Por Gabriel Reyes Orona
La propuesta de reforma judicial, planteada por el ministro Zaldívar, atenta contra el más básico, pero esencial, de los principios sobre los cuales se ha construido la concepción moderna del Poder Judicial, la colegiación de sus decisiones. El brutal atropello del que ha sido objeto el pleno del máximo tribunal, es consecuencia de un intrincado entendido que rige la relación diaria de los ministros, al que ya debe ponerse fin.
Él, arguye que su elaboración se sustenta en un voto de confianza, a pesar de que tan perversa noción no está prevista en ley alguna. Tal expresión, que cotidianamente opera en la Corte, no hace sino referencia al cómplice silencio que guardan quienes integran el pleno, ante el soberbio actuar de cualquiera de sus miembros, precio que están dispuestos a pagar, a cambio de recibir la misma cortesía, como si lo que estuviere en juego les fuera propio y no cosa pública. La propuesta no es provechosa para los justiciables, ya que, esencialmente, pretende, por la vía administrativa, sustituir la criticada red de intereses por otra, leal y muy transformada, que goce de la generosa confianza de quien ahora se ha entronado en el puesto.
Ha bastado sólo un año, para que nuestro país haya retrocedido décadas en materia de certidumbre jurídica, sin que, por supuesto, exista la menor intención de escuchar voces que dificulten que la decimonónica visión del ungido mandatario lleguen a la Carta Fundamental, la cual es ya víctima de un proceso de degradación que, tarde o temprano, afectará a todos. Al tiempo.
Dada la vaporosa velocidad con que se incorporan al derecho patrio las imposiciones del partido oficial, no hubo tiempo para advertir que, desde más allá del Río Bravo, se ordenó incorporar a la Constitución la figura de extinción de dominio, la cual, aunque prohibida como confiscación, esquizofrénicamente se adicionó al texto constitucional, adoptando la visión de las agencias estadounidenses, que ven el combate al crimen organizado como un rentable negocio. Y así, aunque aún no se encuentran los anhelados tesoros que motiven disputas entre gobiernos, la apropiación oficial de bienes, posesiones y derechos ya se propala como como heroico proceder de quienes, con angustia, ven que la petrolera no da para financiar proyectos cercanos al corazón de la 4T.
La muy extrema medida de congelar cuentas es ahora tan cotidiana que no hemos reparado en pensar que nadie aguanta un fusilamiento financiero, y que aún, los inocentes, difícilmente superarán el transcurrir del tiempo. No son cientos, sino ya miles, las cuentas sujetas a esta destructiva inquisición, que en los Estados de derecho sólo se emplea para combatir a terroristas y narcotraficantes.
Se olvida que los gobiernos son rápidos para vender lo ajeno, pero no así para resarcir los daños. Hasta ahora, sólo afamados adversarios han dado materia para el malbaratamiento de lo que –se dice– es producto delito. Pero la inversión del proceso es ya evidente, primero, se aprehende al sujeto, que casualmente es adversario; después, se aniquila su patrimonio, hecho eso, con calma, se le acredita o no el delito, para, finalmente, saber si es o no culpable. Se ha construido un aparato temido, al que nadie osa oponerse.
A los magnates, como a los políticos, no hay que creerles lo que dicen, sino lo que hacen. Ante la confiscación, la política presunción de culpabilidad y el espionaje fiscal, la desinversión. Así es, campea la discrecionalidad ilimitada, la cual encuentra en la "esperanza" su único anclaje, no así en el derecho, ni en la razón.
Pero debemos recordar que la esperanza ata más que las cadenas. Será porque quienes albergan la primera, se aferran a ella y lejos están de apreciar razones que les hagan soportar la realidad, aun cuando pasa el tiempo y los resultados ni siquiera asoman.
La resolución del caso Bonilla llegó una vez que, al unísono, políticos de todos los colores, intelectuales, organizaciones y la sociedad en su conjunto habrían reprobado el exceso, pero sólo se emitió, cuando el Ejecutivo federal –con gran pragmatismo– se deslindó del tema. Ese espejismo no debe hacernos creer que la autonomía ha vuelto, sino, por el contrario, que la Corte fue útil instrumento del poderoso al castigar al gobernador insurrecto. Nada casual la unanimidad, pero sí, conveniente. Habrá que esperar a un conflicto real, en el que la voluntad del gobernante no inspire, ni arrope, la vehemente expresión de los ministros, para entonces hablar cabalmente de autonomía.
En este frenesí, en ruta hacia el Tribunal del Pueblo Bueno, hay que acudir a la experiencia internacional, en donde hallaremos evidencia de cómo el absolutismo judicial ha sido el cadalso de las libertades ciudadanas, claro, no será en el pasado reciente, habrá que escarbar en el derecho romano imperial, o bien, en la tercera transformación germana.