Abogado Experto en Litigio Administrativo y Constitucional, Socio de Santamarina Steta.
Tras los resultados de las elecciones del 2 de junio y el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo, con la coalición conformada por Morena, PT y PVEM, regresa a la mesa la posibilidad de que, en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, es decir, a partir del 1 de septiembre, se avance el paquete de 18 reformas constitucionales que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó, conocido como “Plan C”.
Mediante el Plan C, se prevén cambios a la Carta Magna, con los cuales se busca concretizar varios de los programas de gobierno implementados en la actual administración a través de la modificación en el texto constitucional y, además, se contemplan reformas amplias al Poder Judicial, al sistema político-electoral y a los órganos autónomos.
Estas propuestas de reforma generan especial preocupación en lo que refiere a la reforma judicial, ya que se prevé modificar 16 artículos constitucionales; artículos 17, 20, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 107, 110, 111, 116, 122, además de la aprobación de once transitorios.
Una de las principales preocupaciones de dichas reformas es sobre cómo se elegirán a ministros, jueces y magistrados, actualmente pasan por una serie de procedimientos para poder ser nombrados y ratificados, los cuales generan cierta certeza de que quienes sean nombrados tienen conocimientos técnicos suficientes para ejercer el cargo. La propuesta del presidente es que sean elegidos por voto popular, lo que daría paso a que personas sin experiencia lleguen al cargo y que las sentencias sean dictadas sin un completo entendimiento de los planteamientos del particular y de las autoridades, por lo que con ellos se pone en riesgo el estado de derecho y que exista una impartición de justicia eficaz.
Esta versión de reforma constitucional no cubre todos los mecanismos de elección o sustitución de magistraturas, consejerías y judicaturas, y tampoco se perfila lo que debiera pasar con la estructura de carrera judicial actual, a la cual el Poder Judicial Federal le ha invertido recursos y tiempo desde 1994.
Según el Censo Nacional de Impartición de Justicia 2023 del INEGI, hay 910 personas magistradas y 737 jueces actualmente en México, la iniciativa entonces renovaría mil 686 cargos del Poder Judicial Federal a partir de una selección de más de 10 mil candidaturas, lo que podría afectar severamente el estado de derecho.
Estos temores estarán justificados ante una supermayoría en ambas cámaras del Congreso y en al menos 25 congresos locales, ésta le permitiría aprobar prácticamente cualquier reforma constitucional que se envíe, lo que limita la oportunidad de presentar medios de defensa constitucional (amparos, controversias y acciones de inconstitucionalidad), pues si el texto de la Constitución Federal se modifica, el Poder Judicial tendría que adecuar sus decisiones al mismo. Lo anterior, podría generar temor de los mercados y de la inversión nacional y extranjera.
Se debe recordar que la división de poderes tiene como intención crear contrapesos y generar un balance en las decisiones del gobierno federal, de tal manera que el Poder Judicial siempre debe ser independiente y completamente apartidista para ser un real contrapeso institucional por sí mismo, siendo la Corte el último límite para la protección de los derechos y libertades que garantiza la constitución frente al ejercicio del poder. Pero una supermayoría que permita realizar modificaciones constitucionales resta y limita el alcance que puede tener la Suprema Corte como dicho contrapeso, por lo que es urgente que se haga un análisis congruente de todo aquello que se puede mejorar dentro del Poder Judicial y que la reforma sea en ese sentido, sin poner en riesgo el balance en el estado de derecho que se crea mediante el funcionamiento del Poder Judicial.