La rendición de cuentas cobra especial importancia en instancias encargadas de hacer cumplir la ley, como el Instituto Nacional de Migración (INM), pues sus agentes pueden cometer abusos de distinta índole, ya sea por su función como ejecutores de políticas restrictivas de Estado, o por factores como la mala administración, la incapacidad, la corrupción o lo que es peor, por sus prejuicios.
Una gestión migratoria efectiva y respetuosa de los derechos humanos por parte del Instituto Nacional de Migración debería estar íntimamente vinculada a la aplicación de la rendición de cuentas para asegurar que, por ejemplo, los abusos que se cometen tanto en operativos de control como en la detención migratoria se sancionen y, de esta manera, se disminuya la posibilidad de que los hechos se repitan.
Son las experiencias que a lo largo de los años se han dado en diferentes partes de México, las que nos han ayudado a dar forma a las preocupaciones en torno a la migración, la seguridad y los derechos humanos, motivando un enfoque en torno a la rendición de cuentas.
El potencial de abuso, de ineficiencia o de corrupción suele radicar en la amplia discrecionalidad con la cual actúan los agentes, así como con la poca visibilidad en torno a sus decisiones cotidianas. Las preocupaciones generadas por estos factores aumentan cuando un agente del Estado goza del poder para detener y someter, poniendo en riesgo la integridad física, mental y emocional de las personas.
Aunque el marco jurídico-administrativo del INM ofrece algunas pautas de conducta, en el acto, estas guías dejan a los agentes con poco más que su experiencia y su sentido común, es decir, con un amplio margen de discrecionalidad; súmele a esto que la jerarquía operativa, “los jefes”, no están presentes en el momento en que los agentes toman decisiones o actúan, por lo que se les pide registrar sus acciones, pero la manera y la frecuencia en la que lo hacen varían de lugar a lugar. Igual de complicado resulta rastrear sus intervenciones, más cuando los agentes no reportan acciones que deben ser reportadas o cuando simplemente desisten de actuar, basta con leer los expedientes desclasificados de la masacre en San Fernando, donde 72 migrantes fueron víctimas; o ver los videos del incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez, o asistir a un operativo de control migratorio en medio de la nada para verificar el hostigamiento al que someten a las personas migrantes sin importar sexo, edad, condición, pues como sabuesos adiestrados solo responden órdenes sin que medié criterio alguno.
Pareciera que nos encontramos en una encrucijada perfectamente diseñada, donde quienes ostentan “el poder” en todos los niveles, también han sumado su granito de arena en la impunidad, lo peor es que lo hagan a través de la discriminación, abusan de la discrecionalidad de sus actos, impedido el diálogo real y objetivo con la sociedad civil organizada, truncan la participación a gusto y piacere de quienes objetivamente pudieran enriquecer la construcción… en pocas palabras, interpretan con el estómago lo que deben razonar a criterio, anteponen su afición por encima de su función.
Por eso y justo por eso, los políticos, los servidores públicos y las personas privadas que realizan acciones públicas requieren de mecanismos que prevengan y corrijan las posibles desviaciones de sus obligaciones, es urgente que se garanticen los mecanismos de rendición de cuentas para que haya un buen desempeño público, que se identifique claramente lo que cada servidor público debe cumplir y lo cumpla.