Cada vez es una opinión más común entre analistas y politólogos apuntar a que los comicios de este 2024 se irán hasta las últimas consecuencias, es decir, a instancias judiciales donde la oposición buscará anular el proceso electoral.
En otras palabras, las próximas elecciones, en las que podrán participar más de 98 millones de ciudadanos mexicanos, muy probablemente serán decididas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, que, dicho sea aparte, también atraviesa por una crisis al no contar con todos los magistrados necesarios para validar el proceso electoral.
Los argumentos para llevar las elecciones a ese punto son varios y van desde la presunta injerencia por parte del Ejecutivo a través de sus conferencias matutinas hasta el condicionamiento de programas sociales y la promoción de las políticas de gobierno, que buscan incidir en el sentido del voto entre la ciudadanía.
No hay nada extraño ni nuevo en esto. En todas las elecciones de la época reciente en México, el Poder Ejecutivo y la maquinaria estatal se han utilizado para apoyar al candidato o candidata del partido en el poder. Basta recordar al PRI de la década de los noventa o a Vicente Fox y Felipe Calderón lanzando dardos contra un Andrés Manuel López Obrador que era candidato por el PRD y el PT.
Pensaríamos que esa nefasta tradición de la política mexicana habría cambiado con la alternancia y la transición democrática, pero lamentablemente no fue así.
Como lo hemos advertido anteriormente en este espacio, las elecciones de este año cuentan con un factor muy relevante, que es la avasalladora popularidad del Ejecutivo, que sumada a una elección de Estado pone las condiciones para una competencia inequitativa y cuesta arriba para cualquier persona que busque disputar el poder político.
Bajo este escenario es difícil cualquier contienda. Es como poner a pelear a un peso pluma contra un peso completo, es la batalla de David contra Goliath, pero con un David sin honda.
Y es que más allá de la Presidencia de la República, tampoco hay que perder de vista que en las elecciones de junio próximo no nada más está en disputa el máximo cargo de la República, sino también la renovación o ratificación de 128 senadurías y 500 diputaciones del Congreso de la Unión.
Estos escaños y curules son fundamentales para el Plan C del presidente López Obrador, que es conseguir la mayoría en ambas cámaras para que las reformas pendientes sean avaladas en caso de que la elección presidencial resulte favorable a Morena o se forme un bloque de contención en el caso contrario.
No hay que esperar a que concluyan las elecciones para ver que éstas también representan un choque entre el Poder Ejecutivo, Morena y el Poder Judicial. La ampliación del campo de batalla (para retomar un título de Michel Houellebecq) se ha trasladado a esta esfera con el reciente intercambio de denuncias entre el exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea —quien se incorporó al equipo de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum— el PAN y la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña.
Más aún, la aprobación de las reformas a la Ley de Amparo significa el inicio del Plan C. Por ello resulta crucial mirar cómo avanza el choque de trenes que se viene dando entre los poderes Ejecutivo y Judicial.
Hasta ahora, el Ejecutivo ha señalado una plétora de vicios y abusos cometidos por los jueces, que otorgan beneficios al mejor postor. Sin embargo, no hay que olvidar el equilibrio entre poderes como una máxima de la República y de los regímenes democráticos, en los que el juego de pesos y contrapesos permite equilibrar el poder bajo la premisa de que nadie está por encima de la ley.
Si bien el Tribunal es una institución creada para preservar la validez de las elecciones, la judicialización de éstas no conviene a nadie: ni a la ciudadanía que sale a participar ni a los actores políticos, sobre los cuales se siembra una duda y sospecha que los acompañará durante toda su gestión.
Como van las cosas, parece que la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial (en el ámbito penal y electoral) se trasladará al terreno de las elecciones del próximo junio.
SOTTO VOCE
Buenas noticias desde Guerrero: además de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que en Acapulco disminuyeron los homicidios dolosos 39.8% en marzo, el puerto se viste de gala para la Convención Nacional Bancaria, en la que la gobernadora Evelyn Salgado es anfitriona y cuenta con la participación de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez.
Emotivo y poderoso discurso, el que dio el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, con motivo del 493 aniversario de la fundación de la capital poblana. El mandatario, quien por cierto ayer cumplió años, destacó la importancia de los valores cívicos y la responsabilidad de las autoridades para construir una mejor sociedad…
Como presidente nacional de Morena, Mario Delgado ha dado resultados sin precedentes para ese instituto político y para el presidente López Obrador. Luego de que se rompió la hegemonía del PRI, ningún otro líder partidista en la historia político-electoral de México ha tenido tantas victorias como las de Delgado. Si Claudia Sheinbaum gana la Presidencia, seguramente Mario Delgado recibirá el reconocimiento que merece y terminará en un puesto de altísima relevancia.