El autor es Consultor en Políticas Públicas y Comercio Exterior.
México tiene que presentar este 21 de mayo, ante el panel encargado del caso del maíz transgénico, su respuesta a los comentarios de Canadá y del USTR sobre su postura inicial del caso, entregada el pasado 15 de enero. Desde entonces, la Secretaría de Economía argumenta que el decreto del 13 de febrero del 2023 no es sujeto de la aplicación de las disciplinas del T-MEC tanto porque el decreto no es una medida sanitaria o fitosanitaria (MSF), como por estar exento de ellas en base a tres de las excepciones acordadas en el capítulo 32 del tratado. Este será el último documento por escrito que se presente ante el panel antes de la audiencia del 26 de junio y que será clave para determinar la solidez de la defensa mexicana.
Este es un caso de la mayor importancia para todos los involucrados. México importa alrededor del 42% del maíz que consume y todo apunta a que en el 2024 se importen más de 19 millones de toneladas, lo que elevará este porcentaje. Además, México es el principal destino de las exportaciones de maíz de Estados Unidos (41%), que representan alrededor del 90% de las importaciones mexicanas de este producto. Un 90% del maíz producido en Estados Unidos es transgénico, mientras que la producción de canola aporta unos 22,000 millones de dólares a la economía canadiense y genera unos 210,000 empleos.
Canadá y el USTR afirman que el decreto es una MSF en base a la definición que el T-MEC incorpora del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC: toda medida aplicada para proteger la vida y la salud de las personas y de los animales en el territorio del país de los riesgos resultantes de la presencia de aditivos, contaminantes, toxinas u organismos patógenos en los productos alimenticios, las bebidas o los piensos. Y en este caso, el artículo sexto del decreto se vuelve el centro de la discusión.
México tendrá que fortalecer su argumentación sobre la aplicación de las excepciones citadas y evitar que el decreto sea considerado una medida discriminatoria y una violación al artículo 11 del capítulo dos del tratado. Para validar que el decreto es un apoyo a la moral pública y para la conservación de los recursos naturales agotables, México tiene que demostrar que existen otras medidas en vigor, además del decreto, que restringen de manera efectiva la producción y consumo de maíz transgénico en el país, lo que el aumento en las importaciones contradice.
Es muy probable que la discusión sobre la aplicabilidad del artículo 5 del capítulo 32 sobre los derechos de los pueblos indígenas genere el debate más amplio, tanto por la redacción del artículo, por la falta de antecedentes y por ciertos argumentos presentados por algunos organismos no gubernamentales. Canadá afirma que el decreto no parece estar diseñado para proteger exclusivamente los derechos de los pueblos indígenas, sino de la población en general, lo que representaría ampliar de manera irrazonable el ámbito del artículo 32.5. Además, este artículo también requiere que México demuestre que el decreto no es una medida discriminativa o una restricción encubierta al comercio, lo que está relacionado con la aplicabilidad de las otras dos excepciones.
Desde finales del 2022, los senadores republicanos Chuck Grassley, Joni Ernst (ambos de Iowa) y Deb Fischer (Nebraska) encabezaron las exigencias de los productores de maíz para que el USTR solicitara la creación del panel. Desde entonces, Grassley y Ernst citaron un estudio realizado por la consultoría World Perspectives, que fue compartido con el Consejo Nacional Agropecuario y con otros organismos mexicanos, que estima que el decreto podría generar en una década un daño por 73,890 millones de dólares a la economía de Estados Unidos y la pérdida de 32,000 empleos. Por ello, argumentan que el USTR debe exigir al menos un resarcimiento de 10,000 millones de dólares, mientras que la senadora Fischer estima deben ser 20,000 millones.
El panel decidirá el monto de la compensación, que se aplicará aumentando aranceles a los productos que escoja Estados Unidos. El problema es que, aunque exportamos más en cantidad a Estados Unidos, nuestra oferta exportable sigue siendo restringida, por lo que nuestros productos más competitivos, no sólo los del sector agropecuario, se verían afectados, aumentando su precio y reduciendo nuestras exportaciones. ¿Acaso México considera que Biden podría vetar o posponer la decisión del panel en noviembre, como lo hizo en el caso de la totoaba o del panel de energía?