Consultor en Políticas Públicas y Comercio Exterior
Hace unos días, Héctor Usla informó en estas páginas que el proyecto de la Ley de Egresos 2024 prevé asignar 9 millones 769 mil pesos a Litio para México (LitioMx), la entidad creada en agosto del 2022, para la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio que se encuentre en territorio nacional. Esta es una cantidad que permite la operación administrativa del organismo descentralizado, pero que parece insuficiente para establecer de manera confiable el monto total de las reservas probables de litio e iniciar la exploración y producción en los depósitos más prometedores.
De acuerdo con información del Sistema Geológico de Estados Unidos (US Geological Survey), existen 82 depósitos de litio en 18 estados de la República, que pueden llegar a representar 1.7 millones de toneladas, lo que coloca a México como el país con la décima reserva probable más grande en el mundo. Sin embargo, hasta no iniciar las operaciones de prospección y producción, no se puede asegurar esta cantidad. Por sus características, la producción del litio es más cara que la de otros minerales –como el oro o la plata– cotizándose entre 5 mil y 8 mil dólares su costo por tonelada, aunque se vende en el mercado por entre nueve y diez veces su costo de producción.
Estados Unidos y la Unión Europea han iniciado programas para dejar de producir autos que funcionen en base a combustibles fósiles y reducir su dependencia de los autos eléctricos chinos, lo que ha generado la búsqueda de reservas de litio en todo el mundo y la firma de acuerdos que faciliten el acceso a este y otros minerales considerados estratégicos. El 5 de agosto del 2021, Biden publicó una Orden Ejecutiva instruyendo que, a partir del 2030, al menos la mitad de los vehículos nuevos que se vendan en su país tendrán que ser eléctricos (cero emisiones) y este 28 de marzo, Alemania finalmente accedió a que para el 2035, todos los autos nuevos que se vendan en la Unión Europea serán eléctricos. Hoy en día, la batería de un auto eléctrico representa el 40 por ciento del costo total del vehículo y requiere de 8 kilos de litio, 14 de cobalto y unos 20 de manganeso, aunque el tamaño de la batería puede alterar estas cantidades.
La ventana de oportunidad está abierta para México desde el 16 de agosto del año pasado, cuando Estados Unidos aprobó la Ley para Reducir la Inflación –conocida en inglés como IRA– y que ofrece un subsidio de hasta 7 mil 500 dólares en la compra de autos eléctricos nuevos cuyas baterías incluya al menos 40 por ciento de litio y otros minerales estratégicos producidos o procesados en alguno de los 14 países que tienen un TLC con Estados Unidos. La Unión Europea y Japón han tratado de negociar desde entonces, sin éxito, incluir a sus armadoras de autos dentro de este beneficio. Canadá y Corea del Sur son hoy los principales competidores de México en este mercado, pero la ventana puede estrecharse una vez que japoneses y europeos lleguen a un arreglo con el gobierno de Biden, pues es imposible considerar que Estados Unidos logre sus objetivos de ventas de autos eléctricos en el 2030 sin la participación de estos países y excluyendo los autos chinos.
La producción de una nueva mina de litio puede requerir de tres a cinco años, por lo que se buscan nuevos depósitos cada día. La semana pasada se anunció el descubrimiento de un nuevo depósito entre los estados de Nevada y Oregón que podría contener más de 20 millones de toneladas, lo que reduciría la importancia estratégica de las reservas de países con gobiernos de izquierda como China, Bolivia, Argentina y Chile.
Sin embargo, la mayor generación de ingresos derivados del litio está en su procesamiento. Las inversiones anunciadas en territorio estadounidense para este año para procesar litio supera los 14 mil millones de dólares y serán financiadas en parte por la IRA, lo que influyó en la decisión de Tesla de establecer su planta de procesamiento de baterías de litio en Texas. Son inversiones de largo plazo que conllevan la creación de miles de empleos bien remunerados, la transferencia de tecnología de punta, la generación de divisas a partir de nuevos mercados, la diversificación de la oferta exportable de México y que requieren de un bajo nivel de riesgo político.
México representa oportunidades en este campo que ningún otro país puede ofrecer, tanto por la cercanía con el mercado de Estados Unidos, como por el marco legal del T-MEC. Por eso, resulta indispensable que el gobierno considere al sector privado como su socio y no como una amenaza.