El autor es Director de analítica de datos del IMCO y profesor de macroeconomía del ITAM.
En mi clase introductoria a la macroeconomía siempre tengo dos comentarios para mis estudiantes: confieso que están frente a un profesor que profesa un gusto especial por el análisis macroeconómico, al tiempo que reconozco mi debilidad por el estudio de las decisiones de política fiscal y monetaria. Específicamente, por la forma en que ambas se pueden coordinar para alcanzar un objetivo deseable: el crecimiento sostenible de la economía acompañado de un comportamiento saludable para la inflación. No obstante, como mencioné hace una semana en este espacio, para lograrlo hace falta un enorme trabajo desde lo técnico para que las decisiones macroeconómicas se alineen con este fin.
En nuestro país, la interacción formal entre la política fiscal y monetaria data de varias décadas atrás, pero con todos los elementos estructurales instaurados a nivel legal y práctico que rigen hoy, es una historia que tiene poco más de 15 años. Me refiero a: 1) la autonomía constitucional de la autoridad monetaria que se logró en 1994; 2) la adopción del régimen de objetivos de inflación por parte del Banco de México en 2001; 3) el marco de responsabilidad fiscal que se formalizó en 2006; y 4) el uso de la tasa de interés objetivo de corto plazo para conducir la política monetaria a partir de 2008.
Con base en este compendio de instituciones que formalmente rigen la relación entre ambas autoridades podemos entender la forma en que la conducción de la política fiscal se convierte en un elemento crítico para las decisiones que toma el Banco de México. Recordemos que el mandato constitucional de la autoridad monetaria consiste en preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional y, para ello, fijó como objetivo el control de la inflación general anual del país en un valor puntual de 3%. ¿De qué forma lo logra? Tomando decisiones sobre la tasa de interés de corto plazo, esto es, la que está ligada a los bonos que emite el gobierno federal con un vencimiento menor a 1 año.
Una regla central para entender cómo ocurre este mecanismo son los llamados canales de transmisión, es decir, la forma en que la decisión sobre la tasa de interés de corto plazo tiene repercusiones sobre la inflación modificando ciertas decisiones de las personas. Destaco tres: el canal de crédito, que se refiere a la forma en que el nivel de la tasa de interés incentiva o desincentiva que las personas adquieran deuda para financiar su gasto: a mayor tasa el incentivo se reduce y viceversa. Este canal se liga con el de tasas de interés, que es la forma en que la autoridad monetaria afecta los niveles de las tasas de mayor plazo. Finalmente, el más relevante en el contexto en mercados emergentes como México, el canal de expectativas. Este último se refiere a la forma en que la credibilidad de la autoridad monetaria para controlar la inflación se traslada a las expectativas que tienen las personas sobre el comportamiento futuro de la inflación. Si la credibilidad es alta, las personas “anclan” sus expectativas en torno a la meta del banco central, favoreciendo un entorno de menor presión sobre la inflación.
Sin embargo, la forma en que el banco central conduce su postura monetaria no es el único factor que incide sobre tales expectativas para las personas. Es relevante también la credibilidad que tiene el gobierno, la autoridad fiscal, para tomar decisiones que preserven una trayectoria sostenible de la deuda del país y, por consiguiente, que no ponga en riesgo el comportamiento de los precios en el futuro por cambios abruptos en las necesidades de recursos por parte de los hogares para pagarla.
Para medir el tamaño de este riesgo, los bancos centrales, en especial el Banco de México, monitorean de forma continua el comportamiento de la autoridad fiscal, con atención específica en sus objetivos de déficit y deuda para cada año, así como a su evolución durante el año. No se trata únicamente del anuncio, sino de la forma en que las autoridades fiscales se adhieren al cumplimiento de su plan. Ya que cada que ocurren desviaciones con respecto al plan original el gobierno recurre a los mercados de deuda para financiarlas, es decir, captan recursos vía la emisión de bonos que, según el plazo al que elijan hacerlo, modifican las tasas de interés de los bonos con cierto plazo y moneda, incidiendo sobre las decisiones disponibles para el banco central.
Cada que el Banco de México anuncia una decisión de política monetaria establece un objetivo para la tasa de interés de corto plazo (un vencimiento específico) de los bonos emitidos en pesos, pero no toma decisiones sobre los demás plazos ni sobre los bonos en otras monedas (México emite deuda en dólares de Estados Unidos, euros, yenes, francos suizos y otras monedas). Por esta razón, mediante un solo instrumento, busca el mejor balance para procurar que su objetivo de inflación se consiga, partiendo de ciertos supuestos sobre los cambios en la política fiscal que pueden contribuir con ese objetivo o, como también ocurre, minimizando que dicha conducción fiscal se convierta en un factor de riesgo para alcanzarlo.