Por Alejandro Armenta Mier, Presidente de la Comisión de Hacienda del Senado
Una buena parte de los estados y municipios que conforman nuestra República Mexicana enfrentan problemas de liquidez, de obras detenidas y deficiencias en los servicios públicos. Esto en buena medida es consecuencia de las deudas que vienen arrastrando de años anteriores.
De ahí es que cuando asumimos la responsabilidad de cambiar el rumbo de México en este nuevo proyecto de nación que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, determinamos, junto con el coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, que era necesario modificar las leyes de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de las Asociaciones Público-Privadas, con el objetivo de eliminar de una vez por todas la opacidad en el endeudamiento y aminorar la carga financiera que padecen por este concepto.
El saldo de la deuda pública de los municipios de México se multiplicó dos veces y media en los últimos 10 años, al pasar de 20 mil 178 millones de pesos en el tercer trimestre de 2008 a 48 mil 52 millones a septiembre de 2018.
En el anterior sexenio se observó un deterioro sistemático en las finanzas públicas de algunas entidades federativas y municipios, debido al creciente endeudamiento en el que incurrieron los gobiernos subnacionales.
Hay municipios saqueados por compromisos de pago impuestos por gobernadores 'rateros', que comprometieron a los alcaldes para que crearan fideicomisos para privatizar el agua potable o hacer negocio a costilla del erario.
La redacción actual de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, solo contempla en la definición de deuda pública a cualquier financiamiento contratado por los entes públicos; sin embargo, no incluye otro tipo de obligación contratada por los mismos.
Por ello, es necesario y así lo planteamos en esta nueva legislación, que tengan la obligación de reportar como deuda pública, no solo los financiamientos, sino también, todas las obligaciones de pago.
Esta medida, estamos seguros de que abonará a la transparencia en la información que reportan las entidades federativas y los municipios. Además, permitirá contar con mejor información contable y con las herramientas para el combate a la corrupción en todos los órdenes de gobierno.
En este mismo sentido, planteamos también eliminar la opacidad que se disfraza con el término de "confidencialidad" en la información que se maneja en las Asociaciones Público Privadas y los Proyectos para Prestación de Servicios, a fin de obtener mayor transparencia y acceso a la información de estos esquemas.
Con esta reforma se evitará que dicha información sea clasificada como reservada o confidencial y se impedirá que se comprometa o hipotequen las participaciones federales de estados y municipios.
En conclusión, la nueva Ley de Disciplina Financiera establece una regulación en materia de responsabilidad hacendaria que permite a las entidades federativas y los municipios conducirse bajo criterios y reglas que aseguren una gestión responsable y equilibrada de sus finanzas públicas, eliminando lagunas que permitían la opacidad, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y la estabilidad del sistema financiero.