El pasado 2 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expidió una nueva orden ejecutiva llamada “Regulación de importaciones con un arancel recíproco para rectificar prácticas comerciales que contribuyen a déficits comerciales anuales grandes y persistentes de bienes en Estados Unidos”. Dicha medida del Ejecutivo Federal norteamericano impone un arancel global del 10% a todas las importaciones a los Estados Unidos, con base en una anticuada Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. También se contempla que en adición al señalado arancel global del 10 por ciento, se incrementará entre un 11 por ciento y un 50 por cinto a un listado de 57 países con arancel recíproco, el porcentaje efectivo se realiza por el actual gobierno norteamericano, con base en su consideración sobre prácticas comerciales no recíprocas o discriminatorias por parte de esas otras naciones.
Dicha imposición de aranceles recíprocos de los Estados Unidos a varios de sus socios no impactó tan negativamente a México y Canadá; ya que los bienes y mercancías que se ubique en el paraguas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no se someten ni al arancel global ni a los aranceles específicos, aunque las mercancías provenientes de nuestro país y Canadá que no están contempladas en el T-MEC y que, por ende, se sometieron en marzo pasado al arancel del 25 por ciento se mantendrán bajo ese gravamen.
Estas acciones se suman a una serie de políticas proteccionistas implementadas durante la administración Trump, buscando reducir el déficit comercial estadounidense y fomentar la producción nacional. Sin embargo, las implicaciones de estos aranceles son profundas y multifacéticas, afectando negativamente a la gran mayoría de los mercados financieros internacionales, sin perjuicio de las afectaciones a nuestra economía nacional como a la estadounidense, lo cual podría acelerar la llegada a una recesión en ambas.
México, cuyo 80 por ciento de las exportaciones tienen como destino Estados Unidos de América, se ha visto impactado por todas decisiones que generan inestabilidad, ralentización y nerviosismo en los flujos comerciales. Sectores clave como el automotriz, el agrícola y el manufacturero enfrentan una subida de costos no contemplada, para acceder al mercado estadounidense. De mantenerse estos aranceles durante todo el año, se estima que las exportaciones mexicanas podrían disminuir en un 12%, lo que resultaría en una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) de hasta un 4 por ciento en 2025.
Además, la imposición de aranceles podría desencadenar una depreciación del peso mexicano, aumentando la inflación y reduciendo el poder adquisitivo de los ciudadanos. La incertidumbre generada también podría disuadir la inversión extranjera directa, afectando negativamente el crecimiento económico a mediano y largo plazo, y eso traería mayor inquietud a los distintos mercados.
Ante esta situación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha optado por una estrategia cautelosa, evitando imponer aranceles recíprocos a productos estadounidenses. Esta decisión busca mantener abiertas las vías de negociación y evitar una escalada en la guerra comercial que podría ser perjudicial para ambos países. Sheinbaum confía en que la reciprocidad y el marco del T-MEC sirvan como base para resolver las disputas comerciales de manera favorable, por ello es de suma importancia que el gobierno mexicano no caiga en provocaciones y siga actuando con esa “inteligencia emocional”, sin caer en provocaciones.
Para los Estados Unidos, la aplicación de estos aranceles también tendrá consecuencias significativas. Numerosas empresas han anunciado aumentos en los precios de sus productos para compensar los mayores costos de importación. Sectores como el alimentario, el minorista, la electrónica y la manufactura se ven particularmente afectados. Por ejemplo, compañías como Conagra y Volkswagen han indicado que trasladarán los costos adicionales a los consumidores.
En la parte jurídica también debe destacarse que la aplicación de estas medidas con base en legislación muy anticuada sin consensuar con la oposición política, para robusteciendo las atribuciones de la Presidencia norteamericana, presenta desafíos nuevos al sistema democrático y los equilibrios institucionales en dicho país, con grave riesgo de menguarse los controles constitucionales al ejercicio del poder ejecutivo federal.
Las últimas medidas arancelarias implementadas por la administración Trump seguirán generando una serie de efectos adversos tanto para México como para Estados Unidos, así como en todo el orbe. Si bien la intención declarada es proteger la economía estadounidense y reducir el déficit comercial, la realidad es que estas políticas han provocado mayor incertidumbre económica, afectado a sectores clave y deteriorado las relaciones con socios comerciales estratégicos. Es esencial que ambos países continúen buscando soluciones negociadas que permitan restablecer la confianza y promover un comercio bilateral justo y que les ayude su crecimiento económico, para enfrentar la desaceleración y posible recesión.
