Director de analítica de datos del IMCO y profesor de macroeconomía del ITAM.
Con los últimos días del mes de septiembre concluirá el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el político mexicano más influyente en lo que va del siglo XXI y un personaje que desde hace tiempo es protagonista en la historia contemporánea de nuestro país. El presidente siempre ha mostrado una fascinación personal por inscribir su nombre en la historia, un reto que ya ha conseguido. La pregunta que muchos ensayaremos estos días, desde distintas disciplinas, está en comprender de qué forma lo hará.
Es habitual entre quienes nos dedicamos al análisis económico hacer una ponderación de sus logros en materia laboral. Destaca, por supuesto, la política de salarios mínimos, en la que los datos de la Conasami muestran un crecimiento real de 120 por ciento entre noviembre de 2018 y agosto de 2024, cuando ponderamos el nivel vigente para la región fronteriza y el que corresponde al resto del país. Dicho crecimiento es de 112 por ciento si excluimos a la frontera.
Este incremento fue superior al de los precios gracias al proceso de desindexación que le precedió, ya que se desvinculó el nivel de salario mínimo de la fijación de diferentes cuotas, tarifas y sanciones, aislando sus movimientos de otros precios de bienes y servicios en la economía. También es cierto que en una economía con niveles de informalidad laboral que superan el 60 por ciento, la política de salarios mínimos tiene un nivel bajo de penetración en las condiciones salariales de una porción enorme de la población ocupada. Aun así, existe evidencia de la presión al alza que ha ejercido esta política sobre la inflación de servicios en el proceso de recuperación posterior a la pandemia.
Si extendemos el análisis a otros indicadores de ingresos captados en el mercado laboral, la evidencia se multiplica. El salario promedio de cotización del IMSS creció 34 por ciento en términos reales en el mismo periodo y la masa salarial, es decir, la suma total de salarios pagados en la economía, en 39.7 por ciento. Además, como era de esperarse, dicho incremento se trasladó a una expansión relevante del consumo privado que registra un efecto acumulado de 10.9 por ciento entre el cuarto trimestre de 2018 y el segundo trimestre de 2024. De esta forma, el consumo contribuyó, desde la demanda, a impulsar el crecimiento del PIB, que para el mismo periodo creció 4.5 por ciento.
Al mismo tiempo que estos indicadores muestran un avance importante en materia económica, hace falta señalar sus contrastes. De entrada, pese a que los salarios han aumentado, la productividad laboral ha caído en cerca del 4 por ciento entre el trimestre previo al inicio de la administración y el dato más reciente. Esto quiere decir que se ha deteriorado la eficiencia de las personas que trabajan en el uso de su tiempo para producir bienes o servicios, por lo que están lejos de financiar el incremento observado en los salarios.
Además, cuando evaluamos el crecimiento económico por persona, si este año el PIB crece al 1.57 por ciento, las cifras del PIB per cápita mostrarán un incremento acumulado de 0.2 por ciento, prácticamente sin cambios. Esto nos muestra que el motor del mercado interno para hacer crecer la economía estuvo acompañado de un crecimiento en magnitud similar a la población, por lo que el efecto neto se desvaneció.
Otro aspecto de interés fue el uso del espacio fiscal para impulsar la política social basada en transferencias directas. Este sexenio se incrementó de forma notable el gasto en diferentes programas de pensiones en efectivo que incrementaron la disponibilidad de ingreso de las familias y que contribuyeron a mejorar los indicadores de pobreza. No obstante, el gasto de estos programas no se financió con un fuente de ingresos recurrentes, como los impuestos, por lo cual contribuyó, junto con otros proyectos a heredar un nivel de déficit que no habíamos visto desde finales de la década de los ochenta del siglo XX.
En síntesis, se promovió una política de salarios y gasto en transferencias que incrementaron de forma relevante la captación de recursos de los hogares. Desafortunadamente, lo primero no vino acompañado de una estrategia de política pública que buscara mejorar la productividad laboral. Si esto no se corrige vendrá un ajuste sobre los precios o sobre la ocupación, es decir, inflación, desempleo, informalidad o una combinación de las tres. En cualquier caso, habrá presiones sobre el crecimiento.
Las alternativas que tendrá el próximo gobierno desde la política fiscal para prevenir este resultado enfrentan a su vez un espacio de acción sensiblemente deteriorado, lo que nos invita a reflexionar sobre la necesidad de una reforma fiscal en un entorno político y social donde será muy costoso promoverla. Frente al corte de caja del sexenio, esos son los dilemas que heredará la nueva presidenta, que van de la mano de una renovada invitación a plantear rutas de desarrollo que se adhieran a un enfoque de sostenibilidad.
