El 10 de julio del presente año, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió dos proclamaciones que restringen las exclusiones de aranceles bajo la Sección 232 para ciertos artículos de acero y aluminio importados desde México. La proclamación establece un requisito de fundición y vertido, y de fundición y país de último moldeado para las importaciones de acero y aluminio, respectivamente. Se reimponen aranceles del 25 por ciento a todas las importaciones de acero que se hayan fundido y vertido en un país distinto a México, Canadá o Estados Unidos, y del 10 por ciento a todas las importaciones de aluminio que incluyan aluminio primario fundido o moldeado en China, Rusia, Bielorrusia o Irán.
Los aranceles de la Sección 232 fueron inicialmente implementados por la administración Trump a inicios de 2018, después de que una investigación del Departamento de Comercio de los Estados Unidos concluyera que la importación de productos de acero y aluminio en sus niveles actuales ponía en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. Se argumentaba que, en caso de un conflicto, el país no tendría niveles domésticos de producción adecuados para sus necesidades de defensa. Adicionalmente, la administración Trump inició un cambio de paradigma al declarar que su seguridad nacional estaba íntimamente ligada a su seguridad económica, y así justificó el uso de dichos aranceles. Durante las negociaciones del T-MEC, México y Canadá negociaron excepciones.
La medida fue controversial. Socios comerciales de Estados Unidos, especialmente aliados del T-MEC y la OTAN, señalaron la medida como una traición a sus acuerdos comerciales y de mutua defensa. La justificación de la medida era sin duda difícil de defender, pero, con el tiempo, economistas y analistas reconocieron que dichas acciones eran necesarias para contrarrestar la sobreproducción de China que permeaba el mercado global. Estados Unidos ya aplicaba múltiples medidas de aranceles antidumping y cuotas compensatorias, y estaba pronto a implementar mayores aranceles a dos tercios de las importaciones chinas. Actualmente, todas estas medidas se suman para crear una barrera insuperable de costos adicionales.
Pero existe, por supuesto, el uso de acero chino como un insumo en terceros países. Había quejas abundantes de que México, al estar exento de estos aranceles, era un conducto ideal para el acero chino hacia el mercado de Estados Unidos, aprovechando los beneficios de subsidios de la potencia asiática. Ahora Estados Unidos elimina esta posibilidad.
Este es el inicio del uso de reglas específicas que restringen totalmente el acceso de productos de adversarios al mercado de los Estados Unidos. Seguramente, en el futuro cercano veremos medidas similares en vehículos eléctricos, semiconductores, inteligencia artificial, paneles solares, industria farmacéutica y otras que se determinen como estratégicas en el conflicto económico entre Estados Unidos y China.
En lo que respecta a México, Estados Unidos nuevamente deja en claro que el acceso a su mercado es condicionado y que el cumplimiento con las reglas aduaneras actuales no es suficiente. Se deberá tener en cuenta prioridades comerciales y de seguridad nacional. En otras palabras, no se deberán aprovechar ‘atajos’ o esquemas creativos, aunque legales, que evadan las intenciones del gobierno estadounidense.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China inició en 2018. A seis años, se pensaría que las empresas ya hubiesen implementado planes de fuentes alternativas de proveeduría en seguimiento a los requerimientos legales y el espíritu de las medidas implementadas por Estados Unidos. Aun así, las industrias se declaran sorprendidas ante acciones que debieron ser anticipadas.
El autor es presidente de Global Alliance, agente aduanal de los Estados Unidos.