En el discurso global sobre la migración, frecuentemente se presenta a los migrantes como el problema, pero es crucial comprender que la migración no es la causa de los desafíos sociales y económicos a los que nos enfrentamos, sino una consecuencia de problemas más profundos: las desigualdades extremas y las políticas que las perpetúan.
Primero, es importante entender que las desigualdades en el acceso a recursos básicos son flagrantes y constituyen una de las principales razones por las que millones de personas deciden emigrar cada año. Más de 700 millones de personas en el mundo carecen de acceso a agua potable, un recurso esencial para la vida diaria y la salud. Aproximadamente 1,200 millones de personas no tienen acceso a electricidad, lo que limita sus oportunidades educativas y económicas, relegándolas a una vida de dependencia y pobreza energética.
El acceso a servicios sanitarios también es desolador, con cerca de 2 mil millones de personas sin instalaciones básicas de saneamiento en sus hogares. Esta falta de infraestructura no solo afecta la dignidad humana, sino que también expone a las comunidades a enfermedades y perpetúa un círculo vicioso de pobreza sanitaria. La falta de vivienda adecuada y segura sigue siendo un desafío para millones, con condiciones de vida que no cumplen con los mínimos estándares de seguridad o comodidad, empujando a las familias a buscar un futuro mejor en otros lugares.
Además, la desigualdad económica es abrumadora. Alrededor de 800 millones de personas viven con menos de un dólar al día, y casi 3 mil millones de personas, casi la mitad de la población mundial, subsisten con menos de dos dólares al día. Estos niveles de pobreza extrema limitan cualquier posibilidad de ahorro o inversión en un futuro mejor, dejando a las familias sin otra opción que la de moverse en busca de una vida más estable y segura.
En América Latina, y específicamente en el Triángulo Norte de Centroamérica, el narcotráfico ha devastado las economías locales, ha corrompido instituciones y ha convertido la vida cotidiana en un campo de batalla. Las políticas económicas, tanto internas como influenciadas por intereses extranjeros, han exacerbado estas condiciones, empujando a millones a abandonar todo lo conocido en busca de seguridad y una vida digna.
En México, observamos cómo la dinámica del narcotráfico y las políticas de empleo deficientes en sectores como las maquiladoras no solo afectan a los mexicanos, sino que también ponen en movimiento flujos migratorios desde y a través del país. La migración es entonces una respuesta lógica y humana a sistemas económicos y políticos que fallan en proporcionar las condiciones mínimas para una vida segura y productiva.
Sin embargo, en vez de abordar estas raíces del problema, las políticas migratorias actuales a menudo se centran en restricciones y medidas punitivas. Esta gestión es errónea y contraproducente. Tratar la migración como si fuera la causa de problemas económicos y sociales solo desvía la atención de las verdaderas soluciones, que implican la creación de equidad y oportunidades dentro de los países de origen.
Es tiempo de que reevaluemos nuestra percepción y nuestro enfoque sobre la migración. Debemos trabajar para cambiar las políticas que generan desigualdad y buscar un enfoque más humano y justo en el tratamiento de los migrantes. Esto no solo es un imperativo moral, sino también una necesidad práctica si queremos resolver las causas subyacentes que impulsan a la gente a dejar sus hogares.
La migración siempre ha sido parte de la historia humana, pero nunca debe ser el resultado de la desesperación y la desigualdad. Como sociedad global, tenemos los recursos y la capacidad para asegurar que todos tengan la oportunidad de prosperar en su lugar de origen. Hacerlo no solo frenará la migración forzada, sino que también contribuirá a un mundo más estable y equitativo. Es momento de dejar de gestionar la migración como una crisis y empezar a tratarla como lo que es: un síntoma de un sistema global que necesita ser reformado.