El autor es Director de analítica de datos del IMCO y profesor de macroeconomía del ITAM.
De acuerdo con el informe trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondiente al cuarto trimestre del 2023, el sector público federal logró recaudar 7.039 billones pesos durante el año pasado. De este monto, 1.079 billones, el 15% del total, proviene de la renta petrolera que, conforme a las reglas del régimen fiscal aplicable a Pemex y a otras empresas de hidrocarburos, se divide entre la parte que captura el Gobierno Federal directamente y la que ocupa para fines propios la petrolera estatal. El monto restante, 5.960 billones, que corresponde al 85% del total, se obtiene de fuentes no relacionadas con el petróleo: ingresos del gobierno federal, tanto por impuestos como por otros cobros, de la CFE y de organismos como el IMSS y el ISSSTE.
Dentro de estos conceptos el lugar de honor les corresponde a los ingresos tributarios: 64 de cada 100 pesos que recauda el sector público federal se recolectan a través del sistema tributario a cargo del Gobierno Federal. Este monto se refiere a los ingresos que recoge el gobierno por el cobro de ISR, del IVA, de las variedades de IEPS (combustibles, alimentos con alto contenido calórico, servicios de telecomunicaciones, etcétera), y otros impuestos. De tal forma que este rubro es la principal fortaleza que posee el marco fiscal mexicano por el lado de los ingresos.
Pero la contribución de los ingresos tributarios a las finanzas públicas no se limita al monto que representan para el marco fiscal del sector público, es relevante además su relación con la actividad económica del país, es decir, al crecimiento del mercado interno tanto desde sus factores de oferta (masa salarial del mercado laboral) como desde la demanda (consumo de bienes y servicios e inversión fija bruta).
La forma en que la captura de ingresos ha evolucionado en los últimos años ha permitido comunicar de forma exitosa que su composición reciente es notoriamente más estable. Lo anterior porque se pudo migrar de un esquema más dependiente del petróleo (hasta 40 de cada 100 pesos recaudados), cuya naturaleza es más volátil, a otro en el que la recolección de ingresos se liga al comportamiento robusto y resiliente que ha exhibido el mercado interno. Podemos ser sobradamente críticos sobre los niveles de las tasas de crecimiento para la economía mexicana, pero el efecto de ese crecimiento ha sido fundamental para robustecer el marco fiscal.
Por esta razón surge la paradoja a la que distintas plumas han contribuido en dos vertientes de la literatura sobre política fiscal y crecimiento. Pese a lo deseable que resulta que las tasas de crecimiento estén estrechamente vinculadas con la recaudación, existen retos de diseño en ambos lados. En un frente, un marco tributario demasiado riguroso y poco flexible podría resultar en una barrera para el crecimiento si persuade la llegada de nuevos proyectos de inversión o inclusive si hace menos rentable la ampliación de los existentes. En contraparte, si el marco tributario resulta demasiado laxo, se reproducen diferentes incentivos sobre los agentes económicos que hacen menos costosas las prácticas de evasión y elusión de impuestos, lo que termina por dinamitar los ingresos recaudados.
Desde mi punto de vista, ese es uno de los ángulos que no se han explorado con las propuestas recientes que empiezan a discutirse sobre la necesidad de una reforma fiscal. Prácticamente la totalidad de analistas económicos coinciden en la urgencia de empujar una nueva reforma fiscal que incremente lo ingresos que captura el gobierno, fundamentalmente a través de los impuestos, no obstante, poco se discute sobre el impacto que esto puede tener en el proceso de crecimiento de la economía mexicana y, por ende, sobre el resultado neto que tendría para la recaudación.
El punto es sumamente relevante para la viabilidad de su implementación, ya que la discusión sobre el tipo de impuestos que se deseen añadir o modificar es crítica. Ya sea para los directos (que gravan el ingreso y por ende el ahorro) o indirectos (que son más difíciles de eludir en contextos de alta informalidad), la restricción de carácter político es la más rigurosa, y por ende su viabilidad para ser aprobada a nivel legislativo, donde se representan intereses de muchos actores. Por esta razón, la próxima vez que escuchemos sobre alguna propuesta de reforma fiscal, es indispensable pensar si su diseño está enfocado en preservar también un entorno dinámico para el crecimiento de la propia economía, ya que de otra forma el proceso de su implementación podría resultar contraproducente para las propias finanzas públicas.