Sí se permitirán transgénicos

George A. Dyer

(I)

El interés que suscitaron este febrero los nombramientos y renuncias en la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, CIBIOGEM, es una oportunidad inédita para escrutar la política nacional de bioseguridad. El referente obligado son las declaraciones del presidente López Obrador desde el Congreso, cuando en su toma de posesión aseveró que "no se permitirá el fracking ni transgénicos"—es decir, la extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica y los organismos genéticamente modificados, producto de la biotecnología (1). De los 100 compromisos adquiridos ese día (2), "no permitir la introducción y el uso de semillas transgénicas" fue—durante casi tres meses—un compromiso tan intrigante como innecesariamente polémico, pues se temía que implicara incluso la prohibición a la investigación en biotecnología (3). Ostentándose como responsable de facto de la política de bioseguridad, la Dra. Elena Álvarez-Buylla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, finalmente elaboró a fines de febrero sobre las declaraciones del presidente y, tratando de darle substancia a su declaración, habló de impedir la liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados como un mandato presidencial (4). Al cabo de cien días de gobierno, la Oficina de la Presidencia ha declarado—un enigma—el haber cumplido este compromiso específico, así como el adicional de "proteger la [agro-bio]diversidad de México"(5). Aunque la información oficial en este tema es escasa, su inspección ultimadamente sugiere que la declaración anterior carece de significado. No sólo continua permitiéndose—e incluso promoviéndose—en México la introducción, el uso y cultivo legal—e ilegal—de diversos organismos genéticamente modificados (6), sino que son nulos los esfuerzos oficiales por modificar la ley o la práctica en otro sentido. El presidente habló ante los medios, el 11 de marzo, más específicamente de haber decidido "no aprobar la siembra de maíz transgénico"(7), aparentemente en alusión al mantenimiento de la moratoria de facto a la liberación ambiental de maíz genéticamente modificado en México (8). Pero este es un objetivo significativamente menos ambicioso que el publicado en diciembre—no siendo suficiente no aprobar la siembra de maíz transgénico para impedirla, sin importar cuál sea su fuente. Lo dicho en marzo por el presidente potencialmente reduce también el alcance sectorial de su reforma en materia de bioseguridad, acotándola por ahora al cultivo de maíz. Su objetivo es quizás tan ambicioso como es posible, pues el compromiso de su política de bioseguridad podría no ser el adquirido el día 1 de diciembre en la Ciudad de México, sino el día anterior y en Buenos Aires, con la firma del nuevo Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) que sustituiría en un futuro cercano al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Tristemente, el desenlace de los sucesos concatenándose desde esa fecha no se circunscribe a la algarabía pasajera de la prensa por un nombramiento bajo escrutinio, sino que ultimadamente han puesto en entredicho la capacidad del país para enfrentar amenazas a su bioseguridad, particularmente ante la persistente parálisis de una comisión intersecretarial disfuncional.

Con la vice-presidencia de la CIBIOGEM, a la directora general del CONACYT le corresponde presentar al presidente de la república la propuesta de secretario ejecutivo aprobada por la propia comisión (9). Sorprendentemente, el 13 de febrero, el presidente tuvo que responder a la prensa por la contratación de Edith Arrieta al frente de esta oficina, que tras conocer sus cualificaciones profesionales, la opinión pública encontró reprobable (10). Su renuncia no se hizo esperar, pero hasta la fecha es incierto quién ocupa la secretaría ejecutiva de la CIBIOGEM. Aquellos hechos se entrelazaron con la presentación en el Senado, el día 8, de una iniciativa de reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología y cambios a la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, por parte de la senadora morenista Ana Lilia Rivera en coordinación con el CONACYT (11). Entre otros puntos, la iniciativa proponía la desaparición de la misma comisión intersecretarial y su secretaría ejecutiva, una vez que el CONACYT asumiera sus funciones y atribuciones. Ante estos hechos, la ausencia actual de capacidad en la CIBIOGEM parece plenamente acorde con la intensión de desmantelar la coordinación intersecretarial ejercida—en principio, al día de hoy—a través de esta comisión, centralizando la gestión de la política de bioseguridad en el CONACYT (12). Como en otros diversos e importantes casos, el intento por extender indiscriminadamente las facultades y atribuciones del CONACYT resultó materia controvertida, con muy diversos actores impugnando la iniciativa desde el Senado, la academia, la industria y la propia CIBIOGEM (13). Su desprestigio ultimadamente obligó a la dirección general del CONACYT a desconocer la iniciativa, viéndose así forzada a diferir indefinidamente cualquier intento legítimo por "poner las capacidades y desarrollo tecnológico del país al servicio del pueblo de México y de los intereses nacionales", incluyendo su bioseguridad (14). Desafortunadamente, estas no fueron las únicas repercusiones de eventos decididamente escandalosos el mes de febrero (15).

