De acuerdo con la Real Academia Sueca de Ciencias, Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson son acreedores al Premio Nobel de Economía 2024 por sus estudios sobre “cómo se forman las instituciones y afectan a la prosperidad”. Estos tres académicos son bien conocidos por varios libros –como Por qué fracasan los países, Poder y progreso o El pasillo estrecho– que analizan de manera comparativa el desarrollo de varios países y tratan de explicar las razones por las que algunos son prósperos y poderosos, mientras que en otros, mucha gente lucha para subsistir con menos de dos dólares al día.
Su trabajo se basa en las contribuciones del ganador del Premio Nobel de Economía en 1993, Douglass North, quien identificó el papel de las leyes y normas que rigen a una sociedad, y su cumplimiento, como un elemento determinante para el buen funcionamiento del mercado, la atracción de inversión externa y para determinar el ritmo de crecimiento y desarrollo de una sociedad. North definió a las instituciones –o institutions en inglés– no como dependencias de alguna autoridad, sino como las estructuras que rigen a una sociedad, con base en reglas que propician cierta conducta y, por lo tanto, generan certeza entre los miembros de esa sociedad, que a su vez se refleja en los costos y en la producción. En otras palabras, las instituciones son las reglas del juego bajo las que se desenvuelve un país y funcionan los mercados y su aplicación y cumplimiento depende tanto de las autoridades como de los propios miembros de la sociedad.
Las instituciones juegan un papel clave en la tasa de crecimiento y desarrollo de un país al establecer las oportunidades y restricciones a la inversión privada. Uno de los cambios más importantes que trajo la entrada en vigor del TLCAN fue la ampliación de oportunidades para invertir en México bajo reglas claras y sin que en cada caso se necesitara del visto bueno del gobierno. De acuerdo con el Banco de México, el promedio anual de la inversión extranjera directa (IED) en México pasó de 3 mil 408.4 millones de dólares en el periodo 1986-93, a 10 mil 898.8 millones en el periodo 1994-99.
Aunque Kamala Harris dijo la semana pasada desconocer la reforma judicial aprobada en septiembre, existe una enorme preocupación del sector privado estadounidense –la principal fuente de IED en México– por la seguridad de sus inversiones en territorio mexicano, que superan los 145 mil millones de dólares, y por el futuro del Estado de derecho en el país que garantice el cumplimiento del T-MEC. También existe molestia en el Congreso de Estados Unidos, donde la resolución HRES.1435 está lista para ser votada en noviembre, con las preocupaciones de la Cámara baja por la reforma judicial, así como la propuesta de ley S.5286, que restringiría las exportaciones de gas a nuestro país.
La presidenta Sheinbaum dijo a los inversionistas de Estados Unidos, durante la reunión del 15 de octubre, que no deben preocuparse por los efectos que pueda tener sobre sus proyectos la reforma judicial. Sin embargo, no explicó las razones que apoyaran sus declaraciones. Y a dos días del evento, declaró que un juez no está por encima del pueblo de México y que se presentaría una demanda en contra de la jueza Nancy Juárez ante el Consejo de la Judicatura. Entonces, ¿cuál es el papel de las leyes y del Poder Judicial en México? Acemoglu, Johnson, Robinson y North preguntarían: ¿cuáles son las instituciones que garantizan la IED en México?
Las declaraciones de Sheinbaum en contra del Poder Judicial generan mayor preocupación al comparar los resultados del CEO Dialogue 2024 con los de la Cumbre Internacional de Inversionistas, celebrada en Londres el día anterior, donde el gobierno del nuevo PM Keir Starmer obtuvo compromisos en firme por 82 mil millones de dólares, luego de que el gobierno inglés ofreciera –entre otros incentivos– reducir la tasa fiscal a las grandes corporaciones al 25 por ciento, al menos hasta el final de la actual legislatura. Ante este panorama, las autoridades comerciales de Estados Unidos y Canadá han empezado a preguntarse cómo reaccionará el gobierno mexicano ante la posibilidad de que el panel que analiza el caso del maíz transgénico establezca una sanción en contra de México. El reporte final se espera entre la segunda quincena de noviembre y la primera de diciembre. Rechazar el veredicto implicaría desconocer la legitimidad del propio tratado y haría aún más difícil considerar que México siguiera siendo parte del mismo después de la revisión.
El autor es consultor en políticas públicas y comercio exterior.