Esta semana se dieron a conocer los resultados financieros de Pemex al tercer trimestre del año, es decir, el recuento de las cifras que dan cuenta de su operación entre el 1 de enero y el 30 de septiembre. En adición al análisis temporal que es habitual, la fecha es simbólica porque coincide con el cierre de la administración federal del expresidente López Obrador, por lo tanto, resulta útil para evaluar parte de su estrategia energética, particularmente en el sector de hidrocarburos.
Petróleos Mexicanos reportó durante el periodo de referencia una pérdida acumulada de más de 430 mil millones de pesos, una cifra que, salvo por los números que registró durante la pandemia del covid en 2020, es la más alta en prácticamente 13 años. Para dimensionar su tamaño, la cantidad de recursos que perdió Pemex equivale a que cada persona que habita el país hubiera perdido 3 mil 250 pesos en estos nueve meses.
Si lo queremos entender desde el horizonte temporal, suponga que esta columna le toma leerla aproximadamente 5 minutos. Pues en ese lapso, Pemex habrá perdido en promedio 5.4 millones de pesos si mantuviera el ritmo de pérdidas observado en los primeros nueve meses del año. Desde luego, esta operación sería insostenible para cualquier empresa, a menos que existiera alguien dispuesto a financiarla pese a sus pobres resultados. En nuestro contexto, es el gobierno federal quién continúa dispuesto a apostarle a la empresa mediante su estrategia de apoyo irrestricto.
La pregunta es qué tan rentable es la operación de Pemex sin incorporar la intervención del gobierno federal, tanto a su favor vía los esquemas de transferencias y contribuciones de capital, como en contra, con el tamaño de la carga fiscal que enfrenta especialmente en su segmento de exploración y producción. A nivel operativo, Pemex reporta un superávit de 25 mil millones de pesos que se va diluyendo por diferentes razones.
En primer lugar, el costo financiero de la empresa, esto es, el monto de intereses que pagó sobre su deuda le resta 101 mil millones de esos a su superávit operativo. Otros 13 mil millones de pesos los pierde en sus operaciones con derivados financieros, y 256 mil millones de pesos extra como resultado del riesgo asociado a la volatilidad observada en el tipo de cambio. Finalmente, con un monto considerablemente reducido por concepto de derechos e impuestos, la empresa eroga 85 mil millones de pesos más, lo que explica su pérdida neta por 430 mil millones.
Estos resultados muestran que, aún sin incorporar el efecto de las variables financieras que no controla la empresa, ni la intervención gubernamental que extrae parte de su utilidad operativa a través del régimen fiscal, los resultados de Pemex son cada vez más preocupantes. Específicamente, cuando analizamos el desglose de su utilidad operativa por segmento, la empresa reporta una utilidad de 271 mil millones de pesos en exploración y producción, que prácticamente se desvanece frente a la pérdida de 217 mil millones de pesos que registró en transformación industrial.
Por ende, frente a lo complejo que resulta para Pemex gestionar los vencimientos más próximos de su deuda, ya sea por la volatilidad cambiaria, sus operaciones con derivados, o las tasas a las que cotizan sus bonos por el riesgo intrínseco en su capacidad de pago, es indispensable evaluar los aspectos operativos que podrían comunicar una estrategia de rentabilidad factible tanto dentro de sus limitaciones como por la creciente dependencia que tiene del apoyo gubernamental.
Hace unos días conversaba sobre ello con Jesús Carrillo, amigo y economista que suele plantearme preguntas tremendamente complejas en sus momentos más reflexivos. Para ambos resulta emblemático (y aleccionador) lo exitoso que ha sido el esquema de migración sin socios para el proyecto de Ek Balam por dos razones: fomenta la rentabilidad en la operación de un activo muy productivo y crea las condiciones para que los frutos de esa rentabilidad operen a favor de su propia gestión en un horizonte de mediano y largo plazo.
Pensar en un diseño de ese tipo a nivel agregado para Pemex resulta por demás deseable. Para lograr que este mecanismo sea la regla y no una honrosa excepción, el régimen fiscal de asignaciones requiere incorporar esos incentivos y mimetizar los términos fiscales presentes en los contratos para fomentar el ciclo de rentabilidad y reinversión que sí se observa en activos como Ek Balam. Pemex posee los elementos para hacerlo y, pese a todos los hándicaps, ya ha probado que es posible. A la nueva administración, como sugiere Sabina, le corresponde arriar en esa dirección la bandera.
