Por Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada del INAI.
Para el año 2025, los países miembros de la Unión Europea estiman que habrá cobertura de la red 5G sin interrupciones, tanto en zonas urbanas, como en vías férreas y carreteras. Esta quinta generación de tecnologías inalámbricas representa mayor velocidad, capacidad y calidad en la transmisión de datos, y posibilita la conexión de múltiples dispositivos en un área determinada. Esto resulta relevante, pues, por ejemplo, en materia de movilidad se prevé que la red 5G asegurará mayor rapidez, menores tiempos de espera y una mejor capacidad para que millones de dispositivos interactúen al mismo tiempo.
A la fecha, con más de mil kilómetros de carreteras que cruzan cuatro países, Europa es ya el espacio experimental más grande para la tecnología 5G a nivel global. Aunado a estos ensayos realizados en materia de transporte y movilidad, varios países europeos también realizan pruebas de la tecnología 5G en áreas como: comunicación, entretenimiento, ciudades inteligentes, e-salud, energía, portales de servicios digitales y la Industria 4.0.
En ese sentido, en el más reciente informe de la Comisión Europea, a través del Observatorio Europeo 5G se resaltaron las estrategias y acciones que diversos países han implementado para el análisis de los costos y beneficios de la red 5G. Por ejemplo, en Francia se dio cuenta que este plan nacional integraba cuatro áreas prioritarias: a) liberación y adjudicación de los espectros 3.4-3.8 GHz, b) facilitación del desarrollo de nuevos usos y aplicaciones, c) apoyo en el despliegue de nuevas infraestructuras, y d) garantizar la transparencia y debate abierto sobre la implementación de la 5G.
Este último punto resulta interesante, ya que considera esquemas de deliberación abierta para integrar las voces de todos los actores a fin de lograr la máxima publicidad y pluralidad de ideas sobre las ventajas o desventajas que implica la llegada de esta red móvil de última generación. Asimismo, se plantearon consultas públicas para recopilar las expectativas sobre los procesos de licitación y adjudicación de estos servicios.
Integrar prácticas y esquemas más abiertos para conformar políticas y normativas nacionales a favor de la tecnología, o de cualquier acción pública, es señal inequívoca de la voluntad y compromiso de los servidores públicos por materializar escenarios inclusivos y responsables, en donde el eje de la planeación es la seguridad de la sociedad y la garantía de sus derechos.
Con la entrada de la quinta generación en telefonía móvil, se modificarán las formas en las que interactuamos con la tecnología, al posibilitarse una total inmersión por medio de dispositivos conectados y automatizados en el transporte, la comunicación, el sector salud, los servicios públicos, la infraestructura e, incluso, en el medio ambiente. De manera inminente, la red 5G tendrá un impacto masivo en la vida de los individuos previéndose un gran avance en la calidad de vida que la red puede brindarnos; no obstante, se deben analizar con cautela los riesgos que esto tendría para la seguridad de las naciones y de las personas.
Para los individuos, los riesgos que se deben sopesar son los relativos a los datos personales —por ejemplo, nuestra ubicación y toda la información personal y financiera que archivamos en nuestros dispositivos— ya que la red 5G permitirá la aparición de nuevos tipos de aplicaciones que harán posible conectar más dispositivos a la red, alentando a su vez a los usuarios a compartir y capturar cada vez más información personal. En relación a ello, deben considerarse medidas que adviertan el volumen y variedad de información que podría estar al alcance de usos poco éticos o riesgosos para la integridad personal como el chantaje, el espionaje, hackeos, y el robo de identidad. Y es que, más dispositivos conectados con mayor volumen de datos, deben contemplar configuraciones y estrategias de seguridad y privacidad más conscientes, sólidas y efectivas.
Además de analizar los escenarios y buenas prácticas que otras naciones están tomando para integrarse a este nuevo esquema tecnológico, con seguridad y protección para su población, en México, como autoridades y ciudadanos comprometidos con la protección de datos personales será indispensable ser trasparentes en los procesos de implementación, así como conformar alianzas y realizar debates colaborativos y abiertos para asegurar que la nueva infraestructura tecnológica brinde una entrada segura a los usuarios, donde sean garantizados sus derechos, así como el funcionamiento de las instituciones democráticas. Tomar conciencia es el primer paso, prevenir y garantizar los derechos de las personas, lo siguiente.