Roberto Velasco
El pasado 20 de enero, el gobierno de Estados Unidos anunció de manera unilateral su intención de iniciar la implementación de la sección 235 (b) (2) (c) de su Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esto implicaría que algunas personas que han cruzado hacia Estados Unidos a través de nuestra frontera compartida, y que han solicitado asilo en ese país, serían enviadas a México para esperar el desarrollo del proceso migratorio estadounidense.
México no coincide con la decisión de Estados Unidos, pero acogerá a algunos de estos solicitantes de asilo. Nuestra decisión responde a la convicción de respeto y protección a los derechos humanos de las personas migrantes que ha abrazado el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Esta decisión no implica la existencia de un Acuerdo de Tercer País Seguro. Un tratado de esta naturaleza conllevaría un compromiso vinculante de procesar en nuestro territorio las solicitudes de asilo en Estados Unidos y responsabilizarnos por la situación jurídica de las solicitantes. Por el contrario, la respuesta de México suscribe el derecho humano que toda persona que tema por su seguridad debe tener: la alternativa humanitaria de solicitar resguardo en otro país.
En aras de proteger a los migrantes más vulnerables, México ha sido claro en las limitaciones sobre las personas que serán recibidas: no aceptaremos el reingreso de menores no acompañados, personas en condiciones delicadas de salud, o adultos mayores, ni albergaremos un número de solicitantes de asilo mayor al que nuestro mercado laboral pueda incorporar.
Nuestro país ha dado muestras claras de la prevalencia de su nueva visión migratoria, como lo es el trabajo del Instituto Nacional de Migración para recabar información y ordenar el flujo migratorio de nuestra frontera sur. Este cambio es evidente cuando se toma en cuenta la cantidad de personas provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras que fueron retornadas a sus países de origen entre 2000 y 2006 (1,050,287), 2006 y 2012 (373,696) y 2012-2018 (686,809). En contraste, el actual gobierno está actuando con congruencia y defenderá a nuestros migrantes con autoridad moral.
En este sentido, México está construyendo una región en la que la migración sea una opción y no una necesidad. La nueva política migratoria de nuestro país se ha nutrido de las voces que apuntan hacia la importancia de atender las causas de la migración, en lugar de intentar contenerla. Desde el día de uno de la nueva administración, México ha impulsado el compromiso con el desarrollo y la reducción de la violencia para que las personas no se vean forzadas a salir de sus países de origen.
El Pacto de Desarrollo Integral entre México, Guatemala, El Salvador y Honduras es el más claro ejemplo de la visión humanitaria del desarrollo que suscribe este gobierno. La iniciativa busca reducir la violencia y propiciar el crecimiento económico en los cuatro países involucrados. De este modo, México es punta de lanza en el esfuerzo internacional de alinear los procesos migratorios conforme al Pacto Mundial de las Naciones Unidas para una Migración Segura, Ordenada y Regular.
Para el gobierno de México, ya es tiempo de que el tema migratorio adquiera su justa dimensión a la luz de sus actores principales: las personas que migran. Así, aun cuando México discrepa con la medida unilateral estadounidense, su posición es una firme defensa de los derechos humanos –y actúa en consecuencia.