Colaborador Invitado

Inclusión financiera, comisiones y confianza en las instituciones financieras

No podremos alcanzar mayor inclusión sin una regulación para la protección de los usuarios del sistema financiero, simplificar las comisiones y con información clara sobre condiciones de los productos.

Por Ana Laura Martínez Gutiérrez

En días pasados, el senador Ricardo Monreal presentó su libro titulado: Reforma al sistema financiero mexicano: Una visión de futuro, en el hace un recuento histórico del desarrollo del sistema financiero en nuestro país y nos presenta un comparativo internacional de las variables de inclusión y penetración financiera que ponen a nuestro país en una desaventajada posición. México tiene hoy un sistema bancario moderno y competitivo a nivel internacional, mientras paradójicamente una mayoría de mexicanos y mexicanas permanecen excluidos de los mercados financieros formales, dependiendo de amistades, familia e instituciones informales para atender sus necesidades financieras. La falta de inclusión financiera en el país es un obstáculo al desarrollo de la mayoría de las empresas e individuos en México.

De acuerdo con el Índice de Inclusión Financiera del Banco Mundial (FINDEX, 2017), México se encuentra por debajo del promedio latinoamericano en varios indicadores de inclusión financiera. En particular, únicamente 39.1 por ciento de las personas mayores de 15 años tienen una cuenta bancaria, en comparación con 51.4 en promedio para los países latinoamericanos. El 26.8 por ciento de la población mexicana tiene una tarjeta de débito, en contraste con 40.4 en promedio para la región. Y solamente un 10.4 por ciento de las personas han obtenido un préstamo de una institución financiera formal, contra 11.3 promedio en Latinoamérica. Más aún, la brecha se acentúa considerablemente para personas que viven en zonas rurales, donde sólo 29.3 pro ciento de los habitantes tienen una cuenta bancaria en nuestro país.

Contrario al bajo acceso y uso de instrumentos financieros formales, existe una alta demanda por servicios informales. Por ejemplo, el 17.6 por ciento de la población mexicana utiliza tandas (un medio de ahorro informal), en contraste con 7.9 en promedio para Latinoamérica, y solicita crédito a entidades crediticias informales (prestamistas) tres veces más que el promedio para países con ingresos medios-altos.

En su libro, el senador Monreal acierta que la definición del problema implícito en la reforma financiera de 2014 presenta problemas. La definición de un problema público es fundamental para el proceso de diseño de políticas. El diseñador de políticas públicas tiene que combinar los resultados de los análisis causales y de factibilidad a la hora de definir un problema, ya que es a partir de la definición del problema que se definen las diferentes rutas de acción para solucionarlo. El éxito o fracaso de toda política pública depende de la definición del problema.

En el caso de la reforma de 2014 existen discrepancias entre las políticas (instrumentos) y los objetivos y se carece de una definición adecuada del problema de la baja inclusión, planteándose como la principal hipótesis causal los altos costos de transacción e intereses actuales. En este respecto, las propuestas del senador Monreal presentan continuidad al hacer énfasis en el diagnóstico de la falta de inclusión financiera y penetración crediticia como un problema centrado en los oferentes, concluyendo que el papel del gobierno debe ser principalmente mantener estos costos a su mínimo. Si bien la reforma de 2014 y la propuesta por el senador difieren en los instrumentos para lograr dicho objetivo de gobierno, ambas plantean que la reducción de los costos de transacción derivados de una disminución, ya sea en las tasas de interés o en las comisiones, aumentarán de forma automática la demanda por productos financieros formales, asumiendo una alta sensibilidad de los mexicanos a dichos costos. La alta dependencia en instrumentos informales –que presentan costos mayores– debilita dicha hipótesis.

Queda claro que no podremos alcanzar mayor inclusión sin una regulación encaminada a asegurar la protección de los usuarios del sistema financiero, destacando la simplificación de las comisiones, la información clara sobre condiciones de los productos y la creación de una identificación biométrica digital que reduzca los fraudes en el sector. Más allá, aumentar la eficiencia del mercado y con esta la productividad del país y el bienestar de los mexicanos, será posible únicamente mediante un enfoque complementario que atienda tanto las ineficiencias por el lado de la oferta como las barreras a la demanda.

Al respecto, el 37 por ciento de los mexicanos (FINDEX, 2017) afirma que la desconfianza en los bancos es una barrera para tener una cuenta bancaria. Dicho nivel resulta atípico, poniendo a México en el lugar número siete a nivel mundial respecto a la importancia de la desconfianza como barrera a la inclusión financiera y resaltando la hipótesis de que hay que atender no sólo los problemas estructurales por el lado de la oferta, como comisiones y competencia, sino también construir confianza y motivar a los mexicanos hoy excluidos del sector a acudir al mismo para solucionar sus necesidades financieras.

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