El derecho a una vivienda digna es una causa que trasciende ideologías. Aplaudir una reforma que busque garantizarlo, como la recientemente aprobada en el Senado, es natural. Construir 2 millones de viviendas a bajo costo, el que los trabajadores puedan rentar una casa y que, parte de esa renta se tome para una eventual compra, suena no solo necesario, sino transformador. Sin embargo, cuando miramos más allá de la intención y analizamos los medios y lo que no dice la reforma, encontramos elementos que no solo son polémicos, sino que deben ser evaluados con mucho rigor para evitar que esta noble causa se desvirtúe.
La reforma al artículo 123 constitucional propone otorgar acceso a vivienda digna mediante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), orientado hacia créditos baratos y un sistema de arrendamiento accesible. Adicionalmente, abre la puerta para que una filial del Estado adquiera suelo y construya viviendas. Es aquí donde surgen preguntas que considero esenciales para los trabajadores que aportan al fondo y para las empresas obligadas a financiarlo.
El corazón de esta polémica está en la posibilidad de que los recursos aportados por los trabajadores y empleadores sean gestionados directamente por el Estado para financiar la construcción de vivienda. Este esquema, aunque en papel, busca beneficiar a las personas con menos posibilidades, deja dudas sobre la solidez de los controles para garantizar que los recursos se destinen exclusivamente a estos fines. Conforme a los términos de la reforma, desaparecen los contrapesos que han existido en los órganos de control, administración y transparencia del Instituto y le dan todas las facultades para que el gobierno decida sobre el destino de los recursos que, no debemos perder de vista, son de las personas trabajadoras que, en muchos de los casos, han ahorrado durante años. Recordemos que el monto del cual estamos hablando asciende a 2 billones de pesos.
La experiencia nos enseña que el manejo de fondos por parte de entes públicos debe ser minucioso y transparente, especialmente cuando, como señalamos, se trata de recursos acumulados durante años por millones de trabajadores. Si bien la presidenta Sheinbaum asegura que no existe riesgo alguno para estos ahorros, no se han dado a conocer mecanismos específicos que blinden su uso ¿Cómo asegurarse de que este dinero no sea desviado hacia otros fines o administrado de forma ineficiente?
La decisión de que una empresa filial del Estado participe activamente en la construcción de viviendas también genera inquietud. Aunque este modelo tiene precedentes en países con economías sólidas y sistemas de supervisión robustos, en México históricamente hemos visto ejemplos de empresas estatales que han enfrentado problemas financieros o de ejecución. Diría que por regla general el Gobierno es deficiente cuando se trata de administrar recursos.
Además, en un país donde las constructoras privadas y empresas relacionadas con el ramo de la construcción, han tenido un rol importante en la generación de empleos y en la dinamización de la economía, es muy válido cuestionar si este enfoque estatal podría generar una competencia desleal o desplazar al sector privado, lo que puede traducirse en desempleo.
Es evidente que la intención detrás de esta reforma es positiva y busca atender un problema urgente: el acceso a vivienda para las familias mexicanas. Sin embargo, no podemos ignorar los riesgos implícitos en su implementación. Se requiere un marco normativo claro, con reglas de transparencia y rendición de cuentas que aseguren que los fondos de los trabajadores serán utilizados única y exclusivamente para los fines previstos. También es indispensable abrir un diálogo con los sectores involucrados, desde las organizaciones sindicales hasta las constructoras privadas, para garantizar que esta reforma no solo sea viable, sino sostenible en el tiempo.
La vivienda digna no puede construirse sobre cimientos de incertidumbre. Para que esta reforma logre el impacto que promete, es imprescindible garantizar que cada peso que, en su caso, tome el gobierno, sea realmente invertido en vivienda y, en consecuencia, sea un paso hacia el bienestar de los trabajadores y sus familias.
