Ha pasado poco más de una semana desde el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y, a medida que conocemos más de lo que será su plataforma de gobierno, el conjunto de elementos a considerar en el sector energético se multiplica en ambos lados del balance de riesgos. Dependiendo del horizonte con el que evaluemos las implicaciones de las políticas que se esperan en su administración podremos observar resultados distintos para nuestro país.
El modelo de transición energética que es asequible para México en los próximos años, aún en el escenario ideal, pasa por una ruta que implica abandonar paulatinamente la dependencia de combustibles fósiles, renunciando a los más contaminantes, como el combustóleo, y adoptando otros que generan menos emisiones y son más eficientes desde el punto de vista calórico y ambiental como el gas natural. Esa transición, además, contribuye a que el sector tenga un suministro confiable de energía y de capacidad.
Otro nivel de la transición deseable para el país incluye considerar más fuentes de generación de energía eléctrica, particularmente las renovables, entre las cuales están las eólicas y solares. Estas fuentes contribuyen a incrementar la oferta de energía eléctrica del país, pero su perfil es más errático para aportar capacidad al sistema, lo que alimenta muchos debates sobre la conveniencia de incrementar la capacidad únicamente por ese lado.
Frente a los retos de la transición energética que el país posee desde el punto de vista técnico, la coyuntura política actual los multiplica. El programa energético ambiental que tendrá Estados Unidos a partir del próximo año se enfoca en la construcción de proyectos estratégicos en el transporte de gas y desdeña muchos de los riesgos ambientales que por ahora los ha detenido. A esto hay que añadir la intención de eliminar muchos de los beneficios del plan de reducción de inflación que promovió la administración de Joe Biden y que tendrá impacto sobre la rentabilidad de las empresas renovables.
En el corto plazo, la apuesta trumpista por los proyectos de gas natural puede multiplicar las posibilidades de que el país se beneficie del acceso que tiene a uno de los centros productivos más ricos en gas natural a nivel mundial a precios de mercado altamente competitivos. Esto significa que México está en la posibilidad de explotar este momento de forma favorable para beneficiarse de mayor acceso al gas natural al tiempo que su proceso de transición energética así lo requiere.
El reto para la planeación energética del país, no obstante, está a mediano y largo plazo. Así como es indispensable lograr la transición energética posible, a través del gas natural, también resulta igualmente relevante que se avance en una agenda ambiental sostenible, esto es, que la promoción de generación de electricidad con base en fuentes renovables vaya acompañando este proceso de transición. El riesgo está en que será un sector que enfrente mayores retos de rentabilidad a nivel regional.
Frente a esto, el gobierno mexicano ha presentado en los últimos días el Plan Nacional de Energía 2024-2030 y la Estrategia Nacional del Sector de Hidrocarburos y Gas Natural 2024-2030, con lo cual ha esbozado sus metas centrales para los sectores eléctrico, petrolero y de gas natural para los próximos años. Destacan ideas que pueden explotar las oportunidades que tiene el país en el contexto de su relación comercial con Estados Unidos, pero que dejan abiertas muchas dudas de implementación que serán claves para explotar esos beneficios al máximo.
Existen indicios que para el sector serán críticos, como los mecanismos de asociación para promover la participación del sector privado, la claridad en las reglas de participación en los mercados energéticos y las reglas de planeación en áreas estratégicas para el desarrollo energético del país. A esto hay que añadir la participación preponderante que se plantea para las empresas públicas en estos mercados y que planteará enormes retos para el cumplimiento del T-MEC.
Finalmente, con la presentación del paquete económico para 2025, que hará mucho más evidentes las restricciones presupuestales que enfrenta el Gobierno Federal para sostener su estrategia energética, es posible que se abran mayores posibilidades para la participación privada en distintos segmentos de la cadena productiva. Al respecto, es fundamental recordar el papel que juega el sector energético como precursor del crecimiento económico, el cual, a fin de cuentas, es la base para una evolución sostenible de los balances fiscales.
El autor es Director de analítica de datos del IMCO y profesor de macroeconomía del ITAM.
