Comienzan las preparaciones para la revisión del T-MEC en el umbral de la inauguración de la segunda presidencia de Donald Trump y en el ocaso del gobierno del primer ministro Trudeau en Canadá.
Los tres países se disponen a iniciar los trabajos correspondientes a la revisión conjunta del T-MEC en julio de 2026.
En el caso del gobierno norteamericano, tan pronto como el mes de octubre de 2025 éste debe llamar a consultas a los grupos de interés relacionados con el tratado para que se pronuncien acerca de las bondades de este y las áreas de oportunidad con miras a la revisión a efectuarse el año entrante. A inicios del año entrante el Representante Comercial de los Estados Unidos deberá informar a su Congreso los temas que desea llevar a la mesa de revisión.
En el caso de México, el gobierno a cargo de la Dra. Sheinbaum ha comenzado la preparación por conducto del Lic. Ebrard a la cabeza del equipo mexicano, habiendo iniciado trabajos de auscultación en distintos sectores de la economía, en aras de lograr conformar lo que se conoce como el Cuarto de Junto que acompañe en el esfuerzo al equipo de la Secretaría de Economía.
La postura canadiense dependerá en parte de los resultados de los comicios próximos; podría anticiparse, si los expertos aciertan en sus pronósticos, que el partido conservador regrese al poder con más afinidades que diferencias con la nueva administración Trump.
Cabe recordar que esta cláusula de revisión periódica del tratado es inédita en la historia de los tratados comerciales en el mundo y que no existe precedente alguno ni reglas específicas acerca de la dinámica que tendrá lugar a partir del primero de julio del año entrante.
Es poco y de manera muy general lo que se escribió en el texto del tratado acerca de esta revisión conjunta, con lo cual la puerta está abierta para que, dependiendo de la percepción y las coyunturas prevalecientes en cada país, el ejercicio pueda rebasar aquel de una mera revisión acercándose a la reapertura y renegociación de temas o bloques completos.
Lo que queda claro es que la importancia del tratado no puede ni debe soslayarse, para los tres países. Con cifras al cierre del año 2023, el intercambio comercial entre las tres economías alcanzó 1.88 billones de dólares, equivalente a un intercambio de 3.6 millones de dólares por minuto, y representa una tercera parte del PIB mundial en un mercado de 500 millones de personas.
La interdependencia entre las tres economías es incuestionable y particularmente aquella existente para efectos de nuestro país entre nuestro vecino del norte y la economía mexicana. A manera de ejemplo, baste recordar que, en el mercado automotriz, el 42 por ciento de las autopartes que se ocupan en el ensamble y la fabricación de automóviles en los Estados Unidos provienen de fábricas mexicanas.
La imposición de aranceles ha sido una constante en la narrativa del presidente Trump, desde las promesas de campaña y sería difícil pensar en echar para atrás lo prometido. Sin embargo, sería cuesta arriba pensar en la aplicación de aranceles al 25 por ciento, siendo probable que la aplicación de aranceles sea de manera selectiva y diferenciada en cuanto al porcentaje en cada caso.
Es altamente probable que sea el gobierno norteamericano quien lleve la voz cantante en las negociaciones llevando temas que considera prioritarios a la mesa (estos seguramente incluirán mecanismos de bloque efectivo a la injerencia de empresas y productos chinos, la promoción y protección de la explotación de minerales críticos, la revisión de las reglas de origen y, muy probablemente, reabrir secciones del tratado que han resultado desfavorables en fallos emitidos en contra de los intereses de EU. En el caso específico de México, es posible que el tema de la reforma judicial sea entre otros, objeto de cuestionamiento y, para el caso de Canadá el recientemente aprobado impuesto sobre servicios digitales.
El resultado de esta revisión puede ser, idealmente, que los tres países estén conformes en hacer revisiones y en continuar con el tratado, renovándolo hasta julio del año 2042. En caso de que uno solo de los países no esté de acuerdo en renovarlo, el mecanismo a seguirse consistirá entonces en continuar con revisiones anuales hasta lograr un acuerdo para extender el tratado hasta 2042. Este mecanismo implica que estas revisiones anuales pueden extenderse hasta 10 años, concluyendo el tratado en 2036 en caso de no existir consenso entre los tres países.
Otra posibilidad es que alguno de los tres denuncie el tratado y pretenda darlo por terminado, para lo cual bastaría con una notificación con seis meses de anticipación. Esto, que no se anticipa aun como una posibilidad, podría ser utilizado como amago por parte de EU para presionar acuerdos favorables a su causa.
Es este un ejercicio al que debemos estar atentos, dada la relevancia del acuerdo para los tres países, pero particularmente el nuestro, cuya economía depende enormemente de las bondades del tratado y de la prosperidad de Norteamérica como región.