Acusaciones de intolerancia, conflictos de interés, influyentismo, mala gestión, activismo anti-transgénicos y hasta lysenkismo pesaron sobre la directora general del CONACYT recientemente (16). Sus posiciones en materia de bioseguridad, específicamente, han suscitado controversia desde la Gaceta de la Universidad Nacional a la revista Science, e incluso sus investigaciones sobre la presencia de maíz transgénico en tiendas de autoservicio y campos de cultivo han resultado, a veces, contenciosas (17). Al activismo de la Dra. Álvarez-Buylla se le atribuye la persistencia hasta hoy de la moratoria de facto al maíz genéticamente modificado en México (18). Sus críticos concederán, sin embargo, que la discusión científica no puede reducirse a alusiones ad hominem y presuntos intereses personales. El monitoreo de cultivos genéticamente modificados es un objetivo científico legítimo, independientemente de las convicciones de sus realizadores o sus posibles repercusiones en la esfera pública (19). Debe reconocerse, igualmente, que no hay estimaciones—o evidencia pública alguna, para el caso—de extensas pérdidas en el sector agrícola asociadas a la moratoria (20). Concebido y promovido por la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, el monitoreo es en realidad parte integral de la estrategia de bioseguridad del país, particularmente en lo que se refiere a los cultivos que aquí tienen su centro de origen y diversidad, como son el maíz, el algodón y el aguacate, entre tantos otros (21). El maíz está sujeto, adicionalmente, a un régimen de protección especial que establece obligaciones específicas para distintas dependencias federales (22). Fue con estos fundamentos que, en 2016, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INECC, buscó la opinión de expertos para desarrollar un plan de monitoreo de presencia de secuencias transgénicas en maíz, que ultimadamente fue diseñado y conducido por la Dra. Álvarez-Buylla, como consultor de este instituto (23).

