Sergio M. Alcocer*
La expansión del uso del internet ha permitido acceder a una inmensa cantidad de información en cualquier momento y han simplificado tareas a un sector de la población. En México, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, ENDUTIH 2020, hay 84.1 millones de personas usuarias de internet, lo que representa 72 por ciento de la población de seis años y más. Este mundo de conexiones hace posible interactuar con nuestros gobiernos de manera digital y pensar en evolucionar hacia la gobernanza digital, sin embargo, mientras que esto abre las posibilidades para algunos grupos sociales, las brechas pueden ensancharse para otros.
En términos generales, la gobernanza se refiere al proceso mediante el cual las instituciones públicas dirigen los asuntos públicos, gestionan los recursos comunes y garantizan el ejercicio de los derechos humanos. Así, la gobernanza digital busca facilitar este proceso mediante la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Para esto, además de diseñar una estrategia nacional gubernamental de transformación digital, ha de buscarse que toda la población tenga acceso a internet, que las plataformas sean accesibles para distintos grupos sociales y que se contemplen las necesidades de mecanismos de ciberseguridad para proteger los datos personales y la propia infraestructura gubernamental.
Sin embargo, si bien el número de usuarios de internet en nuestro país se incrementa con velocidad, su uso sigue siendo un fenómeno urbano. Mientras 78.3 por ciento de las personas en el ámbito urbano son usuarias de este servicio, en el rural únicamente 50.4 por ciento de la población es usuaria. Cabe resaltar que 60.6 por ciento de los hogares mexicanos cuentan con acceso a internet y 44.2 por ciento tienen computadora, lo que está directamente relacionado con el poder adquisitivo de las familias.
Según un informe del INEGI, la gobernanza se ubica como la tercera prioridad más importante a nivel mundial, sólo por debajo de la salud y la educación. La ciudadanía espera de los gobiernos efectividad para crear empleos y proveer servicios públicos.
Pero la brecha no existe únicamente entre el campo y la ciudad, también está presente entre otros grupos poblacionales y la falta de accesibilidad afecta a grupos de atención prioritaria, tal como lo vimos durante la pandemia; pues, si bien ésta fue un catalizador que obligó a las personas a adoptar las TIC de manera más rápida, también vulneró los derechos de niñas, niños y adolescentes que se vieron forzados a dejar la escuela por no contar con los medios necesarios para migrar al formato virtual y dejó a muchos adultos sin posibilidad de adaptarse al trabajo desde casa.
Aunque contar con acceso a las TIC puede ser una ventaja para evolucionar hacia una gobernanza digital, también puede vulnerar derechos, ya que en la medida en que las tecnologías evolucionan, las amenazas a la seguridad cibernética también lo hacen, así como las dimensiones que puede alcanzar el problema de la corrupción. Sin embargo, las tecnologías deben también jugar un papel relevante para combatirla.
La conectividad debe ser un factor que ayude a cerrar brechas, no a crear nuevas. Debe acercar la educación, la salud, la cultura y el desarrollo económico, al tiempo que se fortalece la gobernanza. Es a través de una gobernanza sólida, transparente y participativa que se pueden abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades que enfrenta el país al interior y al exterior, construyendo una sociedad más equitativa, justa, incluyente y próspera.
*El autor es investigador del Instituto de Ingeniería, UNAM. Presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI.