Mañana, la doctora Claudia Sheinbaum inicia su mandato presidencial. Posteriormente, deberá entregar el llamado Paquete Económico antes del 15 de noviembre. Fechas y acontecimientos relevantes que pueden marcar el rumbo y estilo personal de gobierno.
Es previsible que reafirme las promesas centrales que defendió a lo largo de su campaña: el apoyo a la economía popular, la vinculación directa con la población en las decisiones, la preservación del gasto social, la mejora del poder adquisitivo. Propósitos inobjetables.
No obstante, hay dos cuestiones clave:
Primera, los cimientos del edificio para que la transformación anunciada pueda sostenerse en el tiempo. La capacidad de atraer inversiones, el equilibrio de los ingresos y gastos del gobierno, la estabilidad, el control de la inflación, el desarrollo regional, la transición de la economía informal, la formación y capacitación, entre otros.
Segunda, lo que conocemos como economía política, entendida como el proceso mediante el cual se toman decisiones dentro del entramado institucional y social del país. Aquí, las relaciones de poder, la comunicación, los consensos y la construcción de expectativas positivas entre los actores, como empresas y trabajadores, son esenciales.
Hay que reconocer que las decisiones económicas se toman en un contexto en el que participan múltiples intereses. Su éxito dependerá de la habilidad para coordinar estos actores eficazmente.
Un aspecto que se ha vuelto evidente es que la representación política tradicional, mediada por los partidos, ha mostrado sus limitaciones para articular demandas y propuestas viables por carecer de los elementos propios de la vitalidad de los organismos intermedios, el de velar por el bien común, su autonomía, legítimos intereses y no la búsqueda del poder.
La confianza en las instituciones es un aspecto esencial, las empresas, inversionistas y trabajadores deben percibir un gobierno capaz de generar estabilidad, certeza y condiciones para el desarrollo.
Diálogo social y acuerdos específicos que involucren a trabajadores, sindicatos, academia y organismos empresariales pueden resultar de mucha utilidad para la gestión del gobierno y las políticas públicas, encontrar mecanismos para mejorar la competitividad y generar mayor seguridad jurídica. Construir acuerdos que fortalezcan al país en su conjunto.
Diálogo que no solo será clave para abordar los desafíos económicos, también para reducir la polarización que ha marcado la vida política.
Los organismos empresariales pueden ser aliados estratégicos si se les integra en la toma de decisiones con visión de largo plazo.
Son cruciales mensajes asertivos sobre cómo se aplicarán las reformas jurídicas, así como las políticas de promoción y fomento de cientos de miles de pequeñas y medianas empresas, base de la pirámide de la generación de riqueza.
Escuchar igualmente a sectores que pueden considerarse como minoritarios, con legítimos intereses que, al ser incluidos, se fortalece la democracia y el propio Estado de derecho.
Hay que tomar decisiones clave relacionadas con el TMEC, la política salarial, el gasto público, las políticas macroeconómicas para 2025. Aspectos que deben ser entendidos como parte de la dinámica de la economía política, no solo como decisiones técnicas, sino procesos que requieren la interacción entre gobierno y sociedad.
En un entorno internacional marcado por la incertidumbre económica y la desaceleración, los consensos con los actores económicos resultan de gran utilidad.
El propósito expresado por el secretario de Hacienda de mantener la disciplina, ajustar el déficit fiscal, requerirá esfuerzos importantes, dado que algunos de sus supuestos han dejado de tener vigencia.
El crecimiento estimado por el Banco de México se ha ajustado a la baja, con proyecciones que ahora rondan el 1.2 por ciento, por debajo de lo esperado. Implicará ajustes en diferentes variables para lograr la consolidación fiscal y la necesaria reducción del déficit del 6 al 2.5 por ciento del PIB.
La confianza, la participación y el diálogo social serán claves para que la agenda de transformación económica y su impacto social sea sostenible.
El autor es expresidente de Coparmex CDMX.