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Una de las primeras grandes decisiones que tiene que tomar el próximo gobierno es qué hacer respecto al T-MEC, pues si no hay la voluntad política para solucionar los problemas actuales, concluir su implementación y estrechar la relación con sus socios comerciales, no tiene caso considerar la revisión del 2026. De acuerdo con cifras oficiales, el tratado ampara 85.7% de nuestras exportaciones, lo que el año pasado representó 508,193 millones de dólares, cantidad que este año puede superar los 528,520 millones de dólares. Pero sobre todo, garantiza la confiabilidad de México como socio comercial y destino seguro de la inversión extranjera al ser la columna vertebral de nuestra política comercial.
A lo largo del sexenio Morena parece no haber dado la importancia necesaria al comercio internacional, a pesar de que poco más del 88% del PIB depende de él. Las declaraciones de la semana pasada del coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, ocasionaron una devaluación del peso del 8%, y la propuesta desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica, del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Reguladora de Energía representan violaciones al tratado que cuestionarían su permanencia. El T-MEC está diseñado para aplicarse en economías de mercado que cuenten con instituciones autónomas que faciliten su funcionamiento e implementen medidas correctivas, cuando sea necesario, en base a leyes previamente aprobadas, por encima de la discreción del Ejecutivo.
De esta manera, el nombramiento del próximo secretario(a) de Economía y de su equipo será más importante que en otras ocasiones, pues tendrán que negociar en un entorno por demás proteccionista; deberán navegar un régimen que tiende a fragmentarse cada día más; tendrán que restaurar la presencia de México en Washington y conocer la diferencia entre tarifa y arancel. Todo indica que Trump ganará y que nombrará como USTR a un halcón que defienda la aplicación de un arancel del 10% a todas las importaciones. Y en caso de una victoria de Biden, no debemos esperar cambios en su política de comercio exterior, que ha sido una continuación del régimen de Trump, argumentando la protección a los derechos de los trabajadores de Estados Unidos.
El próximo gobierno deberá atender varios pendientes, empezando por la apelación del resultado del panel sobre maíz transgénico y la implementación de su fallo. El resultado lo conoceremos en noviembre, después de las elecciones en Estados Unidos, pero el panorama no resulta prometedor, en base a los documentos presentados hasta la fecha. El fallo puede implicar afectaciones a nuestros principales productos de exportación, por lo que el próximo gobierno no debería suponer que Estados Unidos seguirá permitiendo violaciones al T-MEC a cambio de la cooperación de México en temas fronterizos.
El segundo es la resolución del problema sobre energía, donde se calcula que están atorados entre 10,000 y 30,000 millones de dólares en nuevas inversiones. Una pronta solución al problema enviaría la señal de que el próximo gobierno está abierto a la inversión privada y que estaría dispuesto a cumplir con los compromisos mexicanos en materia de cambio climático y de buscar una transición energética viable. La decisión implica el futuro de la configuración del sistema eléctrico nacional y la solvencia del suministro energético, sobre todo al considerar continuar atrayendo nuevas empresas.
El tercero es la revisión del tratado. Mientras que el Parlamento canadiense realizó su primera audiencia este 30 de mayo, con el fin de elaborar un estudio que se le presentará a la ministra Ng, con recomendaciones en base a las propuestas del sector privado y de organismos no gubernamentales, además de las observaciones que hagan por su cuenta las dependencias del Ejecutivo canadiense y de los gobiernos provinciales, el USTR continua las consultas con las dependencias federales que inició en noviembre, a reserva de que el Congreso realice diversas audiencias con representantes del sector privado y de los sindicatos, en base al formato establecido en la Ley de Comercio de 1974. La negociación del T-MEC dejó ver la diferencia en los resultados que se pueden generar cuando el gobierno mexicano permite la participación del sector privado.
Finalmente, tendrá que demostrar que está protegiendo efectivamente a la totoaba y a la vaquita marina y evitar un costoso embargo a nuestras exportaciones, que Biden ha pospuesto y del que ha evitado hacer comentarios.