El autor es director de analítica de datos del IMCO y profesor de macroeconomía del ITAM.
Una de las preguntas más frecuentes en los círculos de análisis en donde se evalúa la política fiscal de la presente administración consiste en si verdaderamente se ha logrado un manejo prudente de las finanzas públicas. Dicha prudencia, si la pasamos a conceptos técnicos, se puede entender desde diferentes ángulos, empezando de manera ortodoxa por el tamaño de la deuda o el déficit, pero también bajo el escrutinio de los ingresos o gastos en sí mismos.
Este escrutinio sobre la conducción de la política fiscal no es casual ni espontáneo, sino consecuencia de la vigilancia que se desprende del marco de responsabilidad que se formuló a partir de las lecciones aprendidas en diferentes periodos de crisis económicas, que fueron la base para el diseño y publicación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en 2006.
El diseño institucional de México para preservar finanzas públicas sanas fue consecuencia del aprendizaje severo que trajeron diferentes eventos críticos relacionados con un manejo riesgoso de las herramientas al alcance del gobierno, entre ellas, no solo el nivel de endeudamiento sino también su composición, de tal forma que bajo un enfoque de administración integral de riesgos se prestara atención a la exposición a movimientos en el tipo de cambio, las tasas flotantes, o incluso a los plazos de vencimiento demasiado breves.
Fue gracias a ese marco de responsabilidad que fue posible construir diferentes aspectos de la política fiscal que contribuyeron a fortalecer el uso de los recursos públicos. Dicho andamiaje consiguió que se optimizaran las reglas para la acumulación de ahorros de largo plazo en los fondos de estabilización como el FEIP, el más notorio entre los famosos “guardaditos”. Pero también se establecieron criterios para disponer de sus recursos y se diseñó una herramienta complementaria para mejorar su función de administración de riesgo y contención frente a choques exógenos: las coberturas petroleras.
Asimismo, se establecieron reglas fiscales, esto es, niveles máximos de déficit que el Congreso puede aprobar y que, en caso de que el gobierno federal desee sobrepasar, debe justificar mediante un programa de consolidación fiscal que asegure que habrá una reducción paulatina del déficit hasta que pueda converger a su valor deseable. Las reglas permitieron divulgar valores adecuados cuando se analizan métricas como los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), el balance tradicional o el balance primario.
La reforma hacendaria que se aprobó en 2014 se construyó sobre esta base y propuso el diseño del marco legal vigente en la conducción de la política fiscal. De ahí que una reforma hacendaria que fortaleció las fuentes de ingresos del sector público contara con métricas de divulgación que permitieran evaluar su desempeño. Con ello se construyeron anclas de seguimiento a las finanzas públicas.
Por ende, cuando nos hacemos la pregunta sobre el manejo reciente de la política fiscal es posible que diferentes voces sensatas argumenten que éste había sido un gobierno con una postura conservadora en el manejo fiscal, porque se le evalúa desde la perspectiva de las métricas que el marco de responsabilidad implementó con alta eficacia: miramos la deuda, comparamos el monto de los RFSP con otros años o el signo y magnitud del balance primario. Pero al mismo tiempo, justo por el ancla que se creó mediante dicho mecanismo de rendición de cuentas, las cifras que se presentaron de endeudamiento adicional para 2024 nos invitan a reflexionar las presiones que se han acumulado al cierre del sexenio por una combinación de rigidez en los ingresos (no hubo reforma fiscal) y una presión neta al alza sobre el gasto (prioridades y programas pesaron más que recortes y austeridades), las cuales en su conjunto heredarán riesgo fiscal considerable para la próxima administración federal. Dentro de todo discurso de responsabilidad, el análisis sobre la sostenibilidad es la prueba más importante.