El autor es Director de analítica de datos del IMCO y profesor de macroeconomía del ITAM.
Hablar sobre la trayectoria de la deuda pública es uno de los deportes más extremos para las personas mexicanas. La algarabía que produce el tema resulta de la experiencia que muchas generaciones tuvieron frente a las crisis de deuda que dañaron severamente el bienestar de millones en las décadas de los ochenta y noventa del siglo XX. En casi todas las familias mexicanas existe una historia, alguna anécdota, que conduce irremediablemente a un recuerdo doloroso asociado con esos episodios. Como país aprendimos de la forma más dura a lidiar con esas crisis, de ahí que sea un tema continuo a un profundo y agudo escrutinio público.
Para algunas personas resulta de utilidad debatir sobre el saldo de la deuda en miles de millones de pesos, que, aunque suena más a una cifra, se discute si la debemos medir en términos nominales o reales, es decir, si debemos ajustar su valor de acuerdo con el comportamiento de la inflación. Solo para dimensionarlo, el saldo total de la deuda del sector público al cierre de 2023 ascendió a 14.86 billones de pesos, o en palabras más coloquiales, 14.86 millones de millones de pesos.
Sin embargo, la cifra no nos dice demasiado por sí sola, porque no hace una referencia a la capacidad de pago que tiene la economía o las finanzas públicas federales para hacerle frente. Por esta razón, cuando analizamos los saldos de la deuda pública es necesario verla en función del tamaño de la economía (usando el PIB) o de los recursos propios del sector público federal (ya sea los totales o únicamente los tributarios, que son los más estables).
Bajo esa línea, el saldo de la deuda pública al cierre de 2023 registró el 48.8% del PIB, esto es, poco menos de la mitad del tamaño de la economía, con todo y su crecimiento por arriba de diferentes expectativas. Adicionalmente, en términos de ingresos, el saldo de la deuda representa 2.2 veces los ingresos presupuestarios del sector público federal o 3.4 veces los ingresos tributarios, es decir, los que vienen de la recaudación de impuestos como el ISR, el IVA, los IEPS y algunos otros.
Una vez que tenemos clara la dimensión de lo que debe el sector público en deuda de mercado, la pregunta que nos queda es ¿cómo pasamos de una discusión del nivel de la deuda a una sobre la sostenibilidad de su trayectoria? Para ello existe un marco de análisis que nos ofrece la teoría económica: una comparación entre dos variables que determinan la evolución del saldo de la deuda (la tasa de interés) y el comportamiento de la capacidad de pago de la economía en su conjunto o de los ingresos más estables del gobierno (el crecimiento económico y su impacto en la recaudación).
Por esta razón, en la discusión sobre la trayectoria de la deuda y su sostenibilidad debe prevalecer un enfoque dinámico. Esto quiere decir que lo que realmente nos debe ocupar sobre la deuda pública no es precisamente su nivel ni cómo se compara éste con el tamaño de la economía o los ingresos públicos, lo que debe capturar nuestra atención son las acciones de política económica que emprenden las autoridades y que producen efectos sobre el monto de los intereses que se pagan por el endeudamiento y el dinamismo de la economía nacional.
La literatura económica, en conjunto con sus lecciones, es vasta para señalar que el papel de la política fiscal, es decir, todas aquellas decisiones que toman las autoridades en materia de impuestos, gasto y deuda, entre otras, es clave para propiciar un entorno de confianza que favorezca una evolución ordenada y continúa del crecimiento económico. Asimismo, su conducción siempre viene acompañada de riesgos y de mecanismos para administrarlos, lo que incide directamente sobre las tasas de interés que demandan los inversionistas para financiar su endeudamiento.
Por estas razones, una estrategia robusta para hacerle frente al miedo escénico de hablar del crecimiento de la deuda consiste en cuestionarnos si el monto del financiamiento público tiene algún impacto sobre el crecimiento económico o sobre las tasas de interés a las que se contrata, de tal forma que su carga otorgue un beneficio al país y no una presión prolongada en el tiempo. El objetivo es hablar de la sostenibilidad de la deuda, no solo de su nivel.