A escasos diez días de que inicien las campañas federales, diversos indicadores nos dicen que el entorno en muchas regiones del país no garantiza la integridad física de personas que se registrarán en candidaturas, que colaboran en partidos o en tareas de la logística electoral. Lamentablemente, hasta el viernes pasado, la cifra de asesinatos cometidos en contra de precandidatos sumaba 18.
Si bien las autoridades electorales anunciaron la implementación de un protocolo para brindar protección que, en rigor, es muy parecido al de procesos anteriores, conforme con el cual, candidatos y candidatas, federales y locales que lo consideren necesario, podrán solicitar al Instituto Nacional Electoral que les brinden seguridad; dicha instancia turnará la solicitud a la Secretaría de Gobernación y ésta analizará y coordinará el tipo de apoyo que se dará en los casos que se considere procedente.
Aunque son de reconocerse los esfuerzos que se realicen, es claro que las instancias del Estado mexicano no serán suficientes para apoyar a todas las personas que se movilizarán en la búsqueda del voto ciudadano. Para distintos especialistas en la materia, los procesos electorales en curso se desarrollan en un escenario muy peligroso. Son más las regiones del país dominadas por grupos delictivos que no solo son más visibles, si no que retan con mayor intensidad a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas del país, sin importar que lastiman la vida y el patrimonio de muchas familias que hoy están en evidente indefensión.
Urge que cualquier estrategia de seguridad que se ponga en marcha se oriente a salvaguardar la vida de todas las personas que participan en los procesos electorales, en las candidaturas, en los partidos políticos y en la organización de los comicios desde la autoridad. El lapso de las campañas y el día de la jornada electoral pondrán a prueba los protocolos anunciados y dejarán ver su nivel real de eficacia. Nadie, por mayor investidura que ostente, debería minimizar los riesgos existentes; al contrario, debería ocuparse en encontrar soluciones a un problema que crece todos los días.
Es escandalosa la respuesta del gobierno federal sobre las valientes gestiones de los obispos en Guerrero, que han buscado acercamientos con líderes del crimen organizado para encontrar soluciones a la inseguridad que se vive en esa entidad. El Estado tiene que, como una de sus principales obligaciones, garantizar la seguridad de todas las personas, lo cual no se puede evadir con los desplantes verbales del presidente; tampoco se pueden soslayar indicadores precisos que colocan a México en una posición de país con alta peligrosidad, bastaría ver el Índice Global de Crimen Organizado, el reporte presentado el lunes pasado por el Grupo Citibanamex o el estudio que dio a conocer el Colegio de México, bajo el título de ‘Urnas y Tumbas’.
También están las preocupaciones declaradas por consejerías y magistraturas electorales que levantaron la voz para exigir que se afinen las medidas de seguridad, se establezcan estrategias que impidan que el crimen organizado ocupe candidaturas, canalice recursos a las campañas, amenace a la ciudadanía y asesine candidatas y candidatos. No menos importante es que se aclaren diversos escándalos mediáticos de corrupción que vinculan a funcionarios públicos con grupos criminales, como el video difundido donde aparece la presidenta municipal de Chilpancingo con el líder de Los Ardillos, agravado por declaraciones posteriores donde se detallan los presuntos arreglos discutidos en esa reunión. México necesita garantías de seguridad para recrear sus procesos democráticos.