La infraestructura de almacenamiento de combustibles en México enfrenta una grave crisis. Según estimaciones de la Agencia Internacional de Energía (IEA), México cuenta con menos de cinco días de capacidad de almacenamiento, mientras que países como Alemania y Estados Unidos superan los 30 días.
Aunque la iniciativa privada ha expresado interés y realizado inversiones que van desde 250 mil hasta más de 20 millones de dólares para participar activamente en la expansión de esta infraestructura crítica, la falta de colaboración y apertura por parte del gobierno desde 2019 ha detenido proyectos clave. Esta situación compromete la seguridad energética del país, genera costos económicos significativos y reduce la competitividad frente a otras naciones.
Según reportes de la Secretaría de Energía (Sener), México cuenta con una capacidad promedio de almacenamiento que cubre entre 2.5 y cinco días de consumo nacional (hay regiones en el país que sólo tienen 20 minutos de almacenamiento), un nivel insuficiente para atender las necesidades del mercado interno y protegerse ante emergencias. En comparación, países de referencia como Brasil y Colombia cuentan con más de 15 días de reservas estratégicas, Japón 90 días, Perú 60 días, según datos de la IEA.
La insuficiencia en el almacenamiento de combustibles genera múltiples costos económicos. Según un análisis de Bloomberg, la falta de reservas estratégicas en México incrementa la volatilidad en los precios de los combustibles, lo que afecta directamente los costos para las empresas y los consumidores finales.
Además, la ausencia de una red robusta de almacenamiento limita la capacidad de aprovechar precios internacionales favorables. Sin espacio para acumular reservas cuando los costos son bajos, el país pierde oportunidades económicas clave, especialmente en un entorno global cada vez más competitivo y volátil.
La limitada capacidad de almacenamiento coloca a México en una posición vulnerable ante emergencias, interrupciones logísticas y fluctuaciones de la oferta global. Según datos de la CRE y la Sener, en caso de una interrupción en las importaciones, el suministro nacional podría verse afectado en menos de una semana.
Este riesgo no solo compromete la estabilidad de las industrias clave, sino que podría desencadenar impactos sociales significativos, como el desabasto en regiones altamente dependientes del transporte terrestre para su abastecimiento.
A pesar de los beneficios de la participación privada, las políticas actuales han limitado esta colaboración. Según reportes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), varios proyectos de almacenamiento se encuentran detenidos debido a retrasos regulatorios o falta de incentivos claros.
Existen proyectos que están en pausa desde 2019 y que desde el punto de vista de este análisis representan una oportunidad clave para reactivar el desarrollo. El proyecto de desarrollo para construcción de una terminal de almacenamiento de gran capacidad (más de 600 mil barriles) puede llevar hasta 36 meses antes del inicio de construcción, gran parte de este tiempo se centra en la obtención de los permisos principalmente de índole federal. Algunos de estos proyectos ya cuentan con permisos obtenidos, ingenierías ready to build desarrolladas y capital asegurado, lo que podría permitir una rápida ejecución y puesta en operación si se reabrieran los canales de colaboración público-privada.
En este contexto, una oportunidad clave para promover la colaboración entre gobierno e iniciativa privada radica en retomar proyectos suspendidos desde 2019. Muchas de estas iniciativas, detenidas justo antes de iniciar construcción, cuentan con permisos avanzados y capital listo.
México no puede permitirse ignorar las lecciones internacionales. Abrir canales de diálogo, establecer marcos regulatorios claros y crear incentivos específicos son pasos necesarios para transformar el panorama actual. Solo con una visión conjunta será posible garantizar un suministro energético seguro, eficiente y competitivo.
La autora es especialista en midstream y downstream oil and gas.
