, la transparencia, entendida no solo como la capacidad de las administraciones para generar información clara, comprensible y veraz, sino también ponerla a disposición de quienes quieran conocerla, es una cualidad que pesa significativamente en el nivel de competitividad que alcanzan las naciones.
Los gobiernos, sean del color que sean, no tienden de manera natural a la transparencia y esto, más allá de cualquier implicación en posibles hechos de corrupción, obedece fundamentalmente a que requieren la menor cantidad de controles posibles para avanzar su agenda. Por ello, no basta solo con apostar en la transparencia de las instituciones, sino que se hace indispensable contar con organismos que nos permitan exigir gobiernos cada vez más transparentes.
Lamentablemente, en el contexto actual, esto no es posible porque, desde hace 95 días, el INAI enfrenta una parálisis parcial ocasionada por una serie de omisiones del Senado de la República que le impiden sesionar por falta de quorum.
Desde entonces, las y el comisionado del INAI hemos estado impedidos para realizar 12 sesiones de Pleno y resolver 6 mil 627 medios de impugnación interpuestos por la sociedad. La imposibilidad para realizar nuestro trabajo sustantivo es un ejemplo del debilitamiento de las instituciones porque, en este caso, hace imposible la garantía de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, lo cual afecta la transparencia, la rendición de cuentas y la aplicación de la ley.
Que en el Instituto podamos sesionar con normalidad para resolver los recursos de la población ante la negativa de las autoridades para brindar información es mucho más que un trámite. Significa en realidad que el país ha dado los pasos necesarios para respetar el equilibrio de poderes establecido en la Constitución que hace de los órganos autónomos, como el INAI, una institución fundamental en nuestro sistema democrático y en el robustecimiento del Estado de derecho, ambos pilares de la competitividad.
La autora es comisionada del INAI.