En esa calidad y la de académica especialista en bioseguridad, la Dra. Álvarez-Buylla efectuó una contribución muy concreta a la discusión científica, así como a la política pública federal. Tras lo que podría decirse ser el esfuerzo más ambicioso de monitoreo de organismos genéticamente modificados en México, los resultados publicados en octubre pasado revelan la recalcitrante presencia transgénica en el maíz criollo del sur y sureste del país (24). Frecuencias transgénicas presumiblemente comparables estaban presentes ya en esa región del país en 2002—como documentamos hace una década (25) —pues es ocasión de recordar que son ya dieciocho años de que fuera documentada por primera vez la contaminación de maíces criollos mexicanos con material transgénico (26). Su reciente detección por parte del INECC, no obstante, solventa una cuenta pendiente de este instituto con el monitoreo de organismos genéticamente modificados—a saber, su previa incompetencia en la identificación de transgenes presentes en relativa abundancia en los maíces nativos oaxaqueños a principios de siglo (27). Hasta la fecha, esa "ausencia de transgenes detectables" en una franja carretera de 40 km, anunciada por autoridades federales en 2005, le ha permitido a la revista Nature seguir cuestionando su presencia en México (28). Su detección y publicación en coedición del INECC con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, tiene además implicaciones de ley, pues habiendo determinado la presencia de transgenes, las autoridades federales competentes están obligadas a establecer medidas para eliminarla, controlarla o mitigarla (29). Y siendo que las secuencias fueron detectadas en razas y variedades de maíz—no en su pariente silvestre, el teosinte—le corresponde al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, la responsabilidad de esas medidas, que hasta la fecha claramente no han sido efectivas (30). Primer secretario ejecutivo de la CIBIOGEM, en 1999, el Dr. Víctor Villalobos es ahora titular de la SADER, miembro de esta comisión y, hasta recientemente, partidario de la biotecnología. Sin embargo, en tanto no asuma la presidencia de la CIBIOGEM—ahora ocupada en principio por el titular de la Secretaría de Salud—su adherencia al mandato presidencial podría reducirse a guardar prudencia al hablar sobre el tema de la biotecnología (31). En este contexto, las cifras publicadas por el INECC parecieran brindarle autoridad suficiente a la dirección general del CONACYT para buscar eliminar la presencia de material genéticamente modificado en los maíces mexicanos, conduciendo la política de bioseguridad desde las necesidades del monitoreo. Si esta decisión resultara acertada, otras no lo han sido.

En particular, la directora general del CONACYT ha pretendido justificar la contratación de Edith Arrieta como secretaria ejecutiva de la CIBIOGEM aduciendo presuntos "profundos conocimientos tradicionales sobre los maíces nativos mexicanos" y "un compromiso profundo por el cuidado de la agro-biodiversidad (32)." Intriga la razón que estima indispensables tales conocimientos en esta secretaría ejecutiva, que tampoco tiene entre sus responsabilidades el trabajo organizativo o de enlace con las comunidades rurales—como también adujo el CONACYT, aparentemente en defensa de su decisión—o realizar diagnósticos sobre el estado de la agricultura campesina y su agro-biodiversidad (33). Haciendo caso omiso de declaraciones desafortunadas, el mayor costo de un error de juicio no ha sido el gasto injustificado en remuneraciones a empleados públicos, sino la ausencia de capacidad en el gobierno federal para atender las auténticas responsabilidades de esta secretaría ejecutiva. Su primera obligación es, en efecto, elaborar el proyecto de la política nacional de bioseguridad (34)—ciertamente, a esta oficina le corresponde un papel protagónico a todo el largo del ciclo de la política de bioseguridad—y la persistente ausencia de alguien de esta responsable ha tenido costos indudables en la planeación del gobierno federal en la materia, costos que aún están por conocerse públicamente. Más específicamente, si la segunda obligación de la secretaría ejecutiva es promover la incorporación de la política de bioseguridad en el Plan Nacional de Desarrollo, el riesgo es que esta sea letra muerta tras la ratificación y entrada en vigor del T-MEC—pues, cabe recordar, queda por definirse qué medidas serían necesarias para eliminar, controlar o mitigar la presencia de material transgénico en los maíces criollos mexicanos. Por ello, sería preocupante que la única reforma a la política nacional de bioseguridad aprobada por el Congreso de mayoría morenista, este año, resulte la implícita en el texto del acuerdo comercial (35). Paradójicamente, la discusión pública de este tema, en la CIBIOGEM, ha sido impedida por el virtual estancamiento en la gestión de esta comisión del primero de diciembre a la fecha (36).

