Por Jorge Arturo Castillo
El presidente Andrés Manuel López Obrador se interrogó la semana pasada, durante su visita a Nayarit, que si las Coca-Colas llegan a los lugares más alejados de nuestro territorio nacional, ¿por qué los medicamentos no? Es una pregunta interesante, que revela cómo la distribución de fármacos ha dejado desarropada a una parte de la población. El mandatario aprovechó esto para decir que se está evaluando si el gobierno debe crear una gran distribuidora estatal de medicamentos, con lo cual volvió a poner en jaque a la industria farmacéutica.
Lo cierto es que entregar medicamentos no es sólo mover cajas, como ocurre en otros sectores industriales. En este mismo espacio hemos insistido en el tema de la especialidad, por el know how que brinda, el cual es muy valioso, sobre todo cuando se trata de medicamentos que demandan condiciones especiales de humedad y temperatura, como las vacunas y oncológicos, que requieren cadena de frío.
La Secretaría de Salud (SSa), encabezada por Jorge Alcocer Varela, llegó a mover los cimientos de una industria que venía trabajando así desde hace décadas, lo cual podría ser algo positivo si ello abonara al combate a la corrupción, porque hay que reconocer que siempre han existido tanto la colusión como las malas prácticas en esta industria, pero no si esto va en detrimento de la salud de miles de pacientes, ya que un medicamento mal manejado no sólo puede perder su eficacia, sino ser nocivo para la salud.
Después de la denuncia mediática de que el gobierno federal no contaba con la infraestructura para almacenar ni la capacidad logística para encargarse de repartir los fármacos en todo el territorio nacional, las autoridades fiscales y sanitarias anunciaron que habían decidido –sabia medida, por cierto– dejarles esa tarea a las empresas especializadas y que se haría una licitación a nivel regional.
Así, el pasado jueves 27 de junio se publicaron en Compranet las bases del concurso para el "Servicio integral de logística de almacenamiento y distribución de medicamentos, material de curación, material radiológico y de laboratorio". Las propuestas se habrían recibido hasta el martes 02 de julio y apenas el viernes pasado se dieron a conocer los resultados.
Tradicionalmente eran los distribuidores mayoristas los responsables de comprar los medicamentos y pagarlos a las compañías farmacéuticas, que era una vieja práctica que se había convertido en una especie de financiamiento al sector público. Al trabajar bajo este sistema, los distribuidores mayoristas ya sabían que el pago del gobierno vendría meses después (en un periodo que por lo regular iba de los 90 a los 180 días), pero ahí se cobraba tanto el producto como la distribución de este.
El nuevo gobierno había pensado en eliminar a estos intermediarios, los distribuidores mayoristas, en el ánimo de bajar costos y ahorrarse el costo del intermediarismo, el cual, según declaraciones hechas por diversos funcionarios, como Hugo López-Gatell, subsecretario de Planeación y Promoción de la Salud de la SSa, "se considera un sobreprecio de 5.0 a 7.0 por ciento en los servicios de distribución, en este caso llegaba a ser de 30 o 35 por ciento", lo cual han negado dichas empresas de forma categórica.
Pero el pasado lunes 24 de junio, antes de la Compra Consolidada, la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que el plan había cambiado, y que por tanto habría un concurso para elegir a las empresas que se encargarán de la distribución de los medicamentos durante el segundo semestre del año. Por el momento, la industria farmacéutica no está nada convencida de que esto genere ahorros y que el proceso se vuelva más eficiente. Al tiempo.
SALA DE URGENCIAS
Insistimos en la importancia de que se tome acción en la deuda del ISSSTE a la industria farmacéutica, la cual viene desde 2017; es un tema al cual el nuevo gobierno debe ponerle pronta solución, con fechas de pago expeditas. De lo contrario, esto minará aún más la confianza de una industria que siempre ha presumido ser aliada del gobierno.