Por Juan Manuel Otero Varela, Profesor investigador de la Facultad de Derecho Universidad Panamericana.
Nos encontramos en los últimos días del 2023, en un período que para muchos de los mexicanos representa un paréntesis dentro de la cotidianidad, por un lado, por la celebración de la Navidad, que se manifiesta en nuestras vidas a través del encuentro con nuestras familias, amigos y compañeros y, por otro lado, el cierre necesario de un año, que representa un breve receso y la esperanza de la llegada de uno nuevo, con sus propios retos y oportunidades. En todo caso, el final del año nos permite voltear a ver a los que nos rodean con mayor detenimiento, olvidándonos habitualmente de nuestro complejo entorno nacional e internacional.
Es precisamente debido a este pequeño, pero necesario paréntesis, que me permito dejar esta breve nota para la agenda del próximo año, para tener en el radar un tema que fue anunciado hace apenas algunas semanas por el presidente López Obrador y que, probablemente, será retomado durante el próximo año. Me refiero a su pretensión de instrumentar una serie de reformas para suprimir a los órganos constitucionales autónomos de la arquitectura institucional del Estado mexicano.
Estas modificaciones requieren de reformas constitucionales de gran calado, que parecían un tema hasta cierto punto olvidado para esta Administración hasta hace unas pocas semanas que el dirigente nacional del Partido Movimiento Ciudadano anunció la salida de su bancada del grupo opositor que conformaba junto con senadores del PAN, PRI, PRD y Grupo Plural, lo que reanimó las intenciones del Ejecutivo de poner en marcha algunas iniciativas que hasta ese momento solamente podían ser objeto de sus anhelos y de sus más bajas pasiones y que ahora por lo menos ha considerado poner sobre la mesa, con independencia de que puedan concretarse o no.
Vale la pena dejar constancia de esta pretensión del Ejecutivo, con independencia de su concreción, porque al igual que la reciente designación de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atentan directamente al Estado de Derecho, que constituye un elemento esencial del estado constitucional en el que presumimos vivir, caracterizado no solamente por el predominio de la ley y de los derechos humanos como elementos que dotan de libertad y de igualdad jurídica a las personas y sujetan al Estado a un ámbito jurídico preestablecido, que le sirve a la vez de marco y de límite de actuación, sino también de toda una ingeniería del poder soberano, concentrado en el pueblo, que se autodetermina a través de sus representantes y se ejerce a través de un sistema que tiene como función primordial dividir o fragmentar el poder en diversos órganos, cada uno de ellos con sus propias funciones públicas, competencias y ámbitos de actuación, que les dotan de cierta independencia o autonomía, con la finalidad de que puedan servir de equilibrio y contrapeso entre ellos mismos, tanto en su toma de decisiones, como en la forma en la que ejercen ese poder público que se les ha conferido.
En el caso de la nueva ministra resulta claro que, por su cercanía personal y política sin reservas al presidente, pone en riesgo la objetividad e independencia que debe existir en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, frente a los intereses y negocios del orden administrativo a cargo del propio Ejecutivo y los actos legislativos del Congreso de la Unión.
Por lo que hace a la intención de suprimir a los diversos órganos constitucionales autónomos, se pretende minar un andamiaje institucional que comenzó a construirse hace poco más de treinta años y que nos ha permitido transitar lenta y paulatinamente a una vida más democrática, que abona a ese anhelado sistema de contrapesos, en el que el poder del presidente ya no es el centro de todas las decisiones, por lo que debe ganar y conquistar los espacios públicos a través del oficio político, del apego a su marco jurídico de actuación y del ejercicio de su autoridad, no solamente de su potestad. En fin, ya veremos qué nos depara este 2024.
