En días recientes, hemos sido testigos de acusaciones públicas por parte del ejecutivo hacia jueces y un ministro de la Corte, poniendo en duda ante la opinión pública la integridad y funcionalidad del Poder Judicial. Estas acusaciones, más que aclarar dudas, generan preocupación en el sector privado, que busca ante todo certeza jurídica, condición necesaria para el crecimiento y el bienestar de la sociedad.
Nuestra democracia, o tal vez “la” democracia, se fundamenta en la división de poderes. Cada rama tiene funciones esenciales, la independencia del Poder Judicial es un faro de certeza. Esta independencia garantiza que las controversias, en especial las fiscales, se resuelvan con imparcialidad, basándose en los principios de derecho, además de la letra y el espíritu de la norma.
La división de poderes tiene por finalidad evitar abusos y arbitrariedades, o como decía Montesquieu “evitar la tiranía”, en este sentido Madison consideraba que con la separación cada poder podía frenar a otro para evitar abusos y proteger los derechos individuales. Ahí es donde radica la importancia de la independencia judicial, de manera que las personas juzgadoras decidan las controversias sin presiones o injerencias externas.
Esta independencia cobra más importancia cuando se trata de juicios entre un ciudadano y el gobierno, en estas contiendas la igualdad es esencial para que la persona juzgadora decida de acuerdo al derecho y sus principios, y no por presiones que ejerce el poder público para lograr una resolución favorable, misma que solamente se puede construir si le asiste la razón, y si quien representa al gobierno en el juicio puede argumentar y demostrar esa razón, no puede, no debe ser de otra manera. Es en el terreno jurídico y no en el político, donde se deben construir las soluciones, siempre apegadas a derecho.
La politización de la justicia, o la percepción de ella, erosiona la confianza en nuestras instituciones y genera incertidumbre. Es esencial recordar que los tribunales administrativos, que resuelven controversias fiscales, fueron creados precisamente para garantizar equidad y justicia en las decisiones gubernamentales, permitiendo que las autoridades actúen dentro de la legalidad y que los derechos de los contribuyentes sean resguardados; elemento que es consolidado con el control judicial que lleva a cabo el Poder Judicial Federal, donde revisa los actos y resoluciones para invalidar aquellos contrarios al orden constitucional.
La consolidación del Estado de Derecho conviene a todos, a los particulares porque les aproxima a una tributación justa, y a las autoridades por la misma razón, recaudar, pero apegados a los principios constitucionales y de justicia que debe observar el sistema tributario mexicano.
La cultura tributaria incluye la idea de una tributación justa, que los contribuyentes deben pagar impuestos de acuerdo con lo establecido por la ley y nada más. Para ello, es esencial que el sistema judicial opere sin interferencias, evitando cualquier arbitrariedad, porque es precisamente cuando se exige más de lo debido que los tribunales restauran el derecho, dando la razón a quien la tenga. Los empresarios y contribuyentes del país buscan reglas claras y mecanismos de defensa efectivos contra posibles excesos de las autoridades fiscales. No se trata de evadir responsabilidades; se trata de asegurarnos que se respete el Estado de Derecho.
En este contexto, las acusaciones públicas sin el debido proceso debilitan la confianza en la justicia y complican el panorama para el sector privado, que necesita estabilidad y predictibilidad para invertir, generar empleos y contribuir al crecimiento económico de México.
Para que nuestro país siga avanzando, se requiere certeza. Necesitamos tribunales sólidos, independientes, que actúen conforme a derecho y no bajo presiones externas. Solo así, garantizando la justicia y la equidad en la tributación, podremos cumplir con nuestro compromiso de impulsar un México próspero, en el que el sector privado y el gobierno trabajen mano a mano por el bienestar de todos.
La certeza jurídica y la justicia fiscal no son simples deseos; son pilares fundamentales para un México que aspire a un futuro prometedor. Es necesario que este país crezca, se reduzcan las desigualdades y las personas se puedan desarrollar plenamente; además de políticas públicas es necesario fortalecer y proteger la independencia de nuestros tribunales. #OpiniónCoparmex