El autor es Médico especialista y ex titular de la Unidad de Atención Médica del IMSS.
La reciente propuesta de reforma al artículo 123 de la Constitución mexicana, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, está encaminada a garantizar que la actualización del salario mínimo de los trabajadores nunca esté por debajo de la inflación y a que se cuente con salarios dignos para los trabajadores al servicio del Estado, marca un punto de inflexión en nuestro compromiso social y económico con la equidad laboral.
Esta iniciativa, además de reflejar un reconocimiento del valor intrínseco del trabajo, aborda una deuda histórica con aquellos cuya labor sustenta los pilares básicos de nuestra sociedad: educación, salud y seguridad.
La propuesta se enfoca en establecer un umbral salarial que se alinee con el salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), garantizando que ningún trabajador del Estado perciba menos de 16,152 pesos. Esta medida es especialmente relevante para maestros, policías, guardias nacionales, médicos y enfermeras, cuyas remuneraciones, históricamente no han reflejado la importancia y el impacto de su trabajo en la construcción y mantenimiento del tejido social.
El análisis de los salarios actuales en estos sectores revela disparidades significativas. Por ejemplo, el salario tabular mensual de un profesor de nivel básico, sin incluir prestaciones adicionales, oscila entre 6,780 y 9,240 pesos, el de un policía del Servicio de Protección Federal oscila entre los 11,064 a los 13,987 pesos, mientras que los salarios para médicos y enfermeras del IMSS varían de 5,752 a 12,095 pesos, dependiendo del grado de especialización. Estas cifras contrastan marcadamente con el umbral propuesto, subrayando la urgencia y la necesidad de esta reforma.
La importancia de esta reforma radica en su potencial para corregir desigualdades históricas en la remuneración salarial. Al establecer mínimos salariales que se equiparen a la media registrada ante el IMSS, la reforma busca dignificar la labor de los trabajadores de estos sectores esenciales para el desarrollo de México.
La discusión en torno a la iniciativa no debe limitarse a los círculos políticos y económicos; debe extenderse a cada rincón de la sociedad, involucrando a trabajadores, académicos, empresarios y, sobre todo, a la ciudadanía en general. La transparencia en el debate y la toma de decisiones es fundamental para asegurar la confianza pública y el apoyo a las medidas adoptadas.
La viabilidad de la propuesta del Ejecutivo depende de su implementación presupuestaria. La pregunta crucial es: ¿cómo financiar estos ajustes salariales sin comprometer otros aspectos vitales de la gobernanza y el desarrollo?
En el debate legislativo deberá considerarse el contexto económico actual, las proyecciones de crecimiento y las posibles fuentes de financiamiento, sin sacrificar otros servicios esenciales y en su momento -en caso de aprobarse esta reforma-, discutirse el financiamiento en las leyes secundarias presupuestales y en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Es crucial entender que la propuesta es una inversión en capital humano, la cual es fundamental para el desarrollo sostenible de cualquier nación. Al mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del Estado, se reconoce su invaluable aporte al desarrollo del país y se incentiva un círculo virtuoso de productividad, mejora de servicios y bienestar social.
Al garantizar salarios dignos para los trabajadores al servicio del Estado, se construye una base más sólida para el desarrollo integral de México. La tarea que se tiene por delante no es fácil, pero es justa y necesaria.