Nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró en su mensaje, tras recibir la constancia de mayoría, la intención de construir lo que llamó el “segundo piso de la transformación”. Entre sus propuestas, destacó el aumento de salarios, la continuidad y creación de programas sociales, el fortalecimiento de la educación con la colaboración del sector privado, la mejora de la infraestructura, en particular en transporte, y la promoción de la inversión como eje para el desarrollo regional y el bienestar social.
Es justo reconocer que, en general, las cifras muestran avances en lo que podríamos llamar el primer piso.
Entre 2018 y 2024, el ingreso laboral promedio de la población ocupada ha crecido alrededor de un 25 por ciento en términos reales, es decir, descontando la inflación.
Este incremento, junto con el aumento en la población económicamente activa y la apreciación del peso, ha permitido mantener el consumo en niveles razonables, lo que ha impulsado la recuperación económica tras la crisis sanitaria. Además, los indicadores de pobreza han mejorado, y aunque de manera muy moderada, también ha habido avances en la formalidad y en la contribución de algunos estados del sur al crecimiento.
Por su parte, la inversión fija bruta que registrará una caída de entre 3 y 4 por ciento en el conjunto de todo el sexenio, mostró un repunte en 2023 y 2024. Su índice, que en diciembre de 2018 era de 95 puntos, llegó a 115 unidades en junio de este año.
Estos progresos han sido posibles no solo debido a la gestión gubernamental, buena parte de ellos se deben a la participación decidida del sector empresarial, que desde 2015 planteo la imperiosa necesidad de mejorar sustancialmente los salarios mínimos.
De la misa forma, durante la crisis sanitaria, los empresarios entendimos que cerrar no era una opción viable, con todas las enormes dificultades, junto con nuestros trabajadores, mantuvimos nuestros negocios a flote. Grandes, medianas y pequeñas empresas.
No obstante, la pregunta clave ahora es si es posible sostener este “primer piso” económico y construir un segundo nivel sin descuidar y debilitar los cimientos del edificio.
Más aún, con un panorama internacional que es complejo. Las limitaciones en el margen de maniobra son evidentes, y tenemos un vecino del norte en la que la probable reducción de sus tasas de interés refleja signos de debilidad económica tras el control de la inflación.
En nuestro país, en tanto, el tipo de cambio ha vuelto a niveles similares a los de diciembre de 2018, impulsado por el nerviosismo de los mercados y las dudas que están generando los cambios jurídicos. También los datos de crecimiento, generación de empleos, consumo, inversión presentan signos de debilidad en sus tasas de crecimiento.
Como señalamos en artículos anteriores, sostener los programas sociales y de inversión del gobierno implicará un déficit cercano al 6 por ciento del Producto Interno Bruto en este año, mismo que en 2025 deberá corregirse con ajustes importantes al gasto público para mantener la estabilidad, pieza fundamental para preservar el poder adquisitivo de los salarios.
Resulta claro que, para crecer, este ajuste deberá ser acompañado de un aumento sustancial en la inversión privada, uno de los pilares fundamentales para sostener los cimientos económicos del país.
El crecimiento económico es un pilar esencial para el desarrollo social en México, un hecho que no puede subestimarse en el contexto actual. No se trata solo de gestionar políticas macroeconómicas, sino de entender que el marco jurídico en el que operan los actores económicos juega un papel crucial. Este marco envía señales a través de reformas que pueden ser percibidas como desestabilizadoras y crea incentivos y obstáculos reales para la actividad productiva.
Las reformas jurídicas y económicas deben abordarse con una visión a largo plazo, considerando tanto el contexto internacional como la necesidad de mantener un entorno de justicia y transparencia que fomente la inversión y la confianza. Sin estos elementos, los avances logrados podrían verse comprometidos, poniendo en riesgo el futuro económico y social del país.
Ojalá que los legisladores se den cuenta de que apresurar cambios jurídicos como hoy se están proponiendo, seguramente va a reducir los márgenes de maniobra del nuevo gobierno y minar los cimientos que el segundo piso en materia económica requiere.