Por Eugenio Monterrey Chepov, Comisionado del INAI.

Hace tres semanas, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perteneciente a la Organización de Estados Americanos —la OEA—, visitó nuestro país y entre las actividades desarrolladas se generó un taller práctico de vinculación entre el derecho de acceso a la información y los derechos medioambientales.

Una combinación no explorada a profundidad sobre la interrelación entre diversas clases de derechos fundamentales. Es sabido, acorde con los parámetros internacionales que uno de los rasgos distintivos de los derechos humanos, además de la universalidad y la progresividad, es la interrelación entre todos ellos.

Un muy buen ejemplo de esa interrelación se observa entre el derecho para exigirle al Estado información documentada y el marco de libertades y prerrogativas que cualquier individuo tiene para exigir un medio ambiente sano y equilibrado. El acceso a la información ha demostrado ser una especie de "derecho bisagra" porque permite abrir la puerta al ejercicio de otros derechos humanos.

Pero esto, no sólo es teorización, sino praxis: por medio del ejercicio que muchas organizaciones de la sociedad civil han realizado para acceder a información, se ha develado el impacto de numerosas e importantes empresas extractoras de recursos naturales, especialmente en el ámbito minero, que tienen en el medio ambiente.

Esto ha permitido, básicamente, hacer dos cosas: por un lado, exigirles a las autoridades reguladoras del medio ambiente y otorgantes de concesiones mineras ser más estrictas en ese sentido y, por el otro, generar las condiciones para litigios estratégicos mediante acciones colectivas para defender el medio ambiente.

En ese sentido, el INAI ha resuelto diversos precedentes en que ha hecho una realidad el concepto del acceso a la información como bisagra o como pestillo para abrir la puerta a otros derechos fundamentales. Incluso, en tales precedentes habiendo causales de reserva de por medio, el Instituto ha favorecido por razones de interés público la apertura de información por el mandato constitucional del derecho a un medio ambiente sano.

El medio ambiente y la defensa del mismo han sido el contexto para el establecimiento de acciones colectivas en las que, sin mediar interés jurídico, bastando solo un interés simple y difuso se posibilita el ejercicio de los derechos fundamentales medio ambientales.

Pero aún hay más. México forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto y en ese compromiso internacional se han establecido obligaciones claras y precisas para el Estado Mexicano en estos rubros. Por ejemplo, en un par de años México está obligado a hacer público el nombre de los dueños y beneficiarios de las empresas extractoras a las cuales se les han otorgado concesiones para la explotación de esos recursos minerales.

Este vórtice entre acceso a la información y al medio ambiente ha generado una sinergia entre los organismos internacionales de derechos humanos, los organismos garantes de la transparencia y diversos conglomerados sociales en aras de algo tan vital como el cuidado del planeta en el que vivimos.

Celebro esta iniciativa de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y que hayan tomado en cuenta al INAI como parte de este esfuerzo interinstitucional.

Asimismo, los recientes escándalos de contaminación por parte de empresas mineras que, sin miramientos han vertido sustancias altamente tóxicas en afluentes acuíferos ha demostrado que esto se ha develado gracias al acceso a la información.

Sin embargo, falta mucho por hacer. Y una asignatura pendiente es que no queden impunes esas empresas. De por sí, la industria extractora es contaminante en sí misma, sobre todo en la explotación de metales preciosos. Si a ello se suma la indolencia y el dolo por contaminar por no saber dónde verter los desechos de su propia actividad explotadora, el medio ambiente está en grave riesgo.

El acceso a la información nos permite conocer a detalle este tipo de circunstancias atentatorias. Pero, insisto, no basta con señalar, se requiere punibilidad que sancione y castigue a las empresas y servidores públicos que no respetan el medio ambiente.