El pago de impuestos tiene un componente democrático. Como mecanismo que usa el Estado para financiar los gastos públicos, el impuesto encuentra su legitimidad a través de la calidad de dichos gastos. Al tratarse de la cosa pública, donde la colectividad coopera para el bien común, encierra un principio democrático donde solamente esa colectividad puede aprobar las cargas que ha de soportar para que el Gobierno, a través del gasto público, genere bienestar. De ahí que la relación de los contribuyentes con el Estado sea un ejercicio democrático.
Contribuir al gasto público, pagar impuestos, no resulta deseable para nadie; más que un deseo, es un deber que se relaciona con la solidaridad que la ciudadanía (el ser ciudadano) demanda como una contribución a la sociedad. Su legitimidad y justicia han sido no solamente motivo de reflexión, sino también de disenso. Luchas democráticas, movimientos insurgentes y libertadores incluyen alguna inconformidad por el pago de impuestos; baste citar la independencia de las trece colonias norteamericanas y su exigencia “No Taxation Without Representation”, o el ideal de la independencia de México recogido por Morelos en el postulado 22 de Los Sentimientos de la Nación: “Que se quite la infinidad de tributos, pechos o imposiciones que nos agobian…”. A partir de ahí, la certeza jurídica y el principio de reserva de Ley contienen el principio democrático en la tributación.
La democracia en la tributación no solamente debe verse reflejada al momento de elaborar las leyes que contienen los impuestos y las obligaciones fiscales, sino también debe estar presente en la relación del gobierno con los ciudadanos y, por lo tanto, de las autoridades fiscales con los contribuyentes. La democracia es un concepto profundo que no se agota, sino que apenas inicia con las elecciones, y se manifiesta en una forma de vida, de gobierno, de gestionar el poder, donde la voz ciudadana importa, influye y es tomada en cuenta al ser el origen del poder que se ejerce. De manera que solo se puede calificar a un gobierno de democrático cuando es dialogante y toma en cuenta las diversas expresiones de la sociedad; sus decisiones son producto de esa amalgama de visiones, de la diversidad, la pluralidad que enriquece a las decisiones públicas.
El año 2024 será marcado por el proceso electoral y la contienda democrática, los deberes del gobierno para otorgar servicios públicos de calidad, ser dialogante, incluir todas las visiones y un largo etcétera que conforman la vida democrática, ha de ocupar el debate público, los compromisos y las decisiones públicas.
Requerimos autoridades dialogantes que tomen en cuenta las necesidades de todos los sectores de la sociedad. En el pago de impuestos, lo natural ha de ser el diálogo constructivo en el que la visión, las propuestas e incluso las dolencias de los pagadores de impuestos sean escuchadas, ponderadas, valoradas, tomadas en cuenta e incorporadas en las políticas públicas en favor de un mejor país, más competitivo, igualitario, donde el sector productivo se pueda desarrollar y el gobierno generar bienestar, cumpliendo sus funciones de redistribuir la riqueza con un adecuado diseño y ejecución de la política fiscal.
Para muestra un botón: El ocaso del año 2023 fue testigo de una expulsión de contribuyentes que pagaban sus impuestos en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), la mayoría de microempresarios encontraron en esa modalidad un mecanismo para incorporarse a la economía formal. Ante alguna omisión (por ejemplo, no presentar una declaración), han tenido como consecuencia la salida del régimen con la obligación de pagar sus impuestos de forma retroactiva, como si nunca hubieran estado en el RESICO. La problemática para ellos es que se están encontrando con deudas importantes e infladas porque no pueden aplicar sus deducciones que, de suyo, el RESICO les permitía no tomar en cuenta, y ahora pagarán impuestos por mucho más que sus utilidades. El diálogo democrático provocaría que la autoridad fiscal y los pagadores de impuestos encuentren lugares de consenso, como pagar en lo sucesivo sin los beneficios del régimen, pero no de forma retroactiva, y continuar fomentando la formalidad, la tributación en favor de la cultura tributaria.
El 2024 debe representar una nueva forma de dialogar. El sector privado y las autoridades tenemos intereses en común, uno de ellos sin lugar a dudas es el crecimiento y bienestar de México; por ahí podemos retomar la conversación.
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