En el Senado, donde sí se ha discutido el texto del acuerdo, en ningún caso se han "levantado banderas rojas" sobre las disposiciones en materia de biotecnología agrícola (37). Durante el Foro T-MEC, celebrado ahí entre octubre y noviembre pasados, no se abordaron siquiera las implicaciones más generales del texto para la sanidad e inocuidad de los alimentos, salvo las asociadas a su etiquetado (38). Aun así, las conclusiones oficiales del evento en el Senado detallan supuestas virtudes del acuerdo en estos rubros, como serían brindar garantías al sector exportador agrícola nacional, evitando restricciones y retrasos al flujo comercial por razones de sanidad o inocuidad alimentaria (39). Una interpretación posterior, publicada igualmente por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado, en diciembre, afirma que el acuerdo asegurará mayor transparencia, cooperación e intercambio de información en materia de biotecnología agrícola (40). Curiosamente, en esto, el centro de estudios cita exclusivamente las declaraciones de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y diversas asociaciones comerciales del sector agrícola norteamericano y su industria biotecnológica—algunas de ellas, como el U.S. Grains Council, participantes en las negociaciones del acuerdo a puerta cerrada (41). Las reacciones positivamente entusiastas de estos grupos de interés a la firma del T-MEC, el 30 de noviembre pasado, reflejan los intereses ahí representados y ahora celebrados en el documento del Senado (42).

Con la ratificación del acuerdo, el sector norteamericano de granos básicos mantendrá el acceso actual, libre de aranceles, a sus dos principales mercados de exportación—México y Canadá—y buscará reducir las barreras no-arancelarias restantes así como otros costos de regulación y transacción (43). Contraria a la promesa oficial de apuntalar la autosuficiencia de granos en México, la continua expansión de la participación de las importaciones en el mercado mexicano es parte medular de la estrategia de crecimiento y rentabilidad del gremio agroindustrial norteamericano, y del mismo acuerdo (44). En el área de la biotecnología, el U.S. Grains Council considera al texto un estándar a seguir en futuras negociaciones comerciales—un modelo reclamado previamente por la misma agroindustria norteamericana a través del American Farm Bureau (45). Su objetivo en la negociación del T-MEC fue manifiesto—i.e., sentar un estándar ostensiblemente favorable a los intereses norteamericanos que representan, garantizado la ausencia de impedimentos a la comerciabilidad de los cultivos genéticamente modificados (46). Estos intereses incluyen la prevalencia del concepto de equivalencia sustancial entre cultivos convencionales y genéticamente modificados, que actualmente justifica la gran ausencia de regulación específica a estos últimos en los Estados Unidos (47). Indudablemente, el texto del acuerdo cumple con estos objetivos. La aceptación incondicionada de las exportaciones norteamericanas de cultivos genéticamente modificados, ahí garantizada, puede atribuirse con certeza al cabildeo de estos y otros grupos, que ahora realizan esfuerzos por la ratificación del acuerdo (48). En pos de esa ratificación, los mismos intereses han encontrado un aliado decisivo en el nuevo gobierno mexicano, donde el respaldo del Ejecutivo al acuerdo parece tan amplio como el del Congreso e igualmente omiso de su escasa discusión pública (49). La campaña del canciller mexicano y el gobernador de Nebraska en favor del acuerdo es reflejo de una alianza que evitará reformas significativas a la política de bioseguridad mexicana en un futuro cercano (50).

Bibliografía:

1

2 https://www.gob.mx/presidencia/articulos/discurso-de-andres-manuel-lopez-obrador-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos?idiom=es

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5

6 < https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0005734>

7 https://www.gob.mx/presidencia/articulos/mensaje-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-en-el-informe-de-los-primeros-100-dias-de-gobierno?idiom=es

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17

< http://www.gaceta.unam.mx/20171106/presencia-de-maiz-transgenico-de-importacion-en-mexico-20-anos-de-inocuidad-en-productos-derivados-para-consumo-humano-y-animal/>

< https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21683565.2017.1372841>

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28 < https://www.nature.com/news/case-studies-a-hard-look-at-gm-crops-1.12907>

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30

31 < https://www.elfinanciero.com.mx/economia/dos-nombramientos-de-amlo-ponen-en-duda-la-politica-sobre-uso-de-transgenicos>

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41 < https://grains.org/council-chairman-to-itc-usmca-would-be-gold-standard-fta-for-grains/>

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