En menos de 18 horas, la mayoría parlamentaria de Morena y aliados en la Cámara de Diputados aprobó con 357 votos, en lo general y en lo particular, la reforma al Poder Judicial, en medio de protestas de los trabajadores de juzgados y tribunales, así como de estudiantes de derecho, sin siquiera hacer referencia a las suspensiones concedidas en los juicios de amparo promovidos por múltiples jueces.
La tensión que dicha reforma ha creado en el ámbito judicial y político pone en riesgo el análisis. La mañana de este miércoles, los diputados votaron sin tablero y sin consenso entre las partes sobre las diferentes modificaciones.
Entre otros aspectos, se prevé la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, la reducción de la Suprema Corte de 11 a 9 integrantes, así como la desaparición del Consejo de la Judicatura para ser sustituido por un órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial. Además, establece la figura de los “jueces sin rostro” como mecanismo para proteger a los juzgadores en procesos contra el crimen organizado.
Ante la preocupación por la violación al Estado de derecho, jueces han presentado demandas de amparo para evitar el avance del proceso legislativo de dicha reforma. Sin embargo, fue hasta este miércoles que una jueza federal otorgó una suspensión definitiva que ordena frenar por tiempo indefinido la reforma judicial, que ahora seguirá en la Cámara de Senadores. Aun cuando se incurriría en desacato, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, afiliada a Morena, comentó que el procedimiento seguiría a pesar de la mencionada suspensión.
Con lo anterior, se demuestra no solo la falta de diálogo, sino que todos aquellos juzgadores que levantaron la voz antes de iniciar el proceso legislativo están siendo ignorados; peor aún, no se pretende cumplir con una determinación que debería limitar que el proceso continúe.
Tales actuaciones por parte del Ejecutivo ya tienen consecuencias visibles, como el aumento en el precio del dólar y la abierta preocupación por parte del Gobierno de Estados Unidos, que ha sido claro en señalar que la reforma desgastaría la relación entre ambos países. Ante esto, el presidente indicó que Estados Unidos no debía intervenir en el proceso, cuando él mismo ha hecho lo contrario.
Desde luego, en caso de que la reforma no logre ser detenida o ampliamente modificada en la Cámara de Senadores, el panorama del sistema judicial es gris, por no decir completamente oscuro, pues el hecho de elegir a los jueces y magistrados por voto popular y, peor aún, algunos mediante un sistema de tómbola, elimina la posibilidad de que la impartición de justicia esté en manos de personas con años de carrera. Además, abre la puerta para que agentes externos influyan en la votación de los jueces, lo que haría muy dudosa la imparcialidad de estos. Es por ello que resulta trascendental que la suspensión concedida sea respetada, pues si el Ejecutivo no lo hace y continúa con el proceso de reforma, emite una señal de completa impunidad, cuando todo el mensaje que motivó la reforma es acabar con esta y con la corrupción.
Evidentemente, el presidente está empeñado en vengarse del Poder Judicial por haber paralizado y restringido parte de sus planes y proyectos más sonados durante su administración. Claramente, no le importa que los jueces que interpusieron los juicios de amparo hayan expuesto que: “La violación de esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad conforme con lo que dispone el artículo 266, fracción I, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, de consumarse o seguirse ejecutando el acto que se reclama, de inmediato se dará vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para los efectos a que haya lugar”.
Peor aún, el Ejecutivo no repara en que la reforma constitucional podría vulnerar los derechos humanos, no solo de los jueces y magistrados, sino de toda la población, que perdería acceso a una justicia eficaz e imparcial, lo que además de estar reconocido en la propia Constitución Federal, se encuentra previsto en tratados internacionales.