Director de analítica de datos del IMCO y profesor de macroeconomía del ITAM.
La debilidad institucional entorpece la certidumbre en la impartición de justicia en México. Casi la totalidad de los órganos del Estado avocados a dicha tarea enfrentan cuestionamientos sobre su legitimidad, eficacia y probidad. Entre ellos está el Poder Judicial de la Federación, que enfrenta numerosas fallas, carencias y problemas. Pero esto no implica responsabilizarle por los errores que cometen también jueces locales, fiscalías, policías y tantos otros en los procedimientos de procuración de justicia que contempla nuestro marco normativo.
De acuerdo con la Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado que realiza mensualmente el Banco de México, entre los factores que podrían obstaculizar el crecimiento de la actividad económica de México persisten la falta de Estado de derecho, la corrupción y la impunidad. Al considerar al total de especialistas encuestados que mencionan alguno de estos tres factores, el porcentaje pasó de 20.8 por ciento en enero de 2019 a 24.2 por ciento en julio de 2024, alcanzando un máximo de 30.1 por ciento en mayo de este año. Las menciones exhiben una tendencia al alza, aunque no interrumpida, prácticamente desde septiembre de 2022, lo que evidencia una preocupación notoria entre el grupo de especialistas que se dedican a evaluar la dinámica de crecimiento de la economía nacional.
Esta visión es compartida por más actores que se dedican a valorar las condiciones estructurales y coyunturales que permitan analizar el comportamiento macroeconómico del país. Entre estos están las agencias calificadoras de riesgo.
Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings, las principales agencias que asignan una nota a la deuda mexicana, consideran entre los factores clave aspectos estructurales relacionados con la fortaleza del Estado de derecho, pues existen diferentes mecanismos mediante los cuales, la aplicación pronta y expedita de la justicia, brinda certidumbre al cumplimiento de los contratos, fortalece los contrapesos que deben existir para limitar la arbitrariedad del poder político y envía señales claras sobre el marco regulatorio que rige las actividades productivas del país y el margen de acción de quienes participan en sus mercados.
Actualmente, la calificación soberana del país en moneda extranjera a largo plazo se encuentra en el rango ‘BBB’ en la escala global, que es el último que posee grado de inversión, lo que posiciona a México como una de las pocas economías emergentes que aún preserva este reconocimiento con las tres agencias principales, brindándole un acceso preferencial a los mercados financieros.
Desafortunadamente esta situación puede alterarse, ya que los aspectos que contribuyen a deteriorar la perspectiva de crecimiento del país ponen en riesgo la calificación de su deuda y el nivel de tasas de interés a los cuales se puede financiar. Las métricas fiscales, como el déficit y la deuda, se miden con respecto al tamaño de la economía, por lo cual un escenario de menor crecimiento deteriora el nivel de deuda o déficit como porcentaje del PIB, comprometiendo la capacidad financiera del gobierno.
La reforma que se plantea para el Poder Judicial tiene el potencial para deteriorar tanto el marco institucional del país como la postura fiscal del gobierno federal. Su aprobación crearía un nivel de incertidumbre enorme con respecto a la calidad del Estado de derecho, suficiente para ahuyentar la inversión productiva. Su capacidad destructiva es tan grande, que podría anular la estrecha ventana que aún tiene el país para posicionarse favorablemente frente al fenómeno global del nearshoring.
Pese a los retos que permanecen en la impartición de justicia, México ha construido instituciones para mejorar esa situación. Como mencionó hace unas semanas el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez: ”Hace casi 30 años México apostó por la implementación y desarrollo de la carrera judicial, que puso en el centro a juezas, jueces, magistradas y magistrados para que estos ocuparan su cargo exclusivamente con base en la preparación profesional, el esfuerzo y la evaluación de su desempeño, es decir, el mérito”.
La propuesta de reforma no solo socavaría esa apuesta mexicana por la solidez institucional de largo plazo en la impartición de justicia, sino que agravaría los problemas que aún no se resuelven. El propio ministro ahonda: “El cargo de juzgador no puede sustentarse en los apoyos directos o indirectos que recabe durante la campaña para lograr ganar la elección, porque de manera inevitable comprometerá la independencia y resolución (de sus sentencias) y estará más propicio a la corrupción y al conflicto de interés.”
Vivimos tiempos históricos para el país, en los que la agenda legislativa del presidente saliente puede comprometer aún más el estado democrático, los mecanismos de impartición de justicia, la garantía de los derechos humanos, la estabilidad macroeconómica del país y la solidez de las finanzas públicas. Quizás habría que recordarle las palabras que él mismo pronunció la mañana del 7 de abril de 2005, a propósito de la iniciativa de reforma que ha promovido como un intento para renovar y democratizar al Poder Judicial, pero que en los hechos pone en riesgo muchos de los logros de nuestro país: “Todo acto autoritario suele encubrirse en un discurso de aparente devoción por la legalidad”.
